Editorial

Con la C醡ara de Representantes
4 de Marzo de 2014


Colombia cuenta con un sistema de aseguramiento que garantiza que el 95 % de los habitantes puede acceder a la atenci髇, cuando en 1994, momento de entrar a regir la ley, la cobertura era de 19,8 % de la poblaci髇.

A cuatro meses de haber recibido el proyecto de ley de reforma al sistema de salud, como popularmente se conoce, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes no anuncia el inicio de su trámite. Esto a pesar de que el país reclama una reforma que cree mecanismos seguros para que los pacientes reciban atención pronta y eficiente; los prestadores sean retribuidos con oportunidad; los administradores cuenten con flujos de recursos y ofrezcan información oportuna, y el Estado pueda dar racionalidad a los recursos y cortar el desangre que generan administradores ineficientes o corruptos, que de ambos hay. Ajustar el sistema de salud es, pues, una urgencia, no veleidad caprichosa del gobernante.


Bien porque atienden intereses de alguno de los sectores que se sienten afectados por la reorganización del sistema, bien porque se han impresionado con movilizaciones de algunos grupos en contra del proyecto, bien por mortificación ideológica, los 19 miembros de esa Comisión han olvidado su responsabilidad de discutir el proyecto que debe profundizar en las ventajas que tiene un país que en tan solo veinte años logró ofrecer coberturas universales en salud. Al demorar el trámite del proyecto, los congresistas han contribuido, aunque sea en forma involuntaria, a mantener en vilo la operación del sistema, preservar los privilegios para actores que han abusado de los desórdenes del sistema y generar inequidad para ciudadanos que tienen derecho a la salud, según los términos de la Ley 100, pero que no pueden disfrutarlo por las actuales dificultades administrativas. 


Encontrar las quejas razonables, definir los aspectos que se pueden estudiar en otros proyectos y debatir con seriedad los temas fundamentales, es deber, no opción, de la Comisión Séptima, al que puede contribuir el Gobierno. En efecto, en la Cumbre Nacional de Salud, el ministro Alejandro Gaviria declaró que de la ley podrían excluirse iniciativas como la de formalización laboral para el personal de la salud empleado en los hospitales; la integración vertical de gestores y prestadores; la formación de los especialistas por los hospitales -que desató la furia de facultades y estudiantes de Medicina-, o la formalización del modelo de regulación de precios de medicamentos, para no dejarla al vaivén de las decisiones de los ministros. En un debate razonable, cabe pensar que se pueden acordar otros cambios en los componentes que conducen a formalizar un sistema de administración de la información, gestión y control de los servicios y los recursos, a fin de garantizar el acceso y el uso racional, así como evitar la corrupción o las ineficiencias que han sido tan costosas para los pacientes y el país.


En todo caso, el trámite de la reforma en curso debe hacerse reconociendo que algunos logros del sistema no son negociables, porque al aceptar tal cosa se afectarían los derechos de las mayorías. El más importante punto a preservar es el del acceso universal a la salud, garantizado desde el Artículo 49 de la Constitución, que se desarrolló de manera bastante satisfactoria, a pesar de sus dificultades, con la Ley 100 de 1993. Gracias al rápido desarrollo de los regímenes contributivo y subsidiado en salud, Colombia cuenta con un sistema de aseguramiento que garantiza que el 95 % de los habitantes puede acceder a la atención, cuando en 1994, momento de entrar a regir la ley, la cobertura era de 19,8 % de la población nacional. Un logro parecido es el que sueña el Gobierno de Estados Unidos con el proyecto “Obamacare”, que tantas dificultades ha tenido en su gestión. 


La otra gran victoria del sistema que el país instauró con la reforma legislativa que amplió la cobertura y los tratantes, y que no se valora en su justa medida, es el haber contribuido a consolidar el sistema mixto de administración y prestación de los servicios, en el que confluyen el Estado, respetables empresas del sector privado, algunas entidades solidarias y las cajas de compensación familiar, y que sea criticado casi al unísono por privatizadores y estatistas, que quisieran asegurarse su control, es tal vez la mejor demostración de sus virtudes y la prueba fehaciente de que, a pesar de falencias inevitables, la Ley 100 es un avance indiscutible en equidad. Habiendo logrado esta meta, el reto del Congreso es aprobar una reforma que garantice mejorar la calidad de la atención para que sea oportuna, eficiente y redistributiva, y garantizar controles eficientes para que pueda haber un Nunca Más en corrupción con recursos de la salud.