Economía

Consumer also complains without receipt
Sin factura también reclama el consumidor
Autor: Duván Vásquez
15 de Marzo de 2014


El Día Mundial de Protección del Consumidor se celebra hoy, debido a las directrices establecidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que promueven los derechos y deberes de quien adquiere bienes y servicios.


Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona 

Los colombianos gastaron $42 billones en productos, bienes y servicios solo en diciembre de 2013.

La Asociación de Consumidores de Medellín (ACM) reportó que en promedio 110 quejas mensuales llegan a la organización por mal servicio en la telefonía móvil y por demoras en solución a reclamos en los expendedores de bienes.


Sin embargo, son muchos más los casos de infracción contra los derechos de los consumidores que no se denuncian por desinterés o por haber perdido el comprobante de pago. Por esa razón, Anselmiro Bañol, presidente de la ACM, indicó que la expendedora del producto o servicio debe acudir de igual manera con el reclamante.


“De acuerdo con la nueva Ley 1480, en caso de que el consumidor no disponga de la factura, no es necesaria para hacer el reclamo, porque la mayoría de las personas bota eso. Hay que hacer la respectiva reclamación y las empresas deben tener copias de las facturas”, aseguró Bañol.


Este beneficio para las personas que adquieren productos, bienes y servicios está contemplado en el nuevo Estatuto del Consumidor regida por la Ley 1480 que entró en rigor en 2012, que reemplazo al antiguo estatuto del Decreto 3476 de 1982.


Renovación del estatuto


Óscar Rodríguez, director Jurídico de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Antioquia, apuntó que esta nueva reglamentación para la protección de los consumidores incorporó mecanismos alternativos para la compra de bienes y servicios que no existían 32 años atrás como el comercio electrónico, las televentas, las ventas por catálogo, etc.


“Hoy tenemos un consumidor más formado e informado de la norma. Eso hace que este, a través de distintos canales, conozca la legislación sobre sus derechos”, afirmó el director Jurídico.


Según Rodríguez, el Estatuto del Consumidor establece unos deberes para quien adquiere servicios y bienes como actuar de buena fe en los reclamos, informarse sobre la calidad de los productos, seguir instrucciones de uso y cumplir normas de reciclaje.


Además, dispone de unos derechos del consumidor como recibir productos de calidad, adquirir la garantía de lo que se compra, obtener información completa y formulación de reclamaciones de manera directa o a través de un apoderado ante el proveedor o expendedor de bienes, porque cuando este no responda queda el camino a acudir a una segunda instancia que es la SIC.


En contraste, el Estatuto del Consumidor también estableció unos deberes de las empresas frente a los compradores. Entre ellos están el suministro de información completa, así no sea solicitada, y la solución a un reclamo de garantía de manera inmediata si hay lugar.


Por eso, si tiene inconformidad con su adquisición puede acercarse a la Asociación de Consumidores de Medellín, ubicada en la carrera 49 #49-48 oficina 403.



Modelo sancionatorio

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, afirmó que las multas por violación al Estatuto del Consumidor tienen un tope de $1.200 millones. 


“Al momento de imponer las sanciones podrían resultar adecuadas para la inmensa mayoría de los empresarios, pero hay casos en los cuales eventualmente ese tope se queda corto frente a la infracción que debe ser sancionada”, dijo Robledo.


En ese sentido, el superintendente aseveró que los países desarrollados aplican un modelo sin monto máximo sancionatorio sino que se multa a partir de un porcentaje de los ingresos o utilidades, lo que deja sanciones más severas.


Por otro lado, el presidente de la Asociación de Consumidores de Medellín, Anselmiro Bañol, manifestó que aumentar los montos de las sanciones es muy bueno para el Gobierno pero poco se ve reflejado en beneficios para el consumidor.


“Nosotros somos enemigos de la represión, porque entendemos que esos temas se combaten a través de la educación y de la responsabilidad. Lo ideal sería una sanción moral que le prohíba por un periodo a la empresa vender su producto”, explicó Bañol.