Editorial


Solución a medias
25 de Abril de 2014


La Comunidad Andina de Naciones fue una iniciativa de grandes posibilidades para el país en un mundo distinto, más cerrado y en el que las adscripciones regionales pasaban por la identidad y vecindad.

El país se siente aliviado con el aval de la Corte Constitucional al proyecto de ley estatutaria que delega en congresistas en ejercicio la representación de Colombia en el Parlamento Andino. La ley, que debe ser sancionada por el presidente antes de regir, elimina la elección popular  y los costos de parlamentarios ante ese órgano de representación. Estas buenas noticias explican la falta de preguntas al Gobierno por no presentar su iniciativa para eliminar el órgano, por insistir en que si lo hace será para unirse a un parlamento de Unasur y por cómo resolverá la incongruencia que resulta por haber convocado a una elección que sigue abierta, toda vez que la votación en blanco no la anula.


En el tiempo récord de un mes, el Congreso recibió, tramitó y aprobó el proyecto de ley estatutaria que modifica la Ley 1257 de 2007 sobre elección de parlamentarios andinos y sobre su condición de miembros del organismo, con exclusividad, fórmula bienvenida en tanto permite muy importantes ahorros fiscales y da ejemplo de disciplina fiscal. Sin embargo, como quedó aprobada y fue avalada por el tribunal constitucional, la disposición se limita a consagrar una modificación procedimental con efectos fiscales y sin implicaciones institucionales o políticas.


Ahora, como fue enunciado en la exposición de motivos, estaríamos ante un trámite intermedio en el camino de una profunda transformación en las relaciones del país con los organismos internacionales. En efecto, en la exposición de motivos, el Gobierno ratificó su pretensión de abogar y conseguir el cierre del Parlamento Andino, órgano creado por el Acuerdo de Cartagena, que buscó la consolidación de la CAN como escenario de integración económica y política, para dar paso a “la eventual convergencia en el espacio que ofrecerá la creación del Parlamento Suramericano en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)”. Con la forma de avanzar en el proceso, es pertinente dudar de las intenciones de la canciller Holguín, en alianza con los países del Alba, sobre el futuro de la CAN y, más inquietante aun, la selección de aliados de Colombia en un mundo cada vez más integrado. 


La indolencia del Congreso para tolerar tan estrambótica propuesta no nos exime de insistir en considerar, como dijimos en septiembre, que “es exótico por decir lo menos, que un país integracionista con toda América, como ha sido Colombia, vire para impulsar un organismo ideado por la extrema izquierda como garrote contra la OEA y como instrumento para hacer saltar en pedazos la unidad americana”; y menos para seguir alertando por el triste papel que vienen cumpliendo la OEA y países como Colombia, al arrodillarse a los intereses de un gobierno decadente, como el venezolano, para apuntalar un organismo que recibe respiración artificial de parte de quienes más se beneficiarían con la reinstitucionalización de los órganos decisores del continente.


La Comunidad Andina de Naciones fue una iniciativa de grandes posibilidades para el país en un mundo distinto, más cerrado y en el que las adscripciones regionales pasaban por la identidad y vecindad. A ella, Colombia le adeuda haber aprendido a trabajar con distintos para instituir un organismo que cumplió con sus expectativas pero que hoy no puede ser respuesta, por lo que su lugar protagónico de antaño ha sido asumido por nuevas alianzas transcontinentales y dinámicas.


Desde ese punto de vista, Colombia había optado por el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico como un gran y dinámico órgano integrador de democracias complementarias y pueblos hermanos, en perspectiva de crecer en sólido acuerdo que trasciende lo comercial y tiene enormes potencialidades a futuro, si así lo determinan sus responsables políticos de hoy. En las circunstancias presentes, no nos es claro si el país seguirá fortaleciéndola o si tomará la opción de dejarla como mero acuerdo comercial sin trascendencia en el fortalecimiento institucional de las naciones o en acciones trascendentales.


La Corte Constitucional, la Registraduría y el Gobierno quedan ahora a cargo de explicar los mecanismos legales e institucionales que utilizarán para evitar la no repetición de las elecciones de Parlamento Andino, en las que el voto en blanco tuvo la mayoría, pues según las normas electorales, toda votación en blanco debe ser repetida, aunque en este caso no habría elección. Por cuenta de una improvisada decisión, el Consejo Nacional Electoral queda envuelto en la obligación de aplicar una norma, la referente a la obligación de repetir votaciones en blanco, irrepetible porque no hay cargos a elegir.