Editorial

La reforma al espionaje
20 de Enero de 2014


Así como el Gobierno Bush reaccionó a la realidad de un país atacado por una red terrorista, el de Obama está respondiendo a la indignación por las denuncias creando nuevos límites normativos a la acción de inteligencia.

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Barack Obama, presidente de Estados Unidos, presentó el viernes 17 su primer discurso del año. Lo hizo desde el Departamento de Justicia, que ejerce funciones de Procuraduría y dirección del sistema judicial, para anunciar la reforma que modifica cinco pasos del sistema de “vigilancia electrónica”, lo que implica una renovación tecnológica y mayor vigilancia política sobre la NSA, cuyo poder había crecido al amparo del miedo al terrorismo.


Los cambios imponen que se haga seguimiento anual a las actuaciones de la Agencia, que en algún momento se levante la reserva sobre las “Cartas de la NSA”, que son los documentos que permiten captar los datos sobre llamadas; la extensión de garantías de los nacionales a extranjeros habitantes en la Unión Americana; la obligación de que la vigilancia a gobernantes aliados se haga solo por orden expresa de altos funcionarios del Ejecutivo, y la imposición de limitar hasta el segundo nivel los seguimientos que antes se hacían hasta el tercer nivel -números que reciben llamadas o desde los que se llama a números que a su vez lo hicieron de números que a su vez tuvieron contacto con un número telefónico sospechoso-. Por supuesto, su publicidad ha reabierto la discusión sobre el espionaje estadounidense.


Dicha reforma sucede a los debates desatados por las filtraciones de Edward Snowden, que molestaron a los presidentes amigos, algunos de los cuales, como las señoras Merkel y Roussef, encararon directamente al presidente Obama. En el país, el 48 % de los estadounidenses encuestados por Gallup en junio, vieron como correctas las filtraciones de Snowden, y en noviembre una nueva encuesta arrojó que el 64 %  consideraba que la NSA se había entrometido en su privacidad. Muchos de esos críticos habrán olvidado el contexto de opinión tras el 11 de septiembre de 2001, cuando el Gobierno de George Bush determinó fortalecer la vigilancia electrónica y los controles a extranjeros. Entonces, el debate congresional al espionaje quedó a favor de un Gobierno que acusaba a su predecesor, el demócrata de Bill Clinton, de descuidar el control sobre Al Qaeda y sus aliados, y en contra de la bancada cuestionada, con el senador Barack Obama entre sus miembros, que atacó disposiciones que ofrecían lucha antiterrorista sacrificando privacidad. 


Así como el Gobierno Bush reaccionó a la realidad de un país atacado por una red terrorista, el de Obama está respondiendo a la indignación por las denuncias creando nuevos límites normativos a la acción de inteligencia y ofreciendo garantías básicas a los ciudadanos y a los aliados que ejercieron fuerte presión en contra de las acciones de la NSA. Sin embargo, el presidente intenta mantener un equilibrio entre las expectativas de ciudadanos que aspiran a que no haya seguimiento a las redes de números telefónicos o de IP con las que se relacionan, y la demanda de no repetición de tragedias como la del 11-S.


Tanto el presidente Bush como su sucesor se han visto en la encrucijada de equilibrar los valores de tranquilidad y privacidad, que asociados a la noción de Libertad están en la esencia de la democracia estadounidense. Ellos, sin embargo, entran en contradicción cuando la tranquilidad de la sociedad es puesta en riesgo por sus enemigos en el mundo, que han demostrado no tener escrúpulos, pero también cuando su privacidad es amenazada por gobiernos que podrían traspasar las barreras buscando olfatear su vida más allá de lo debido. En el ámbito internacional, el conflicto surge entre la delegación tácita que el mundo hace a Estados Unidos para que sea garante de la seguridad de los países, por lo cual también se benefician de las bases de datos y otras informaciones estadounidenses, y el temor de que el Imperio intervenga en el destino de los países violando su soberanía y derecho a la autodeterminación. 


Como era de esperarse con la reforma, la mayor publicidad en el debate la están recibiendo quienes consideran que no hay cambios en el papel de Estados Unidos como “gran hermano” que pretende vigilar al mundo al estilo orweliano, mientras se opacan las voces de quienes temen por la pérdida de capacidad de vigilancia y seguimiento a organizaciones terroristas debido a la pérdida de capacidad de la NSA para garantizar la seguridad de los estadounidenses, brindar apoyo a los gobiernos en sus luchas contra las fuerzas terroristas y tener adecuado seguimiento a organizaciones y gobiernos que pudieran poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo y la tranquilidad del resto de países que, a pesar de críticas, se ampara bajo el manto protector de la Unión Americana.




Comentarios
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Camilo
2014/01/20 07:31:59 am
No es el tema del día, pero sí es una necesidad regional que sirve a todos los que tienen que intervenir: La independencia de Urabá, urge crear un ente territorial que, segregado del departamento de Antioquia, le de autonomía a una sociedad pujante que merece darle la oportunidad de ser libre, así como en otros tiempos lograron Caldas, Risaralda, Quindio, y porque no, el mismo Antioquia que dependía del Cauca. Ya saben, fijar ideales, es apuntar al desarrollo para bien de todos.