Editorial

No hay que “cogerle la caña” a las Farc
7 de Abril de 2014


Con motivo de la celebración, el pasado viernes, del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, Medellín fue el centro de diversas actividades conmemorativas, entre ellas la conferencia de sobrevivientes de minas...

Con motivo de la celebración, el pasado viernes, del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, Medellín fue el centro de diversas actividades conmemorativas, entre ellas la conferencia de sobrevivientes de minas antipersonal y derechos de discapacidad -que reunió a cerca de 300 representantes de diversos países afectados por el problema de las minas-, la carrera “Presta tu pierna, corre contra las minas” -que se realizó ayer en Medellín y Cali y se hará el próximo domingo en Bogotá e Ibagué-, y la ya tradicional jornada de sensibilización Remángate, promovida por la Presidencia de la República, la cual tuvo lugar también el viernes.


Valoramos y promovemos todas las acciones que desde lo simbólico representen la solidaridad y el acompañamiento a las víctimas de los artefactos explosivos, pues es imperativo que todos los colombianos se den cuenta de la magnitud del daño que estos elementos de guerra causan, no solamente a la persona que resulta agredida por ellos, sino a  sus familias y a la sociedad en general. La indiferencia en torno a esta problemática es grande porque se trata de una calamidad reservada a las zonas rurales en las que el conflicto armado se materializa, de modo que las  víctimas de muerte o amputación por causa de los explosivos también son víctimas de una indiferencia que, por fortuna, cada vez se reduce, aunque no tan rápido como quisiéramos.


La gravedad del problema se constata, por ejemplo, con los datos del Sistema de información del Programa Presidencial para la Acción integral contra minas antipersonal, según el cual estos artefactos dejaron en el país, entre 1990 y el 28 de febrero pasado, 10.657 víctimas de las cuales 2.357, es decir el 22 %, corresponden al departamento de Antioquia. De las víctimas de minas antipersonal en el país, el 38,7 % (4.125) son civiles y el 61.3 % (6.534) son miembros de la Fuerza Pública. Añade el informe que entre los meses de enero y febrero de 2014 se registraron cuatro víctimas en el departamento de Antioquia de las cuales tres pertenecen a la Fuerza Pública; un 89 % menos que en el mismo periodo de 2013, cuando se presentaron 36 casos, lo que habla bien de las labores de desminado y de prevención, pero de ninguna manera puede invitar a la institucionalidad a bajar la guardia. Adicionalmente, los municipios de Antioquia con mayor número de accidentes con minas, según el reporte citado, son Ituango con 219 casos, Tarazá con 197 casos, San Carlos con 172 casos y Anorí con 148 casos. Pero al menos otros 22 municipios registran amenaza permanente por la presencia de explosivos, fundamentalmente en las subregiones del Bajo Cauca, el Nordeste, el Norte, parte del Occidente, el Urabá y parte del Magdalena Medio.


Un panorama tan preocupante explica la petición que en los últimos días se ha hecho desde distintos sectores de la sociedad para que el tema de las minas antipersonal se lleve a la mesa de negociaciones de La Habana. Sin embargo, el tratamiento de este problema en el escenario de las conversaciones debe tomarse con sumo cuidado para evitar que sea usado por la guerrilla, como ya dio intenciones de querer hacerlo, como un mecanismo mediante el cual pretenda equipararse con el Estado. De manera descarada, como casi siempre que se pronuncia, la guerrilla le mandó a decir al pueblo colombiano la semana pasada que está dispuesta a tratar el tema del desminado siempre y cuando se incluya dentro de un “cese de fuegos y hostilidades”. Algo así como que ellos dejan de sembrar minas si el Ejército deja de bombardear los campamentos insurgentes.


Creemos que fue apresurado del señor vicepresidente Angelino Garzón al pedir que “el Gobierno le debería coger la caña a la guerrilla de las Farc” con esta propuesta, pues Colombia, como signataria de la Convención Sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, o Convención de Ottawa, renunció desde 1999 a todas las actividades relacionadas con estos artefactos explosivos, como el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia; destruyó la totalidad de sus arsenales y culminó con el desminado de 35 Bases Militares. Como si fuera poco, destina esfuerzos a erradicar los artefactos explosivos utilizados por las Farc y el Eln, a asistir a las víctimas y a educar en el riesgo de las minas antipersonal; tareas que precisamente deberían ser asumidas por quienes las plantaron.


El problema de las minas debe ir a la mesa de conversaciones, pero no en los términos en que las Farc pretenden sino en los términos que el Derecho Internacional Humanitario plantea, como es la protección de las personas que no participan en las hostilidades. La guerrilla de las Farc tiene aquí una buena oportunidad de mostrar su verdadera voluntad de paz respondiendo positivamente a la demanda del Estado de ser informado sobre la ubicación de las minas para iniciar los procesos de desminado humanitario. La competencia de la Nación de hacer uso legítimo de la fuerza para preservar el orden y la seguridad dentro de su territorio, no puede ser en este tema ni en otro, objeto de negociación.