Editorial

El futuro de Isagén
2 de Febrero de 2014


El retiro del Grupo Argos del proceso de subasta de Isagén y la ratificación del ministro de Hacienda sobre su determinación de seguir adelante con la enajenación de las acciones del Gobierno Nacional ensombrece un proceso de suyo inquietante.

El retiro del Grupo Argos del proceso de subasta de Isagén y la ratificación del ministro de Hacienda sobre su determinación de seguir adelante con la enajenación de las acciones del Gobierno Nacional ensombrece un proceso de suyo inquietante, en tanto termina con la participación del Estado central en un sector estratégico para la seguridad y el desarrollo, y hace dudosas las inversiones futuras en la ampliación de capacidad y fortalecimiento institucional del sector de generación de energía eléctrica, una de las actividades más promisorias para el país, y al mismo tiempo una de las más demandantes de voluntad y capacidad de riesgo de los inversionistas.


Si existieran sólidos argumentos para vender a Isagén, como el de permanencia del Gobierno en el sector de generación pero a través de otra empresa -tal vez el único plausible- o el de fortalecimiento de programas de gestión del agua potable como servicio esencial, el inversionista deseable sería el Grupo Argos, que con su gestión en las empresas generadoras a su cargo (Celsia y Epsa) ha demostrado afán de crecimiento, interés innovador y capacidad de inversión, y con su trayectoria como multinacional con sede en Medellín ha ratificado su gran compromiso con el desarrollo de Colombia. Siendo el inversionista confiable que ha demostrado, su retiro de la subasta aduciendo razones de costo, oportunidad de la inversión y estrategia empresarial en el corto plazo, deberían invitar a reflexionar sobre los errores que se están cometiendo en el proceso, para quienes lo ven viable, o sobre la conveniencia de insistir en él.


Dado el retiro de Argos, el único aspirante que ha anunciado públicamente su interés de participar en la subasta es la Empresa de Energía de Bogotá, que participa como socio mayoritario en Emgesa, compañía cuya propiedad comparte con la española Endesa y que hoy es la segunda generadora de energía en el país. Dadas esas condiciones, no se debe descartar que los órganos reguladores condicionen su participación en la compra de Isagén a que haga desinversión en otros activos del sector eléctrico, así como se lo exigieron a Argos. En consecuencia, la operación de venta de Isagén tiene cada vez más posibilidades de convertir a esa compañía en el Caballo de Troya de inversionistas internacionales que aspiran llegar, pero no tal vez permanecer en Colombia, como país atractivo en tanto su economía está en crecimiento y maduración en el marco de una democracia estable que brinda seguridad jurídica a los inversionistas. Y ¿qué mejor para incursionar en un nuevo mercado que hacerlo a través de la compra de una compañía sólida, manejada con rigor y lista a recibir una planta con capacidad para generar 800 MW y de paso regresar su rentabilidad y productividad a niveles históricos? 


Más que por el control de precios en un mercado competido y controlado por la Comisión Reguladora, la propiedad pública de Isagén es una exigencia para un Estado que no logra ofrecer energía eléctrica en todo el territorio y que tiene importantes posibilidades de crecimiento exportando energía a países ávidos de tenerla confiable y a mejores precios. Los desarrollos posibles exigen, sin embargo, capacidad financiera para inversiones de largo plazo, y el Estado la tiene superior a la de la mayor parte de los actores, y habilidades para la gestión política y social que no es propia -no tiene por qué serlo- de los inversionistas privados. 


En ese sentido, aunque el Gobierno Nacional aduce la madurez del sector, o sea que hoy es un área rentable y segura para las inversiones privadas, para empujar la venta de Isagén, existen realidades que imponen revisar si los inversionistas estarían dispuesto a soportarlas. ¿Podría alguien sin responsabilidad pública y sentido de región o de país, cargar con la parálisis, para no hablar de pérdida, de una inversión tan cuantiosa como la realizada en Porce IV o las costosas gestiones sociales que ha requerido la estabilización del proyecto Hidroituango? Y en el ámbito de los mercados externos ¿estaría listo a soportar los vaivenes en las decisiones de nuestros vecinos, para mantener las exportaciones de energía eléctrica o seguir luchando por tender redes allí donde muchos se empeñan en no aceptarlas? El riesgo, pues, de que el inversionista tome a Isagén como inversión temporal, sería suficiente para reconsiderar esta obsesión del doctor Cárdenas Santa María, que cada vez parece ser menos la de los empresarios deseables para esta operación en contravía del querer del país.