Editorial

Niños llevados a la guerra
29 de Marzo de 2014


El reclamo de la experta tiende una nube sobre el informe, bastante optimista, acerca de los programas de atención y protección de los menores de 18 años incluidos en los planes de desarrollo.

En informes preparados con objetivos y públicos distintos, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia y la Procuraduría General de la Nación, denunciaron el pasado miércoles el reclutamiento de niños y niñas por las Farc, especialmente, y las bacrim, y exigieron el fin de una práctica que la Procuraduría señala que impacta a la infancia y adolescencia en 108 municipios. En ese sentido, bien vale el llamado a la Mesa de Negociaciones en La Habana para que, aun estando por fuera de la agenda previamente acordada, considere especialmente acciones inmediatas de respeto y protección a la infancia afectada por este crimen.


Reconociendo que los responsables primeros del reclutamiento son los grupos ilegales que abusan de los niños, no se debe pasar por alto el llamado de la procuradora delegada para la infancia y la familia, doctora Ilva Miryam Hoyos, quien alerta sobre contextos de descuido que hacen especialmente vulnerables a los niños, señalando que “hay situaciones de pobreza, de inequidad, de desigualdad, que están contribuyendo a que se creen condiciones que hacen posible el reclutamiento de los niños por grupos al margen de la ley”. El reclamo de la experta tiende una nube sobre el informe, bastante optimista, acerca de los programas de atención y protección de los menores de 18 años incluidos en los planes de desarrollo de todos los municipios y departamentos.


En efecto, los pasados días miércoles y jueves se reunió en Ibagué la XIV “Cumbre de gobernadores y gobernadoras por la infancia, la adolescencia y la juventud”, programa realizado desde el año 2005 por la Federación Colombiana de Departamentos, la Procuraduría, el Instituto de Bienestar Familiar y la Unicef en el marco del proyecto “Hechos y Derechos”. El objetivo de la iniciativa, que también cobija a las Alcaldías, es velar por los avances y dificultades en la protección de los derechos de los menores de edad, cumpliendo así el mandato constitucional sobre su prelación. En ese orden de ideas, la Procuraduría entrega dos informes en cada período, el que resulta de la revisión de los planes de desarrollo, que es el enunciado el pasado miércoles, y el que se hace sobre el balance de ejecución, según la rendición de cuentas que mide los resultados frente a las metas, plazos, responsables y recursos establecidos en los planes de desarrollo.


Como resultado de los sucesivos análisis, los responsables metodológicos de este informe han establecido tres grandes categorías para identificar las acciones en protección de los niños. Son ellas las de “derechos de existencia”, relacionados con la vida y la salud; “derechos de desarrollo”, relacionados con las oportunidades especialmente en educación, y “derechos de protección”, que se refieren a la garantía de la dignidad humana  y el disfrute de la infancia. A diez años de iniciada la estrategia “Hechos y Derechos” destacamos el reconocimiento de la Procuraduría a que la totalidad de los planes de desarrollo, aun los que tienen menores calificaciones, incluyen a infantes y adolescentes como población que merece programas especiales.


En cuanto a los grandes logros, el cumplimiento de la orden constitucional que hace prevalentes los derechos de la personas menores de edad, ha redundado en la reducción de muertes de madres e infantes; aumento en las coberturas de educación básica y media con mermas importantes en la deserción en estas etapas, y fortalecimiento de la lucha contra el trabajo infantil. Entre los importantes retos que exigen trabajo conjunto, la Procuraduría señala ampliar las garantías para el acceso a la atención en salud, la realización de programas integrales de protección en salud oral, y la protección a los niños, niñas y adolescentes de amenazas que los asechan, como la trata de personas y el consumo de sicoactivos. Recogemos como de especial importancia la preocupación por los menores de edad en situación de calle.


Dado que la Procuraduría realiza informes equiparables a calificaciones de gestión, algunos mandatarios que no alcanzan resultados acordes con sus altas preocupaciones por la promoción de la infancia y la adolescencia y sus expectativas frente al plan de gestión, reclaman participar de un diálogo que permita discutir las calificaciones realizadas. Considerando que el gran propósito del proyecto es ampliar cada vez más la intervención protectora del Estado frente a esta población, la iniciativa está llena de sentido.