Columnistas

El pago y propiedad de las redes de servicios públicos
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
7 de Febrero de 2014


Con la entrada en vigencia del Decreto 3050 de 2013, se reabre en el país, la discusión en relación con la propiedad de las redes de servicios públicos

Con la entrada en vigencia del Decreto 3050 de 2013, se reabre en el país, la discusión en relación con la propiedad de las redes de servicios públicos, su carácter de bienes afectados al servicio, la obligación de los usuarios del pago de las mismas y el hecho de que aún en el casos en que en forma explícita los usuarios realicen su pago, estas pasen a ser de propiedad de las empresas prestadoras de los servicios.


Es que con la Constitución de 1991, y la expedición de la ley 142, el concepto servicio público adquiere una connotación especial y particular, pues se trata de actividades que no corresponden propiamente al concepto de función administrativa que corresponde exclusivamente al Estado, pero tampoco son actividades económicas empresariales, propias de la economía de mercado, sino, que corresponden a una categoría jurídica diferente.


El carácter esencial de los servicios públicos, impone la intervención del Estado en la regulación y control de su prestación e impide que las tarifas de servicios públicos se asocien a criterios de formación de precios asimilables a las mercancías; en los servicios públicos debe imperar la solidaridad, las responsabilidades sociales del Estado y de los particulares y factores de equidad y redistribución de ingresos. 


El Decreto 3050 de 2013, tiene una variación sustancial al preexistente Decreto 302 de 2000, pues en la práctica trata de eximir a las entidades territoriales, a los propietarios de inmuebles urbanizables, a los constructores y aún a las propias empresas del pago de las redes primarias de acueducto y alcantarillado,  al prescribir que estas redes deben ser diseñadas, construidas y mantenidas por las empresas de servicios, quienes deben recuperar su inversión a través de las tarifas  que pagan sus usuarios,


Semejante modificación que convierte en imperativo, lo que apenas era una facultad legal, solo puede hacerse por mandato de  Congreso, pues un Decreto Reglamentario es una fuente de derecho muy precaria para variar la orientación contenida en diferentes disposiciones legales.


Al menos aparentemente el Decreto 3050, impone a las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado la obligación de expandir sus redes en toda el perímetro urbano del municipio, sea que actualmente esté urbanizado o no y además indica que el valor correspondiente a la expansión de la totalidad de la red matriz o principal, es a cargo de los usuarios y desconoce que tanto la ley 142, como las leyes 388, 1469 y 1537 permiten otras formas de financiación, algunas de ellas reconocidas en el Decreto 302 de 2000, ahora derogado en lo pertinente.


Con la orientación tanto legal como reglamentaria preexistente la expansión de las redes de Acueducto y alcantarillado, era un asunto en el que se involucraban diferentes agentes con interés sectorial, pues la responsabilidad era compartida entre el proveedor de los servicios, el estado espacialmente a través de las entidades territoriales, los propietarios de los lotes a urbanizar y los propios urbanizadores; la novedad del Decreto es que limita la responsabilidad a los prestadores de los servicios, pero además indica que las empresas deberán recuperar su inversión a través de las tarifas de servicios públicos, o en otros términos que las redes deben ser pagadas exclusivamente por los usuarios.


En este punto es necesario resaltar que si bien los usuarios de los servicios públicos, son beneficiarios de su prestación, no son los únicos que se benefician y ni siquiera quienes tienen el mayor provecho económico de las nuevas construcciones pues también están los dueños de los lotes y los constructores que tienen beneficios notables, pero en este caso el Decreto 3050, no incluye  “cargas” a los beneficiarios reales de la obra, ni aplica el principio solidario del reparto de “cargas y beneficios” al que acertadamente hace referencia la ley 388 de 1997.


Cuando se adoptan medidas que orientan los servicios públicos a las reglas de los precios en economía de mercado y suprimen factores de solidaridad y redistribución de ingresos, es que es necesario repetir, que  en  Colombia las tarifas de servicios públicos no corresponden al concepto de precio económico y por el contrario, por mandato constitucional las mismas deben estar sometidas al desarrollo de principios de solidaridad y redistribución de ingresos.


El hecho de que se tengan discusiones como las derivadas de la propiedad de la red en servicios como el alumbrado público, la reversión de bienes en contratos de concesión de servicios públicos, el pago del valor de la construcción de las  redes primarias en servicios como acueducto y alcantarillado, indican que el tema de la propiedad de los bienes  afectados a la prestación de servicios públicos aún no es lo suficientemente claro y que debe ser revisado a la luz de nuestra Constitución.


*Docente y asesor