Columnistas

A prop髎ito de los recicladores
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
28 de Febrero de 2014


Si tal c髆o evoluciona el tema del reciclaje, el aprovechamiento es tan solo una actividad complementaria del servicio de aseo, que se rige en un todo por la Ley 142 en su tenor literal,

Si tal cómo evoluciona el tema del reciclaje, el aprovechamiento es tan solo una actividad complementaria del servicio de aseo, que se rige en un todo por la Ley 142 en su tenor literal,  y si a su vez las reglas de la competencia en servicios públicos, son las mismas que las que se aplica en el comercio de mercancías, de tal manera que las organizaciones de recicladores deben competir con las empresas prestadoras de aseo, en condiciones de “igualdad”, la adopción  de medidas discriminatorias positivas a favor de los recicladores en los términos que lo ordena la Corte se hace particularmente complejo en especial para las autoridades locales.  


No obstante que son tres las tutelas específicas en que la Corte Constitucional precisa cual debe ser el tratamiento que debe darse a los recicladores de oficio, que son las contenidas en las sentencias T-724-03 para el caso del Distrito Capital, T-291-09 para el municipio de Santiago de Cali y T-387-12 para el de Popayán, la realidad es que es poco lo que han podido hacer las autoridades locales en la materia, si se tiene en cuenta que los asuntos sustanciales en el tema como la legislación, la reglamentación y la regulación  del servicio están en manos de autoridades nacionales.


La experiencia de ciudades como Bucaramanga, Pereira, Bogotá, Cali y aún Medellín,  evidencian que las reglas de competencia previstas en la ley 142,  que en su momento pudieron funcionar servicios como la telefonía, no parece ser adecuada en otros servicios, como es el caso del servicio de aseo, que por sus condiciones especiales requiere una estructura de industria esencialmente diferente a la propia de la economía de mercado; por ello debe acudirse a la misma Ley 142, para reglamentar y regular este servicio para que se preste en condiciones especiales.


Además, la experiencia ya registrada en el caso de Bucaramanga debió ser suficiente para que el legislador se hubiera ocupado del asunto, pues es evidente que la disputa de los proveedores del servicio de aseo por el usuario final,  no solo genera la destrucción de valor, sino que,  ocasiona problemas graves asociados a la salubridad, la ocupación del espacio público, el barrido de las vías públicas y parques, el funcionamiento del fondo de solidaridad y ahora se incrementará con la forma como se remunerará a los recicladores, si es que se mantiene la tesis de que ellos deben ser pagados con parte de la tarifa que pagamos los usuarios del servicio.


Lo que sucede es que a partir del conocimiento de  la forma como se ha prestado el servicio de aseo  en todo el país, ha debido reconocerse que la competencia en el mercado o por el usuario final en este servicio no es de hecho posible y lo que se ha debido es regular a los monopolistas para que se vean obligados a comportarse como se hubiera comportado un agente eficiente en escenarios de competencia y además ha debido separarse la actividad de recolección del material aprovechable del no aprovechable.


Por diferentes razones,   es necesario que dentro del servicio de aseo se imponga un orden,  que permita separar el material aprovechable del no aprovechable y que dentro del aprovechable se dé un trato muy especial a la actividad que deben desarrollar los recicladores, que no deben entrar en competencia con los recolectores de material no aprovechable, pues se trata de actividades diferentes y en la que no puede predicarse que una población tan vulnerable como es la que se dedica al reciclaje pueda actuar en condiciones de igualdad. 


Aunque para la toma de decisiones en este caso bastaría mostrar los innegables efectos ambientales que se derivan del aprovechamiento y además las ventajas económicas de reutilizar todo material reutilizable, la realidad es que poco se avanza en esta materia y que normas nacionales como la contenida en el Decreto 2981 de 2013, no parecen ser suficientes para lograr las transformaciones necesarias, pues lo que hace es dejar el tema en manos de las autoridades locales, pero a la vez genera  una condición compleja al no reglamentar la competencia en el sector y limitarse a ordenas la libre competencia entre los agentes económicos del mercado.


Con la forma como se avanza en el tema y con las señales que dan las autoridades nacionales, dos son los grandes afectados:  de un lado los alcaldes que son los responsables  de la prestación del servicio  y de la dignificación de los recicladores como población vulnerable [Auto 275 de 2011], sin que se les permita disponer de los medios para poder ejercer debidamente esta labor y del otro los recicladores de oficio, pues se quedan con varias sentencias, que con el paso de los días son cada vez menos ejecutables, como es el deber de las autoridades en especial de las Nacionales.