Columnistas

Reversión en celular, un debate histórico.
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
7 de Marzo de 2014


Desde hace cerca de un año, el Senador Eugenio Prieto, por diferentes medios ha venido señalando la situación especial que se registraría en las telecomunicaciones móviles, al vencerse las concesiones de telefonía móvil celular

Desde hace cerca de un año, el Senador Eugenio Prieto, por diferentes medios ha venido señalando la  situación especial que se registraría en las telecomunicaciones móviles, al vencerse las concesiones de telefonía móvil celular y en consecuencia hacerse exigible la obligación que tienen los proveedores de esos servicios de revertir al Estado, las redes que se utilizan para la prestación del servicio. El asunto tiene un valor incalculable,  pero además del contenido económico de la decisión, con la misma se definen las políticas públicas que en telecomunicaciones debe adoptar el Estado Colombiano.


No será lo mismo si se decide que la red pública que pasará al Estado a fines de mes, se usa como un activo de todos los colombianos, a si  se decide enajenarla, pues en el segundo caso, seguramente quienes paguen por la compra de la  red recuperarán de nuevo las inversiones a través de los cargos de acceso y de las tarifas finales que cobre a sus usuarios; pero la decisión de enajenación de un bien de la Nación, debe contar con autorización del Congreso que seguramente lo analizará en detalle el caso.


En la misma vía de las voces aisladas de unos pocos Congresistas, la Contralora General,  en muy buena hora decidió poner el asunto en manos de la Corte Constitucional,  que desde el mes de agosto de 2013, expidió la sentencia C-555-13, mediante la cual se  tomó  la decisión de adoptar medidas dirigidas a proteger el patrimonio público y los derechos de los usuarios; la aplicación de esa decisión no será pacifica y precisamente  ese es el debate que se pone en el orden del día.


Aunque la mayoría de los colombianos no sean consciente de ello, el país ha estado, y al parecer aún está a punto de hacer una “donación”, inequitativa, injusta e inconstitucional de varios billones de pesos a los operadores de telefonía móvil celular, al no aplicar en sus términos literales la clausula especial de reversión administrativa, pactada los  contratos desde 1994, en los contratos que los operadores de telefonía celular celebraron con el Estado.  


Este debate que se inició desde el  trámite legislativo de la ley 37 de 1993, involucra uno de los temas más sensible a la teoría del servicio público, que es el relativo a la propiedad privada de los  elementos de red asociados a un servicio básico de telecomunicaciones, como es el servicio de telefonía móvil celular, tema que se mantiene aún con una legislación tan liberalizadora como es la 1341 de 2009, que en su artículo 10, reconoce que tanto la prestación de servicios como la provisión de redes de telecomunicaciones constituyen servicio público a cargo del Estado.


Son varios los temas que hoy se ponen sobre la mesa: (i) ¿entregarán al Estado los operadores de telefonía celular  las redes incluidos los centros de conmutación y los soportes lógicos que se utilizan en la prestación de sus servicios?; (ii) ¿no obstante la contundencia del fallo y de los precedentes constitucionales el Ministerio de TIC renovará los permisos para el  uso de frecuencias a los actuales operadores celulares, sin un procedimiento de concurrencia de oferentes? (iii) ¿tendrán derecho todos los prestadores de telecomunicaciones a utilizar las redes de Telefonía celular desde fin de mes que pasen a ser de propiedad del Estado?;  … estas son apenas algunas de las  preguntas que deberán responderse antes del fin de mes, que culminen su vigencia los contratos de concesión suscritos con el Estado, que entre otras cosas ya fueron prorrogados.


A todas estas se suma la culminación del régimen de transición y la entrada en vigencia plena de la ley 1341 de 2009, que eliminó la clasificación de servicios y derogó varias disposiciones legales una de ellas la Ley 37 de 1993, lo que permite afirmar que el servicio de  telefonía móvil celular legalmente desaparece y con él los derechos especiales que se derivaron  del pago de la concesión para la prestación de ese servicio,  lo que al menos teóricamente pondría a todos los proveedores de servicios en condiciones de igualdad,  para acceder a las redes y prestar servicios, que ahora corresponden al concepto genérico de Telecomunicaciones fijas y móviles en convergencia.


El debate que apenas comienza, tiene varios aspectos de muy difícil solución, que deben partir de la necesidad de que antes del vencimiento del plazo de las concesiones se adopten medidas transitorias y temporales que garanticen la continuidad del servicio, pero sin que ello pueda justificar el detrimento del patrimonio público, y afectar los derechos de los usuarios que a través de las tarifas ya han pagado las redes e instalaciones esenciales. 


El debate que ha planteado el senador Prieto merece todo el respaldo ciudadano y ojalá sea llevado de nuevo al Senado, pues es de cara al país, como finalmente debe ser solucionado.


*Docente y asesor