Editorial

Negociando con terroristas
19 de Enero de 2014


Los atentados con dinamita y anfo en Inzá, Pradera y San Andrés de Cuerquia son nuevos “crímenes de lesa humanidad”, que tienen como responsables a terroristas, no a combatientes.

Los atentados con bomba perpetrados por las Farc en Pradera, Valle, y San Andrés de Cuerquia, Antioquia, el 16 de enero, un día después del fin del cese unilateral del fuego, y las posteriores declaraciones sobre estos hechos por el negociador Rodrigo Granda, nos imponen seguir escribiendo sobre el proceso de conversaciones de La Habana y sus dificultades. Esto no obstante que el presidente Santos anuncia estar “cautelosamente optimista” y sostiene que las partes “mantienen su voluntad”, aunque no aclara si las Farc la tienen para firmar responsablemente el cese de hostilidades o para reagruparse en su refugio caribe en el que también pretenden ver a alias “Simón Trinidad”.


Una bomba que las Farc hicieron explotar en la plaza principal de Inzá, Cauca, el 7 de diciembre, dejó siete muertos y más de 40 heridos. El jueves 16 de enero a las 9 de la mañana, esa guerrilla detonó otro artefacto en el centro del municipio de Pradera, asesinando a Jorge Eliécer Mora, un humilde mensajero de 67 años de edad, y dejando más de cincuenta heridos. El atentado en San Andrés de Cuerquia dejó herido a un ciudadano, miembro de la Policía Nacional. El doctor Sigifredo López, dirigente pradereño y exsecuestrado de esa guerrilla, atribuye los atentados a que “las Farc acostumbran presionar discusiones en la mesa de negociaciones, con actos terroristas”.


Inquirido por los medios de comunicación sobre los atentados terroristas del jueves pasado, Rodrigo Granda, negociador y vocero en este tema, apeló a elusiones y sofismas que enojaron a aquellos interlocutores que vieron su cinismo y confundieron a los que parecían aspirar a que fuera posible negar la autoría guerrillera de esos crímenes. Cuando Granda dice que “las Farc no van a atacar impunemente a la población civil, de haberse dado sería sobre un cuartel de Policía o una patrulla” intenta que la sociedad vaya aceptando las pretensiones farianas de sacar los cuarteles de Policía y las unidades militares de las zonas pobladas y de hacer recaer las culpas por sus crímenes sobre el Estado, o sea sobre el conjunto de la sociedad. A pesar del empeño del terrorismo en defensa de falacias muchas veces repetidas en aulas de clase y medios de comunicación, los colombianos siguen reclamando la protección de sus Fuerzas Armadas  y reconociendo su importancia y confiabilidad como defensoras de la unidad nacional y garantes de la seguridad ciudadana en el marco de leyes que cumplen, y por las que son vigilados.


En declaraciones posteriores al atentado terrorista en Pradera, el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía Nacional, señaló la responsabilidad de la columna móvil “Gabriel Galvis” en los atentados terroristas en esa ciudad del Valle y en Inzá. Según documentos públicos, ese frente está integrado al Bloque Occidental, bajo el mando de Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”, vocero en la mesa de conversaciones de La Habana. Esto significa que es imposible admitir que los negociadores y el Secretariado General de las Farc desconocían que se iban a perpetrar los atentados y que la opinión no puede permitir que se diluya la responsabilidad de los jefes guerrilleros con actos que el doctor Antonio Navarro, exconstituyente y exguerrillero, describe como que “más que de fuerza, son de terror”.


Aun si las víctimas de los atentados hubieran sido solo policías o militares, el hecho de que estos fueron cometidos con armas no convencionales y de alta tecnología y que ocurrieron por fuera de combate, hace evidente la existencia de violaciones a los Protocolos de Ginebra, sustento del Derecho Internacional Humanitario. Los atentados con dinamita y anfo en Inzá, Pradera y San Andrés de Cuerquia son nuevos “crímenes de lesa humanidad”, que tienen como responsables a terroristas, no a combatientes que negocian en medio de enfrentamientos convencionales con el Ejército y la Policía, como se definió en el acuerdo para el inicio del proceso de conversaciones.


Por cuenta de la arrogancia del interlocutor, el presidente Juan Manuel Santos negocia con un grupo que hace terrorismo, usa el terrorismo y defiende el terrorismo, o sea que es terrorista, no con la contraparte insurgente del Estado. Y lo hace defendiendo condiciones que permiten mantener una agenda apenas esbozada públicamente y acuerdos secretos y endebles, a pesar de que ellos contienen definiciones que a todos comprometen. ¿Cuáles sapos más deberá esta sociedad tragarse para no ser tildada de “enemiga de la paz”?