Editorial

Las reacciones de Petro
21 de Marzo de 2014


Relevado de la ventana de la oficina del alcalde, que él convirtió en tribuna, el doctor Petro y sus seguidores se declaran en rebeldía contra las instituciones democráticas de Colombia y atentos a los procesos judiciales por ellos instaurados.

Desde su balcón del Palacio de Liévano en la plaza de Bolívar, Bogotá, el economista Gustavo Petro Urrego revivía al popular senador que desde su curul encendía al Congreso y las masas con una oratoria retumbante, que no necesariamente profunda, en la que coinciden la ideologización de la justicia, el insulto a los contrarios, la recurrencia en lugares comunes y la interpretación arbitraria de la ley. Relevado de la ventana de la oficina del alcalde, que él convirtió en tribuna, el doctor Petro y sus seguidores se declaran en rebeldía contra las instituciones democráticas de Colombia y atentos a los procesos judiciales por ellos instaurados.


La ciudadanía de Bogotá, olvidado motivo de las batallas políticas y jurídicas que transcurren, confía en que la posesión del doctor Rafael Pardo como alcalde encargado garantice la fluidez de las acciones del programa de gobierno “Bogotá más humana” hasta que se elija a un encargado que represente al movimiento de Petro. Esto puede no ocurrir, no porque el alcalde encargado carezca de intención o conocimientos, sino porque el petrismo se empecine en seguir interpretando la Constitución y nuestra institucionalidad democrática a su antojo, de manera que en acto de “rebeldía” los seguidores de Petro no le colaboren al Dr. Pardo y/o el petrismo decida no presentar terna de candidatos. Ese criterio autocrático fue el que rigió en las decisiones sobre basuras, origen del disciplinamiento del exalcalde por la Procuraduría, que como lo han confirmado las diferentes instancias judiciales, estuvo ajustado a la legalidad, si bien a nuestro parecer continúa siendo desproporcionado.


Al anuncio del encargo, el petrismo respondió declarándose en desobediencia civil, actuación legítima usada por movimientos noviolentos cuando se ven sin alternativas jurídicas y políticas para defender sus derechos. Como consecuencia de esa declaración, el exalcalde le impuso al mandatario encargado la renuncia del Gabinete y al Gobierno Nacional, la notificación de que no pertenecen a un partido político, excusa que les sirve para no presentar terna para alcalde encargado mientras se convocan elecciones. Con esa decisión, el equipo del destituido deja al 32,2 % de los ciudadanos que lo eligió en jornada electoral en la que participó el 47,4 % del censo electoral, sin representación ni derechos políticos. El tiempo, inexorable, aclarará si el doctor Petro y su movimiento abandonan, mantienen o profundizan este desafío a la legalidad democrática y sus instituciones, lo que incluye el riesgo de que filen con las Farc en la exigencia de una asamblea constituyente.


No obstante que ya se hizo efectiva la destitución, el doctor Petro tiene caminos institucionales para defenderse. En el ámbito internacional, avanzan los alegatos ante la Cidh, instancia que el Estado colombiano ha respetado acudiendo a exponer sus razones. Sin embargo, al dictar medidas cautelares el martes cerca de la medianoche, cuando aún no se conocía la argumentación del pronunciamiento del Consejo de Estado, la Cidh ha demostrado prejuicios contra el Estado colombiano que no se compadecen con los antecedentes y realidades de una institucionalidad respetuosa de los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad, postura que debería esperanzar al alcalde.


Como el exalcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar, víctima de una medida disciplinaria no suficientemente sustentada en el marco jurídico y desproporcionada frente al supuesto daño causado, acción que fue rechazada por partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanos del común, y recurrida en el marco de la ley, el doctor Petro tiene el recurso de nulidad a interponer ante el Consejo de Estado, que ofrece garantías a todos los actores en el proceso. Esa alternativa y no la de una rebeldía generalizada es la que han usado la mayoría de los cerca de 830 alcaldes y 49 gobernadores destituidos e inhabilitados por el doctor Alejandro Ordóñez, lo que demuestra que, a diferencia de la situación del exalcalde Leopoldo López en Venezuela, la ejecución de las decisiones disciplinarias se hace respetando el principio de igualdad ante la ley.


Alentados por el ímpetu demagógico que se escuchó en la Plaza de Bolívar y se expandió especialmente por las redes sociales, algunos medios colegas se declararon expectantes por el “veredicto” que la mesa de La Habana emitiera a esta actuación. Incurren, otra vez, en enredar las negociaciones con las Farc con un tema institucional que puede, si así lo quisieren los congresistas, tener control político en el Congreso de la República y legal en las instancias judiciales que deciden sobre quienes actuaron en este caso y que deben confirmar lo que hoy es claro sobre la capacidad del Estado colombiano para hacer valer la ley, respetando los derechos de los ciudadanos.