Editorial

La captura de la OEA
23 de Marzo de 2014


La arbitraria retención de María Corina, protegida por inmunidad parlamentaria, ratifica la amenaza que pende contra una oposición que el viernes evidenció su soledad en la batalla por la defensa de las libertades democráticas en Venezuela.

Al pisar ayer el aeropuerto de Maiquetía, Caracas, la diputada María Corina Machado fue retenida por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que cumplían órdenes del señor Nicolás Maduro. La presión de los pasajeros de su vuelo y de las redes sociales consiguió su pronta liberación, pero no borrar la persecución. El viernes, la líder opositora había superado dignamente la tenaza antidemocrática impuesta por el presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador venezolano Roy Chaderton, y tolerada por el secretario General del órgano, embajador José Miguel Insulza, chileno.


La arbitraria retención de María Corina, protegida por inmunidad parlamentaria, ratifica la amenaza que pende contra una oposición que el viernes evidenció su soledad en la batalla por la defensa de las libertades democráticas en Venezuela. Impacta el contraste entre el abandono de la OEA a los opositores venezolanos y la amplia protección al exalcalde de Bogotá, doctor Gustavo Petro, según la decisión expedida antes de que el organismo pueda calificar, como expresó el secretario de la Cidh, “si se violó un derecho o no”, algo que sabrá al finalizar la investigación formal pedida por el exgobernante.


Con líderes como Leopoldo López, encarcelado; Henrique Capriles, gobernador de Miranda, y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, la diputada María Corina representa a la mitad del pueblo venezolano, e incluso a más, dados el fraude y el uso de recursos públicos para mantener el poderío del chavismo. En las elecciones legislativas de 2010, la Mesa de Unidad Democrática recibió el 47,22 % de los votos, frente al 48,13 % del chavismo. La tendencia se mantuvo en las elecciones presidenciales, que dieron al Gobierno una dudosa victoria con el 50,61 % de los votos, mientras la oposición tuvo el 49,12 %. Y eso que el candidato Maduro cabalgaba sobre el pesar por la muerte del coronel Chávez Frías.


Esa mitad del pueblo venezolano se volcó a las calles desde el 12 de febrero para celebrar el Día de la Juventud y pedir seguridad. Allí permanece tras arbitrarias actuaciones policiales que costaron la vida a dos manifestantes y para exigir la libertad del opositor López, encarcelado el 18 de ese mes bajo acusaciones de sedición. Los medios de comunicación venezolanos señalan que en este tiempo han muerto 38 personas. Además de los ataques a los manifestantes y la persecución a los líderes de la oposición política, el régimen ha emprendido una fuerte campaña contra la prensa libre, que empezó con los recortes a la importación de papel y la semana pasada se agravó con la demanda penal del presidente de la Asamblea Legislativa, Diosdado Cabello, contra el emblemático Teodoro Petkoff, político y periodista director del diario Tal Cual.


La diputada María Corina había ido a Washington invitada por la República de Panamá, en acto que el presidente Martinelli anunció como de reciprocidad con la oposición venezolana, que en 1989 había facilitado su escaño en el Consejo Permanente de la OEA para que los panameños contrarios a Rafael Antonio Noriega, dictador, presentaran sus explicaciones sobre la ilegitimidad del Gobierno y la ilegalidad de los comicios que le garantizaron su reelección. Su participación en sesión pública del Consejo Permanente había sido anunciada con suficiente anterioridad, hecho que no fue garantía de respeto al carácter de la sesión, al orden del día o siquiera a la voz de un participante. En sucesión de determinaciones que demuestran la captura del organismo por Venezuela, el Alba y pequeños aliados caribeños, el Consejo Permanente determinó que la sesión fuera privada, luego modificó el orden del día y finalmente le impidió a la diputada presentar sus ideas en el foro.


El silenciamiento de la diputada, o sea de la mitad de los venezolanos perseguidos por el Gobierno, ocurrió con la aquiescencia del señor Insulza que incumple su juramento de defender la Carta Interamericana cuando declara que “se determinó que lo de Venezuela no afectaba a la democracia” y, por tanto no exige la revisión por los cancilleres de la OEA; también ocurre, así Venezuela se haya retirado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, gracias al silencio cómplice del secretario de la Cidh, señor Emilio Icaza, tan diligente para promover, en este y muchos otros casos, acciones contra el siempre dócil Estado colombiano. Sobre esa OEA temerosa y cobarde pesará la tolerancia con un régimen que ha sometido la democracia venezolana a los riesgos de tempestades anunciadas por vientos hostiles.