Columnistas


Pruebas Pisa: “¿el tubo tuvo la culpa?”
Autor: Alejandro Garcia Gomez
26 de Abril de 2014


El candidato uribista a la Presidencia asegura que el fracaso -nuevo fracaso no, porque es otra cucharada de la misma sopa, que de seguro tiene más- de las pruebas Pisa publicitado por la prensa desde el 1 de abril de este año, es del actual gobierno

La electa senadora y exministra uribista Rosario Guerra, con un cinismo que sólo es superado por su mentor –que ha guardado mutismo sobre el tema, él, tan dado a trinar-, asegura que Colombia ha desmejorado y pone como argumento el honorífico puesto 52 entre 59 países que Colombia ocupó en las de 2009, séptimo año de ese gobierno. 


La ministra de educación, premio a la incompetencia, Fernanda Campo, se defiende con ataque: “pues a nosotros (al gobierno Santos) nos toca año y medio, y los otros ocho años al gobierno anterior, desde que entraron esos muchachos al colegio y en primera infancia. Si uno echa para atrás (sic) pues esos muchachos no tuvieron educación inicial”   (Semana.com citando a Blu radio, 02.IV.14). Una modelo profesional, ahora presentadora de telenoticias, con la sabiduría a la que nos tiene acostumbrados, lanza una pregunta al aire y la deja suspendida, “¿y qué opinan los maestros [al respecto]?” (Caracol televisión, 01.IV.14). S. Discépolo, en 1935, decía: “Los inmorales nos han igualao/…/ Qué falta de respeto, qué atropello a la razón” (Cambalache). 


Algo de historia: en 1989 el Consenso de Washington fijó su posición neoliberal frente a los servicios obligatorios de los estados para con sus ciudadanos –salud, educación, etc.-. Se buscaba abaratar costos. Colombia implementó diferentes medidas: la Apertura Educativa de César Gaviria (1990-94); Promoción Automática de E. Samper (94-98); A. Pastrana (1998-2002) hizo la Reforma a las Transferencias Educativas –Acto legislativo 012/2000- y el decreto de no repitencia escolar -230/01-, o sea, Promoción Automática en secundaria. Esta “Reforma” permitiría a los gobiernos mermar la financiación de la educación pública primaria y secundaria y dejarla con los mínimos, por la inconveniencia de eliminarla de tajo. Del Acto Legislativo 012/00, en 2001 nace la Ley 715, el instrumento legal que abarata los costos educativos: implantó la llamada “Racionalización educativa” (45 a 65 estudiantes/aula); se inventó la “Educación incluyente” (ahorro de profesores especialistas para ciegos y sordomudos, todos en los mismos salones); se aumentaron horas de clase/docente, grupos por atender, y otro tipo de actividades, eliminando su labor pedagógica de encuentro personal con los estudiantes, dentro y fuera de clase, por física falta de tiempo. Álvaro Uribe (2002-2010) –por medio de su ministra Cecilia Vélez- sólo acabó con el decreto 230/01 cuando el desastre era inocultable; hábilmente pasó entonces la responsabilidad a los colegios. También buscó la desprofesionalización del docente: en adelante podría aspirar a la docencia cualquier profesional, eso sí con bajos salarios. Convirtió al magisterio en un escampadero de profesionales diferentes a la educación, del que la mayoría se apartan, inmediatamente consiguen uno llamativo. Este gobierno aumentó la cobertura con el dinero que le permitió ahorrar el 230/01 (la no repitencia estudiantil). 


Mejorar la calidad es un proceso costoso, con resultados visibles sólo a largo plazo y no hay una seria Política de Estado, sólo escasos intentos gubernamentales regionales. Además es políticamente inconveniente porque no da votos. Quizá el fariseísmo de los lamentos echándose la culpa, además de las ostentosas buenas las intenciones, cada tres años que se aplica la prueba, son  un buen reemplazo, al menos se habla de ella. 


El ministro de hacienda de Pastrana en el 2000, el que promovió y defendió en el Congreso el acto legislativo 012, que permitió el recorte presupuestal con el nombre de “reforma a las transferencias”, se llamaba Juan Manuel Santos. El 230 también es hijo de este acto legislativo pastranista-santista. “El tubo tuvo la culpa”.