Columnistas

Ahora la Corte tiene la palabra
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
21 de Marzo de 2014


Tal como era de esperarse en el desarrollo de la investigación y sanción aplicada al alcalde de Bogotá, han surgido los más enriquecedores debates jurídicos, que han colocado de un lado a los defensores de las más tradicionales escuelas del Derecho.

Tal como era de esperarse en el desarrollo de la investigación y sanción aplicada al alcalde de Bogotá, han surgido los más enriquecedores debates jurídicos, que han colocado de un lado a los defensores de las más tradicionales escuelas del Derecho, que defienden la supremacía de la Ley y del Estado convencional de Derecho,  y de otro, a los defensores de la Supremacía de la Constitución, el Bloque Constitucional y el Estado social de Derecho.


Este asunto que es de singular importancia para el sector de los servicios públicos, por haberse originado en la forma como se presta el servicio de aseo en su actividad complementaria de aprovechamiento y la manera como se ha explotado el trabajo que desarrollan los recicladores de oficio,  y que genera efectos en otro tema asociado al sector como es el del mínimo vital, pues se trata de “mutar” la ley 142, a partir de su lectura a la luz de la Constitución, está llamado a ocupar un lugar significativo en la historia del Derecho Colombiano, por la forma como se impacta nuestro sistema de fuentes formales principales del Derecho.


Según se ha presentado en algunos medios de comunicación, el carácter vinculante o no que tienen las medidas cautelares adoptadas por la CIDH ha enfrentado dos  autorizadas opiniones jurídicas,  de un lado la del Ministro de Justicia, que el parecer le da a las medidas cautelares el alcance de una recomendación de organismo internacional y del otro la del  Fiscal General de la Nación, que reconoce la naturaleza jurídica de la medida cautelar, como acto de derecho que se incorpora al derecho interno, y que es vinculante tal como se deriva especialmente de las sentencias T-558-03 y T-524-05 proferidas por la H. Corte Constitucional.


El debate cobra mayor importancia por los efectos del mismo,  y porque  originándose en sentencias de la Corte Constitucional que tiene competencia para revisar las tutelas ya falladas en dos instancias por la Jurisdicción Administrativa, lo más  probable es que las seleccione para su revisión eventual y permita que sea la propia Corte Constitucional quien se pronuncie sobre el mismo.


Con los efectos de (i) la Constitución como norma, (ii) la integración del Derecho a través del bloque constitucional (iii)el valor de la doctrina constitucional, (iv) el fortalecimiento del precedente constitucional y (v) la prevalencia de los valores y principios constitucionales sobre todo tipo de normas, discusiones como las planteadas serán permanentes en el  modelo Colombiano en el que estábamos enseñados a hacer prevalecer la ley sobre el derecho.


Ahora, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH ha  decretado unas medidas cautelares en el proceso que se ha adelantado al Alcalde de Bogotá, se ratifica una discusión sobre la que existen claros precedentes constitucionales, que facilitan el análisis del caso concreto, pues de un lado no debe existir duda sobre el carácter vinculante que tiene  la parte  motivación de las sentencias de Tutela [C-634-11 y T- 597-12] y del otro el precedente constitucional que se deriva del contenido de las sentencias T-558-03,  T-524-05 y T-078-13  todas de la Corte Constitucional y de las que claramente puede deducirse que una cosa es una recomendación de un organismos internacional y que otra bien diferente es la adopción de una medida cautelar que se vincula al derecho interno del país y que aún puede hacerse imperativa en su aplicación a través de la acción de Tutela.


Los debates en este caso  no son nuevos y se ha planteado desde el origen de las primeras decisiones tomadas en relación con la ejecución de la sentencia de Tutela T-724 de 2003, que fija una línea jurisprudencial que luego reitera la Corte  en las sentencias T-291 de 2009 y T-387 de 2012, así como en los Autos 268 de 2010 y 275 de 2011; en todos estos casos la Corte Constitucional ha ordenado a las autoridades administrativas que abandonen en tenor literal de la Ley  142 de 1994 y que en desarrollo de los mandatos derivados de los incisos 2º y 3º del artículo 13 de la Carta adopten acciones afirmativas en favor de los recicladores.


Ante las dudas que se han generado, la última palabra se expresará en sentencia de los jueces, por eso, no parece que se avance mucho con un eventual concepto del Consejo de Estado;   se  avanzará en forma cierta,  si la Corte Constitucional selecciona las sentencias ya emitidas por el Consejo de Estado y procede a expedir  un fallo,  ojalá a través de una Sentencia de Unificación que ayudaría notoriamente a esclarecer este tipo de asuntos.


Por ahora, y  con base en el precedente de la Corte Constitucional, lo que habrá que afirmar es que en el debate con el Ministro de Justicia, el Fiscal General, que entre otras cosas fue magistrado de la Corte Constitucional, tiene toda la razón.