Columnistas

Los fallos de la Corte Constitucional
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
14 de Marzo de 2014


Como consecuencia de los efectos que se operan en el ordenamiento jur韉ico colombiano, derivados del alcance normativo de la Constituci髇 de 1991...

Como  consecuencia  de los efectos que se operan en el ordenamiento jurídico colombiano,   derivados  del alcance normativo de  la Constitución de 1991, de la acción de tutela y  de la cláusula de Estado Social de Derecho, aparecen instituciones que son toda una novedad, tales como la (i) tutela contra sentencias,  (ii) la nulidad de sentencias de tutela, (iii) el incidente de desacato y (iv)  la acción de cumplimiento de sentencias tanto de constitucionalidad, como de tutela si con ellas se pretende hacer efectivo el orden constitucional.


La Tutela contra sentencias, [Sentencia T-125-12], constituye un desarrollo del derecho fundamental al debido proceso, al que están sometidas todas las autoridades, dentro de las que se incluyen las judiciales, que como extensión del principio de legalidad deben atenerse sobre todas las materias al precedente constitucional,  contenido en sentencia de control Constitucional [C], de Unificación [SU] y aún a los fundamentos en que se soportan las sentencias de Tutela [T], es claro que si tanto el Congreso, como el Gobierno, deben atenerse al precedente constitucional,  no existe razón válida para sostener que las autoridades judicial no deban someterse a la misma regla.


En necesario resaltar, que no obstante el carácter vinculante del precedente constitucional, los funcionarios judiciales, en particular el propio juez constitucional puede modular o modificar su propio precedente, [C-634-11], pero ello no puede ser en forma arbitraria o abrupta, por el contrario, la modificación del precedente, debe ser razonada y expresa, para poder tener verdadero valor jurídico, más aún si se tienen en cuenta que la nueva sentencia, en ese caso pasaría a ser el nuevo precedente.


Ahora bien,  un problema más complejo se presenta cuando la Corte Constitucional, o los jueces y tribunales abandonan el precedente al decidir una tutela, pues como claramente lo determina el Decreto 2591 de 1991, no existe tutela, ante otra  tutela, en este evento la doctrina constitucional ha admitido que es procedente la acción de nulidad de la sentencia, [Auto 050-13],   que es un mecanismo excepcional a través del cual las personas pueden logar que se respete el precedente y que aún la propia Corte cuando actúa como juez de revisión de tutela, deba respetar el precedente constitucional.


Ante la posibilidad de que funcionarios administrativos o particulares se nieguen a dar cumplimiento a las sentencias de Tutela, el propio decreto 2591 de 1991,  ha establecido la posibilidad de que la personas a quien se ha protegido el derecho por la vía de tutela acudan al juez de conocimiento, para que sancione previa declaración de desacato al quien no ha ejecutado la sentencia, estando obligado a hacerlo. [Sentencia T-010-12]


Pero, como el desacato no es suficiente, ni debe entenderse como alternativa que reemplace el efectivo derecho protegido por la sentencia de tutela, en aplicación del Decreto 2591, la Corte Constitucional ha venido construyendo la acción de cumplimento de la sentencia, que busca el cumplimiento de la decisión judicial,  para ello,  permite que el juez adopte diferentes medidas disciplinarias y penales y que aún pueda remover las dificultades administrativas que impiden la ejecución de su sentencia, [Auto 275-11].


Todo  este tema tiene como origen el hecho de dejar de reconocer que la fuente principal de derecho es la Ley, reconocerle ese papel a la Constitución y dejar en claro que la guarda de la integridad de la Constitución le compete a la Corte Constitucional,  que a través de sus sentencias  construye el derecho y hace efectivas  las normas, los principios y los valores que el constituyente ha consignado en la Carta.


El precedente constitucional toma un innegable valor en el nuevo entorno,  pues es el verdadero derecho, en la medida en que toda la jurisprudencia puede ser unificada en las decisiones de la Corte a través de las acciones de tutela y en la medida en que todos los operadores jurídicos tanto administrativos, como judiciales resultan vinculados por la doctrina constitucional. 


El valor que toman los fallos de la Corte y la posibilidad que tienen los ciudadanos de hacer prevalecer el contenido material de sus decisiones sobre las de cualquier otro organismos del Estado, muestran con claridad de la Supremacía de la Constitución y de la Corte constitucional no es un tema nominal sino un tema material de la mayor importancia; no sucediendo lo mismo con las decisiones contenidas aún en las decisiones de Unificación del Consejo de Estado, pues estas pueden ser razonablemente desconocidas como precedente vinculante en los términos del artículo 102 de la Ley 1437 y la sentencia C-588-12


Ojalá, en poco tiempo todos le demos al precedente constitucional el valor que se merece y ojalá, cuando la Corte tome decisiones como las que ordenan adoptar medidas afirmativas a favor de los  recicladores, garantizar el acceso al mínimo vital en servicios públicos domiciliarios o revertir las redes de telefonía celular al Estado, todas las interpretaciones jurídicas estén orientadas a ejecutar esos fallos y  no a buscar la forma de no hacerlo. 


*Docente y asesor