Columnistas

¿Otra séptima papeleta?
Autor: Jorge Arango Mejía
30 de Marzo de 2014


Ha salido la señora Piedad Córdoba a proponer que en las elecciones presidenciales del 25 de mayo, haya una papeleta destinada a preguntarles a los electores si quieren la paz que se cocina en La Habana.

Le han perdido el respeto al país. Creen que la gente no aprende de sus fracasos y que olvida sus errores para repetirlos una y otra vez. Semejantes a los estafadores del “paquete chileno”, están convencidos de que siempre habrá ingenuos que caerán en la trampa al primer llamado que se les haga.


Escribo lo anterior porque es oportuno refrescar la memoria de los colombianos sobre algo que ocurrió ayer, apenas ayer, porque veinticinco años no son nada en la vida de una nación. Veamos.


Ha salido la señora Piedad Córdoba a proponer que en las elecciones presidenciales del 25 de mayo, haya una papeleta destinada a preguntarles a los electores  si quieren la paz que se cocina en La Habana. Como el tiempo todo lo borra, es bueno volver sobre lo que pasó en 1990.


En vísperas de las elecciones, a unos muchachos se les ocurrió depositar en las urnas una séptima papeleta, en la cual el ciudadano manifestaría su deseo de que se reuniera una asamblea para reformar la Constitución.   En ese momento regía el artículo 218 de la Constitución (aprobado en el Plebiscito de diciembre 1º. de 1957), según el cual las reformas a la Constitución solamente podrían hacerse por el Congreso, en virtud de un acto legislativo tramitado y aprobado como en esa norma se disponía.


Llegaron las elecciones del 11 de marzo y en ellas algunas personas, obrando al margen de la ley, depositaron la mencionada papeleta. Unos jurados las contaron y la inmensa mayoría no, sencillamente porque no estaban obligados a hacerlo. Jamás se supo cuál fue el resultado de esa votación anómala.


Meses después, el presidente Gaviria dictó el decreto 1926 de 1990, al amparo del artículo 121 de la Constitución que lo facultaba para dictar medidas encaminadas a restablecer el orden público; y quebrantó la Constitución al convocar una Asamblea Constituyente. La Corte Suprema de Justicia, como por arte de magia, bendijo la violación y destapó la caja de pandora, todo lo cual dio como resultado la Reforma Constitucional de 1991, mal llamada Constitución de 1991.


¿Qué se le preguntaría ahora al votante? “¿Aprueba usted lo acordado en La Habana…?” Pero, ¿cómo puede aprobar lo que no conoce? ¿No es un irrespeto pedirle al ciudadano que firme un cheque en blanco, cuando le es imposible saber por cuánto lo llenarán?  ¿Se nos pide, como si fuéramos irremediablemente estúpidos, depositar nuestra confianza en Márquez, Catatumbo y sus compañeros, de la noche a la mañana convertidos en próceres?  


Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Santos y de la Calle, sabe qué se ha aprobado en las charlas de La Habana.  Cuando se han publicado algunas consideraciones generales sobre ciertos temas, siempre se ha dejado la constancia de que eso es provisional, pues nada será obligatorio mientras no se diga la última palabra.


En lo único en que han sido claros, arrogantes, los plenipotenciarios de las Farc, ha sido en esto: no habrá castigo para uno solo de los incontables delitos que han cometido durante medio siglo; a nadie indemnizarán por los daños causados; y ocuparán puestos en el Congreso, no porque el pueblo los elija como a cualquier hijo de vecino, sino porque ellos mismos redactarán y firmarán sus credenciales de congresistas.


Hay que dejarse de tonterías: lo peor para Colombia sería una paz basada en engaños y mentiras, en un imposible olvido de un pasado de crímenes y de infamias sin nombre. Después de esta tragedia, ¿tendrá alguien el descaro de decir que “aquí no ha pasado nada”? Solamente cuando haya un texto definitivo, inmodificable, conocido por todos, será viable una consulta. Lo demás es un torpe intento de engañar, que nadie aceptará.