Editorial


La restituci髇 de Petro
24 de Abril de 2014


Colombia sigue estando en mora de adoptar los correctivos administrativos y financieros necesarios para garantizar que la justicia act鷈 con oportunidad, eficiencia, objetividad e independencia.

Por mandato del Tribunal Superior de Bogotá, ayer el doctor Gustavo Petro Urrego, alcalde de la capital, recuperó su cargo. Ayer, también, fue notificado de la sanción pecuniaria impuesta por la SIC a doce funcionarios y tres empresas de la Alcaldía por errores en el proceso de recolección de basuras. Este miércoles también conoció la reapertura del proceso de revocatoria de su mandato, a cargo de la Registraduría. 


Esas tres decisiones hacen parte del complejo proceso desatado por el procurador cuando calificó como “falla gravísima” los errores administrativos del doctor Petro al cambiar la operación de las basuras de Bogotá y, en consecuencia, le impuso la destitución y una inhabilidad de 12 años. A esa medida, manchada con un inocultable sello político, el afectado respondió con sus armas favoritas, la arenga y el choque institucional. Con la primera llenó la plaza de Bolívar durante varias tardes decembrinas; con la segunda, usó caminos extraordinarios para exigir los que considera derechos violados, como son la tutela y la demanda ante la Cidh, mientras solo hasta el 28 de marzo presentó la acción de nulidad y restitución ante el Consejo de Estado. 


Como era inevitable, después de judicializar la política llevando al terreno disciplinario y jurídico controversias ideológicas y administrativas, el proceso de discusión por el manejo de las basuras de Bogotá se ha convertido en uno de los más notorios de politización de la justicia, así el presidente del Tribunal, magistrado Eduardo Carvajalino, busque convencer a los medios de comunicación de que la sentencia de tutela que ordena acatar las medidas cautelares impuestas por la Cidh a las 11:58 de la noche del 18 de marzo, día en que quedó en firme la destitución, es una actuación puramente jurídica, que se fundamenta en conceptos previos de la Corte Constitucional sobre el carácter obligatorio de las recomendaciones de la justicia interamericana. ¿Si la acción fuera tan clara, por qué uno de tres magistrados presentó una ponencia distinta y salvó su voto?


Los analistas del Derecho aceptarían la tesis de la independencia del Tribunal si su actuación hubiese sido dirigida al Consejo de Estado, que estudia la acción de nulidad, para exigirle adoptar de inmediato las medidas cautelares que protegieran los derechos del señor Petro y sus electores. Y es que en medio de las confusiones, sí existe la posibilidad de que el alcalde y sus seguidores sean afectados en forma irreparable. El último ejemplo asimilable al proceso del señor Petro es el del doctor Alonso Salazar, también víctima de una medida disciplinaria exagerada. El proceso de nulidad, que él interpuso una vez conoció la confirmación del fallo en su contra, tardó dos años, no obstante ser verbal, causándole daños irremediables como ciudadano, pero no como gobernante, afectación que sí sufriría el doctor Petro, cuyo gobierno ya se encontraba por la mitad cuando fue sancionado. Casos como estos demuestran que el acostumbrado desconocimiento de los términos judiciales constituye una “violación al debido proceso” y puede ser causa de “denegación de justicia”, como reconoció la Corte Constitucional en sentencia de tutela del pasado diciembre. Colombia sigue estando en mora de adoptar los correctivos administrativos y financieros necesarios para garantizar que la justicia actúe con oportunidad, eficiencia, objetividad e independencia, asuntos más cercanos a su operación que a su concepción.


Quienes alegan la existencia de un mandato inequívoco de la Corte Constitucional para acoger las medidas cautelares de la Cidh porque “son vinculantes por la participación de Colombia” en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, olvidan el principio de supletoriedad, esencial en la justicia internacional en tanto la convierte en opción posterior a las instituciones nacionales y evita que se le use, como lo hicieron los aliados del alcalde de Bogotá, como amenaza contra las instituciones nacionales.


Con este capítulo, que la Corte Suprema de Justicia examinará, y confiamos, corregirá en sus fallas jurídicas, mientras el Consejo de Estado sigue adelante con el proceso de nulidad, en el que se le han solicitado medidas cautelares, no culmina el caso que ya ajusta cuatro meses sin que Bogotá y sus gentes tengan claro el paso siguiente, el camino a tomar y las acciones que podrían devolverle gobernabilidad y darle estabilidad a la ciudad, que ha terminado convertida en escenario de una batalla política que impuso el olvido sobre sus dramáticas urgencias cotidianas.