Economía

Ruling is keeping Fenalco and EPM in suspense
Fallo tiene en vilo a Fenalco y EPM
Autor: César Augusto Betancourt Restrepo
15 de Marzo de 2014


EPM apelará el reciente fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad del Decreto 1692 de 2008, por el cual se implementó el Programa de Financiación Social de EPM.


Foto: Archivo El Mundo 

La sentencia proferida por el  Tribunal Administrativo de Antioquia no es un fallo definitivo, es una instancia transitoria susceptible de ser revocada por el Consejo de Estado, que constituye la segunda instancia del proceso judicial.

César Augusto Betancourt Restrepo


@c88caesar


El Consejo de Estado decidirá la querella por la tarjeta Grupo EPM, para la adquisición de electrodomésticos y materiales de construcción, que tiene en vilo a los comerciantes de la ciudad y a Empresas Públicas de Medellín. 


La disputa comenzó en el 2008 cuando EPM aprobó el plan de financiación y el entonces gerente general, Federico Restrepo, lo formalizó a través de Decreto 1692 del mismo año, a lo que la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, tras criticar esta acción, hizo uso de una acción de nulidad que presentó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.


Esta acción de nulidad dio como resultado el fallo a favor de los comerciantes y que ahora EPM apelará ante el Consejo de Estado. 


El malestar que manifiestan los comerciantes, explicó Sergio Ignacio Soto, director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, es que EPM estría incurriendo en una desviación del objeto de la empresa estatal, pues ésta solo podría brindar, en el desarrollo de sus actividades empresariales, la prestación de servicios públicos domiciliarios, como agua, gas, acueducto, entre otras, “pero no hacer actividades que le son propias a entidades como las financieras o el mismo comercio”. 


Posiciones encontradas 


Soto agregó que con la tarjeta Grupo EPM se produce una competencia desequilibrada contra los pequeños empresarios y comerciantes que no pueden competir contra el músculo financiero de EPM, “pues perfectamente tiene una posición de amplio dominio o ventaja competitiva frente al pequeño comercio”.  


Según el líder gremial, con la tarjeta que dio origen a la querella, se estarían viendo afectados más de 3.000 establecimientos de comercio y que durante este tiempo y principalmente en los primeros años, se produjo una reducción de más del 20 % de los ingresos y ventas de los comerciantes. 


Por su parte, EPM manifestó en un comunicado de prensa que el “Programa de Financiación Social, creado en 2008, es una apuesta de EPM para mejorar la calidad de vida de sus clientes, facilitando a las personas naturales el acceso al crédito para la adquisición de electrodomésticos y la ejecución de reformas locativas a través de la tarjeta Grupo EPM, y adicionalmente para las micro y pequeñas empresas (mypes) la renovación de su infraestructura productiva a través del crédito Crecer. Con ello, el Programa posibilita un mayor acceso y disfrute de los servicios públicos domiciliarios, promoviendo su uso eficiente”.


La razón por la que la estatal apelará la decisión, es que considera que existe conexión entre el Programa de Financiación Social y los servicios públicos domiciliarios que presta EPM, de acuerdo con su objeto social. 



Liga de consumidores opina

Javier Gaviria, presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de Servicios Públicos, señaló que se ha tenido una opinión favorable respecto a la tarjeta de financiación de electrodomésticos por parte de EPM “y hemos considerado que era una ventaja muy grande para los consumidores y para los usuarios de los servicios públicos porque constituye una buena forma de adquirir estos electrodomésticos para el hogar”.


Gaviria, quien considera que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia es “desafortunada”, manifestó que la tarjeta Grupo EPM no se desliga de la razón social de EPM, pues detrás de un electrodoméstico está el consumo de energía. 


“Aspiramos a que el Concejo de Estado, en segunda instancia, modifique la decisión del Tribunal Administrativo porque de acuerdo con la opinión asociados, esto les brinda la oportunidad de adquirir bienes que por otros medios no tendría la oportunidad de adquirir para el hogar”, agregó Gaviria.  


De igual forma, Gaviria señaló que, en caso de que el Consejo de Estado ratifique la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, los comerciantes “tengan la oportunidad de asimilar ese comportamiento que ha enseñado la tarjeta de EPM para que se pueda traducir en una opción comercial que se le pueda mantener a los consumidores y usuarios de los consumidores de los servicios públicos y domiciliarios”.