Columnistas

Al final qué, ¿sí o no?
Autor: Tania Rodríguez
26 de Marzo de 2014


En los últimos meses los colombianos nos hemos visto inmersos en una discusión que causo desespero, indignación y desgaste, y a pesar de que sus consecuencias eran exclusivas de la capital de la Republica, el tema nos llegó a todos.

En los últimos meses los colombianos nos hemos visto inmersos en una discusión que causo desespero, indignación y desgaste, y a pesar de que sus consecuencias eran exclusivas de la capital de la Republica, el tema nos llegó a todos. Con el resultado que todos conocemos, el exalcalde de Bogotá perdió la discusión jurídica en Colombia, pero nos queda un sinsabor, la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).


Entre que el tema surtía su proceso jurídico en Colombia, la Comisión tenía decididas y engavetadas las ya celebres “medidas cautelares” a la espera de la decisión interna. No se explica uno por qué en termino de horas la Comisión dicta unas medidas cautelares con nocturnidad, faltando el respeto a la inteligencia de todo un país. El ente multilateral alegó que las decisiones que toma en consideración a sus facultades son de obligatorio cumplimiento para los estados, pues hacen parte del orden constitucional de cada uno de ellos porque a eso se comprometieron.


Sin embargo, ocurre algo curioso con esta Comisión. En octubre de 2011 en referencia al caso Uscategui sobre la masacre de Mapiripan y las falsas victimas confesas, la Comisión para no pronunciarse sobre este hecho que pudiera cambiar el curso del proceso alego que “solo es un órgano consultivo de la OEA en la materia” es decir, en Derechos Humanos.  Si esto es así entonces ¿Por qué pretendió inferir en el caso Petro alegando que sus decisiones son de carácter obligatorio por tener connotación constitucional? ¿Por qué si lo anterior es cierto no ha otorgado medidas cautelares en el caso Uscategui que fueron pedidas hace 11 años?


Flaco favor se ha hecho a sí misma la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El doble rasero con que actúa o deja de actuar es poco menos que una falta de respeto a los ciudadanos de los países que hacen parte de la misma. Mientras que en el caso Petro las medidas cautelares estaban tomadas y fueron emitidas con nocturnidad a solo pocas horas de la decisión del Consejo de Estado, en el caso del general Uscátegui su familia lleva más de una década esperando que dicha Comisión las conceda, aunque alegue que no es de suyo esa facultad. La Comisión se ha abrogado, entre otros temas, la facultad de decidir sobre derechos políticos, en clara violación del orden constitución interno de los estados americanos.


En el caso Uscategui, admite la Comisión que, “conoce el fraude procesal del que fue objeto el juez del caso por parte de los abogados  representantes de las falsas víctimas” pero que es la justicia de Colombia quien debe resolver sobre el tema. Dicho lo anterior, cabe preguntarnos ¿Por qué pagamos los colombianos por una Comisión que de poco o nada nos sirve? Salvo, para llevarnos a discusiones bizantinas que, lejos de aportar terminan erosionando nuestro ordenamiento jurídico interno. Y digo pagamos, porque, si aún queda algún incauto que crea que nada tenemos que ver con el funcionamiento de dicha Comisión, ya es hora que se entere que a todos nos cuesta pagar un ente que afirma que: “La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia” es decir que el juez colombiano en la Comisión, no nos representa.


Por si fuera poco, también de forma exprés la Comisión inicio el lunes audiencia pública del caso Petro. Si alguna duda quedaba a cerca de la politización ideológica de este ente multilateral ya todas han sido despejadas. Lo que no nos despeja la Comisión es, si al final, quiere o no tener jurisdicción en Colombia o, si solo en algunos casos, como en el caso Petro.