Columnistas

Tercer año de mandato
Autor: Manuel Manrique Castro
15 de Enero de 2014


Con la llegada de 2014 entramos al tercer año de mandato de los gobiernos municipales y departamentales.

Con la llegada de 2014 entramos al tercer año de mandato de los gobiernos municipales y departamentales que ahora tienen el compromiso y la responsabilidad de acelerar el paso procurando concretar lo que le propusieron al país y a sus electores cuando iniciaron su mandato en enero de 2012.  Ya pasó el periodo de familiarización de ese primer año cuyo ritmo se ve alterado porque, en la práctica, los primeros seis meses se dedican a la preparación de los planes de desarrollo destinados a ser la guía cuatrienal de la acción gubernamental en los territorios.  En el segundo, la ejecución va a mayor ritmo,  la ciudadanía cobra y así llega la mitad del mandato.  El tercero, el que empieza, ya no admite dilaciones y ahora sí corresponde avanzar a toda máquina porque  el siguiente estará afectado por las elecciones territoriales de 2015.  Sin embargo,  el tercer año,  más allá de las circunstancias propias de las regiones, coincide con tres acontecimientos que muy probablemente repercutirán en municipios y departamentos: primero las elecciones parlamentarias previstas para marzo, luego las presidenciales de mayo y tal vez el más significativo:  la suerte de las negociaciones de paz con las Farc de cuyo contenido poco se conoce porque, como fue definido, “nada está acordado hasta que todo esté acordado” y no sabemos si el esperado acuerdo se alcanzará en los próximos meses pese a que de ese hilo cuelgan muchas decisiones cruciales para el país. Llegados a la mitad del camino conviene que los entes territoriales evalúen qué han conseguido en la ejecución de sus planes de desarrollo porque así, además, pondrán en evidencia su pertinencia y calidad.  Para nadie es ajeno que la preparación de los planes, en muchos departamentos y municipios, es todavía un ejercicio retórico, desprovisto del  rigor necesario que asegure auténticas cartas de navegación destinadas a avanzar en la ruptura de la desigualdad prevaleciente, asegurar los derechos humanos de la población y promover el desarrollo equitativo y armónico con el ambiente, que el país demanda.  Aunque su propósito es ese y hay señales positivas de avance,  estamos lejos todavía del cumplimiento de las finalidades de la  ley 152 aprobada hace 20 años. Falta lectura ajustada a la realidad social y económica de los territorios; son débiles programáticamente;  carecen de genuina participación ciudadana capaz de asegurar el control social previsto por la Constitución de 1991; en no pocos casos responden a intereses non sanctos y olvidan su obligación de dar prioridad a los derechos de la niñez.  


Cuando el proceso electoral concluye y las nuevas autoridades se posicionan en sus cargos,  la siguiente elección pareciera remota y lejana por estar  a cuatro años de distancia.  Sin embargo, no se debería esperar al final de mandato para promover la discusión de lo que vendrá después.  Hacerlo de esa manera, como la experiencia reiteradamente lo indica, tiene el riesgo de debates contaminados por la disputa política y las urgencias de las campañas electorales.  Hay demasiado en juego frente al futuro del país como para que los temas decisivos de cualquier plan de desarrollo se discutan bajo la presión del tiempo.  El tercer año debería también servir para estimular esta reflexión destinada a garantizar que en las siguientes elecciones territoriales la materia prima de la discusión sean ideas sólidas con propuestas consistentes para el futuro, más aún si en 2014 está en juego algo tan  vital para el país como la posible apertura hacia la paz.