Editorial

V韆s que hacen justicia
7 de Marzo de 2014


La inversi髇 del Estado central por poco menos de doce billones de pesos, puede ser entendida como un acto de justicia con una regi髇 que hace grandes esfuerzos por sustentar su propio desarrollo.

En la tarde del pasado miércoles 5 de marzo se protocolizó en Medellín el acuerdo del Consejo Nacional de Política Fiscal, Confis, que garantizaría que en los próximos 19 años se inviertan $26,2 billones para la construcción y financiación de los cuatro corredores viales que constituyen el proyecto Autopistas para la Prosperidad. Este programa se ejecutará en nueve proyectos, ocho por concesión más uno de obra pública, según la estructura definida en estudios que se realizan desde el año 2006, cuando se aprobó el primer documento Conpes con el programa “Autopistas  de la Montaña”. Los recursos que se ejecutarán provienen de inversiones nacionales, departamentales y municipales por 13 billones de pesos y del recaudo de peajes a cargo de los concesionarios. 


El programa Autopistas para la Prosperidad está conformado por cuatro vías que conectan a Antioquia con el país y al país con el futuro puerto de Urabá y con los puertos en el Pacífico y el Caribe. Significa, pues, que son trayectos esenciales para la competitividad de Colombia, y que sirven a la economía antioqueña, pero, como bien lo enfatizaron las autoridades que lo presentaron el martes, no son un programa vial para resolver los problemas de atraso en carreteras que tiene el departamento. Estas vías estarán conformadas por 838 kilómetros de dobles calzadas, 63 kilómetros de puentes y 90 kilómetros de túneles en ocho tramos que permitirán o mejorarán las conexiones del occidente y el centro del país y Antioquia con Urabá, el río Magdalena, el Pacífico y la Autopista del Sol. 


Entre los túneles a construir, el más novedoso para la ingeniería colombiana es el del Boquerón del Toyo, el cual se ha proyectado para que tenga una extensión de 9,1 kilómetros, la mayor de alguna obra de estas características en el país. Por sus características y costo, se definió que este túnel no se construya por concesión sino que se haga como obra pública, o sea totalmente a cargo del Estado, una iniciativa que se hizo posible por la cofinanciación del Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín, que comprometieron recursos de vigencias futuras por $780.000 millones y $520.000 millones, respectivamente, y las inversiones del Gobierno Nacional por $530.000 millones.


El túnel del Toyo garantiza la disminución de tiempos de recorrido entre el país y Urabá, evaluados en cinco horas, mínimo, si el lugar de partida es Medellín; siete si es Bogotá o Manizales, y hasta diez, se calcula, si es Cali y se hace conexión por la vía del río Cauca. Esos recortes en trayectos implican nuevas y muy importantes oportunidades para el comercio exterior colombiano, que requerirá la construcción del puerto de Urabá, con los beneficios que llevaría a una región que todavía tiene gran potencial de desarrollo, sobre todo en su abandonada zona norte. 


Las Autopistas para la Prosperidad son un proyecto de Nación que atraviesa un departamento en el que habitan el 13 % de los colombianos y aporta el 14,8 % del PIB del país, según los registros del año 2012; un departamento que en los últimos veinte años solo ha recibido recursos para la construcción de la conexión vial Guillermo Gaviria Correa y el Túnel Fernando Gómez Martínez, así como en la Doble calzada a Niquía, vías cofinanciadas también por el Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín y, en esos casos, el Área Metropolitana. En los años recientes, Antioquia ha aumentado sus ingresos tributarios, o sea su capacidad de autogestión del desarrollo en más de tres puntos porcentuales, al pasar del 16,3 % al 19 %, según el Consejo Privado de Competitividad. Y las cuentas de la Gobernación de Antioquia, realizadas en 2011, indicaban que este departamento aporta cada año $22 billones a los ingresos de la Nación. En ese orden de ideas, la inversión del Estado central por poco menos de doce billones de pesos, puede ser entendida como un acto de justicia con una región que hace grandes esfuerzos por sustentar su propio desarrollo y contribuye significativamente al de la Nación.


Antioquia confía en que las palabras del presidente Santos declarando que “nuestra legislación, la forma como está organizada nuestra política fiscal y nuestras decisiones económicas, hacen que lo que hoy se aprobó no se pueda echar para atrás ni siquiera por parte del Congreso de la República” se traduzca, además, en decisiones efectivas en el proceso de adjudicación, diseño y control a la ejecución de las obras que se prometen como realidades para el año 2020.