Editorial

El conflicto venezolano
17 de Abril de 2014


A un año de la elección de Nicolás Maduro, legalizada con fraudulentas maniobras del Tribunal Supremo de Justicia, órgano controlado por el chavismo...

A un año de la elección de Nicolás Maduro, legalizada con fraudulentas maniobras del Tribunal Supremo de Justicia, órgano controlado por el chavismo; a dos meses de que los jóvenes se volcaran a las calles para celebrar su fiesta reclamando libertad, y a una semana de inicio de conversaciones del Gobierno y la oposición, mediadas por Unasur, las posibilidades de encontrar un camino que permita retornar a los cauces democráticos institucionales se ven menos cercanas de lo que los ciudadanos y opositores desean y de lo que ese país necesita para garantizar su democracia y evitar la “depresión económica” que anuncia el Fondo Monetario Internacional.


El conflicto político ha crecido por voluntad de los herederos de Hugo Chávez, con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a la cabeza. La certificación del Tribunal Supremo de Justicia a los comicios del 2013, ganados por solo 1,49 % de diferencia, demostró una confabulación para aplastar a esa mitad del país, o más, que con grandes esfuerzos y a pesar del derroche de dineros públicos en la campaña, votó por el cambio. La impostura electoral sembró el descontento, que se agudizó con la feroz represión a las manifestaciones del pasado febrero y que se sigue manifestando en las calles de las principales ciudades y en las redes sociales, que han sido su vitrina al mundo.


A dos meses de exacerbación de la crisis, el Fondo Monetario Internacional emitió fuertes señales que deberían preocupar al irresponsable presidente. De acuerdo con el análisis publicado el pasado lunes, las expectativas de crecimiento para 2014 pasaron del 1,7 % al -0,5 % y las predicciones sobre la inflación para el año se han situado en 50,7 %; diez puntos por encima del que el organismo registró para 2013. El FMI anunció también el aumento del desempleo: pasaría del 9,4 % de 2013 al 13,1 % al finalizar este año. Afincado en su realidad paralela, el presidente Maduro respondió a esta alerta con otra andanada populista contra los productos importados y a favor de la soberanía productiva. ¿Cómo pudo olvidar el presidente que el régimen que él representa ha expropiado y cerrado 1.200 compañías miembro de Fedecámaras y que durante 14 años se han cerrado cuatro mil empresas?


El martes, en la tarde, se cumplió una nueva sesión del promocionado diálogo impulsado por Unasur, que debería construir una salida a las crisis de Venezuela. A los medios cercanos al régimen les fue suficiente una primera conversación sobre la necesidad de constituir una Comisión de la Verdad para que investigue la violencia posterior al 12F, para ofrecer anuncios optimistas sobre las posibilidades de solución. Sus aplausos contrastan con el escepticismo del 54 % de los ciudadanos, según reciente encuesta, y de los estudiantes y analistas políticos que siguen dudando de la transparencia del interlocutor.  El contexto y las condiciones del diálogo invitan al escepticismo.


Mientras los dirigentes de los partidos de la Mesa de Unidad Democrática tienen que asistir al Palacio de Miraflores a reunirse con el presidente Maduro y agresivos asesores, como el periodista José Vicente Rangel, los voceros más representativos de la oposición deben conformarse con el silencio impuesto a Leopoldo López, preso político de gran significación por su liderazgo y reconocimiento internacional, y a María Corina Machado, diputada suspendida sin que mediara proceso judicial y amenazada con encarcelamiento, castigo que el régimen va a imponerle y para el que busca apoyo político internacional, que es lo que le acaban de servir en bandeja de plata los cinco de 766 eurodiputados que confunden el activismo prodemocrático de la diputada con lobby antichavista. 


Las maniobras dictatoriales del régimen de Maduro encuentran amparo tolerante en la incapacidad de los organismos multilaterales americanos para hacer cumplir los preceptos de defensa de la democracia. En sus dos primeros encuentros, las conversaciones han tenido como observadores a los cancilleres Luis Figueiredo, de Brasil; Ricardo Patiño, de Ecuador, y María Ángela Holguín, de Colombia, que redujo al país al papel de corista de un régimen deteriorado y de animadora de Unasur, órgano que venía languideciendo y que toma oxígeno gracias a los favores del régimen que la promovió y de la debilidad del señor Insulza, que permitió la toma de la OEA por un gobierno ilegítimo y cuestionado, que usa su máscara de demócrata como antifaz que oculta el garrote con que sigue apaleando a la valiente fuerza que en la oposición hace honor al himno del Bravo Pueblo.