Columnistas

Gobierno, guerra y cr韒enes de guerra
Autor: Alfonso Monsalve Sol髍zano
23 de Marzo de 2014


Las Farc secuestraron y asesinaron en Tumaco al mayor general Germ醤 Olinto M閚dez y al patrullero Edilmer Mu駉z Ortiz, luego de haberlos torturado, cort醤dole la garganta a uno y matando a golpes a otro.

Una de las lecciones más duras del actual proceso de paz es que el gobierno de Santos haya cometido el error y aceptado el horror de negociar en medio del conflicto armado, admitiendo por tal la suma de prácticas atroces que las Farc cometen contra los civiles y los militares.


La guerra o el conflicto armado tiene reglas universalmente aceptadas por la comunidad internacional en los tratados de Ginebra y los que son subsidiarios o complementarios de este, específicamente, el Tratado de Roma con su organismo la Corte Penal Internacional, que condenan las acciones criminales de Estados, pero también de grupos privados e individuos como los paramilitares y las Farc, que cometieron y siguen cometiendo, en el caso de esta guerrilla, de manera sistemática, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.


El último de los incontables casos de delitos de este tipo, cometido por las Farc, es el ejemplo perfecto para clarificar cuál es la responsabilidad de esa guerrilla, pero también la de este gobierno.


Las Farc secuestraron y asesinaron en Tumaco al mayor general Germán Olinto Méndez y al patrullero Edilmer Muñoz Ortiz, luego de haberlos torturado, cortándole la garganta a uno y matando a golpes a otro. El ominoso crimen se hace más odioso y repudiable, porque los dos policías estaban de civil, desarmados y realizando labores sociales con esa comunidad tan azotada por la violencia (El doble asesinato de las Farc viola, entre otros, los numerales  i, ii, iii,  xi  sobre crímenes de guerra del Estatuto de Roma).


Como casi siempre ocurre en estos casos aberrantes, las Farc intentan pasar de agache, contra toda evidencia, para finalmente justificarlos como una consecuencia de negociar en medio del conflicto, mientras que el gobierno de Santos  acepta esta tesis, aunque, para calmar la galería, repudia el hecho anunciando que no quedará impune.


Santos reconoce que la acción de las Farc viola todas las leyes de la guerra, pero continúa con las conversaciones de La Habana, uno de cuyos resultados es la ley del marco jurídico para la paz que permite finalmente dejar sin castigo a los perpetradores de este y otros delitos similares, sumada a la invariable posición de los jefes de esa guerrilla, de que no pagarán ni un día de cárcel, algo que no ha sido desmentido ni podrá serlo, porque es uno de los presupuestos con los que el gobierno comenzó las negociaciones . Santos sabe, y las Farc saben, en consecuencia, que habrá total impunidad.


Y aquí está el quid del asunto: aun si se admitiese que hay un conflicto armado o una guerra en Colombia, y que se va a negociar en medio de éstos, de allí no se sigue que el gobierno conceda, como de hecho lo hace, que son aceptables los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Al asumirlo, conviene con que dichos crímenes se cometan en las conversaciones,  lo que significa que los está justificando como un efecto colateral del conflicto, lo que es completamente inaceptable. Ese es el fondo jurídico y ético de la posición del gobierno de Santos. En gracia a la discusión, si iba a negociar en medio del conflicto, al menos debió poner como requisito inamovible que las conversaciones se romperían si se presentaran tales crímenes, porque una cosa es la guerra y una muy otra el crimen atroz que se hace pasar por una acción militar, práctica cotidiana de las Farc, que denomina esos ataques como “acciones de guerra”.


Pero no lo hizo, lo que lo llevó a aceptar unas negociaciones con las Farc que violan la legalidad internacional establecida en el Estatuto de Roma. La fiscal del Tribunal de Roma y otros funcionarios de Naciones Unidas que tienen que ver con el seguimiento de los actos de violencia gravísima y sostenida en el tiempo, han advertido claramente al gobierno colombiano de la imposibilidad jurídica y ética que implica aceptar  que los criminales responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad queden impunes.


Esto quiere decir que el gobierno es determinador, o, al menos culpable por omisión, de los crímenes de esa clase que cometen las Farc. El sólo hecho de continuar las conversaciones de La Habana a pesar de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de esa guerrilla (todo sea por la reelección), hace responsable ante los ojos de los organismos internacionales, al gobierno de Santos. La justicia que imparte el Tribunal de Roma es subsidiaria y aplicable sólo en el caso de que el estado no actúe de manera contundente contra las violaciones del Derecho Internacional Humanitario.


Ese es precisamente el caso del actual gobierno colombiano, cuya omisión en aplicar la justicia establecida no sólo en la normatividad interna sino en la establecida en la Corte Penal Internacional en estos casos, lo hace cómplice activo, pues no es que no pueda perseguir esos delitos sino que no lo quiere hacer para mantener las conversaciones en Cuba. La inferencia es inmediata: no solo los criminales de las Farc, sino también los máximos responsables del gobierno colombiano que encabeza Santos, en semejante anomalía, son  sujetos de la justicia de dicha Corte.