Editorial

Mientras la justicia decide
5 de Febrero de 2014


Las investigaciones podr醤 adelantarse con premura gracias a que la informaci髇 fundamental fue recopilada por los 髍ganos de control interno de la Alcald韆 y puesta a inmediata disposici髇 de los responsables de actuar conforme a derecho.

Tras recibir de la Alcaldía de Medellín, el 27 y 28 de enero pasados, los documentos sobre el pago de dineros y el intento de compra irregular de varios predios, la Contraloría General de Medellín, la Fiscalía y la Procuraduría asumen la tarea de aclarar las responsabilidades de exfuncionarios y funcionarios del Municipio y sus empresas descentralizadas, en el proceso que hoy se debate públicamente y que deja importantes enseñanzas sobre el cuidado de los recursos municipales. Los organismos competentes han anunciado la conformación de grupos especiales de investigación y, en consecuencia, solo cuando se conozcan los dictámenes de las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias, será posible que la opinión pública entre a calificar las actuaciones de las personas que desde el año 2011 han tenido relación con el proceso de arriendo e intento de venta de los lotes objeto del cuestionamiento. 


El episodio del irregular pago de $1.723 millones al señor Fernando León Londoño y la suscripción de promesas de compraventa en tres de los siete predios de su propiedad, es objeto de debate en los medios de comunicación y los círculos político-electorales desde el pasado lunes 27 de enero, cuando el exalcalde Alonso Salazar reveló en su espacio radial y su cuenta de Twitter, algunos datos extraídos del informe de auditoría cuyas conclusiones se entregaron la semana pasada a las autoridades competentes de valorar los hallazgos. De esta manera, y con las sucesivas reacciones en otros medios de comunicación, el tema, sin duda grave, hace tránsito de necesaria discusión pública, a instrumento aprovechable con fines político-electorales. 


Al señor Londoño se le relaciona con la mafia y fue condenado por enriquecimiento ilícito.  Sus relaciones con el Municipio de Medellín se remontan a febrero de 2011, es decir, durante la pasada Administración Municipal, cuando arrendó uno de los predios en comento a la Empresa de Seguridad Urbana. Desde entonces y por medio de distintos funcionarios que lo dejaron consignado en comunicaciones internas, que están a disposición de los órganos de control, el propietario había buscado que el Municipio adquiriera este y otros seis predios de su propiedad. El pasado mes de noviembre, cuando la Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad, a cargo del ingeniero Jesús Aristizábal Guevara, identificó inconsistencias en las actuaciones del señor Gallo, inició el proceso de investigación que condujo a que el alcalde Aníbal Gaviria ordenara suspender pagos, le solicitara la renuncia a su secretario de Infraestructura y ampliara el proceso de recolección y análisis de información que para la Alcaldía de Medellín culminó con la entrega de los documentos a los organismos de control.


Con más yerro que tino, algunos periodistas intentan asimilar estos hechos con el “carrusel de la contratación” de la Administración del exalcalde Samuel Moreno, en Bogotá. Quienes así obran olvidan ¿intencionalmente? que en ese “dañado y punible ayuntamiento” las investigaciones avanzan al ritmo que les imponen los involucrados, pues solo ellos tienen acceso a los documentos y la información que van publicando a cuentagotas. También olvidan que ese atraco al erario estuvo rodeado de la complicidad, si no participación, del doctor Samuel Moreno, alcalde de la ciudad y del silencio de los medios de comunicación que apenas ahora, y de tarde en tarde, se preocupan por recordar el proceso pendiente de investigación penal, pues ya hay algunas decisiones disciplinarias. Aquí, por el contrario, las debidas investigaciones podrán adelantarse con premura gracias a que la información fundamental fue recopilada por el órgano de control interno de la Alcaldía y puesta a inmediata disposición de los responsables de actuar conforme a derecho en estas situaciones. Así mismo, es necesario destacar que la actuación de la Alcaldía no es reacción a una denuncia o una filtración, sino que fue iniciada por la Administración Municipal al detectar, ellos mismos, ciertas irregularidades. 


Más allá de señalar culpables, papel que no nos corresponde, quisiéramos rescatar de este episodio los aprendizajes que seguro ha dejado en la Administración Municipal y sus funcionarios de todo nivel, la revisión a los procedimientos para la compra de bienes en aras a desarrollar protocolos cada vez más transparentes y blindados a los inevitables embates de la corrupción y, sobre todo, el claro mensaje que con sus actuaciones ha enviado el alcalde de Medellín, para quien ante la defensa del interés general, no valieron las razones de amistad, confianza o conveniencia política para tomar las medidas que tenía que tomar.