Editorial

Seguridad jur韉ica y fuero militar
18 de Diciembre de 2013


El af醤 por dejar a los militares sin protecci髇 jur韉ica, o d醨selas tan d閎il que termine siendo ineficaz, tiene eco en una opini髇 p鷅lica h醔ilmente desinformada.

En las jornadas previas a su vacancia reglamentaria, el Congreso de la República aprobó la creación del “Sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública”, norma que pretende ser respuesta a la necesidad de brindar protección jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas, desprotegidos tras la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2012, que había reinstaurado el Fuero Penal Militar para el juzgamiento de servidores públicos del sector defensa, ciudadanos sometidos a exigencias y condiciones de desempeño diferentes a las de los ciudadanos que defienden. Además de consagrar mecanismos para la defensa de militares acusados por actos del servicio, la norma define programas de apoyo financiero para educación y otros gastos para militares heridos en combate.


El pronto trámite que el Congreso dio a esta ley fue interpretado por el ministro de Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón, como expresión del respaldo que el pueblo colombiano brinda a sus militares, según las encuestas de opinión que consultan las percepciones de los ciudadanos sobre las instituciones y que deben ser atendidas con más cuidado por los analistas de tendencias. Sin embargo, la falta de crítica de los grupos políticos que promueven la falacia de que los militares son “actores del conflicto”, que, por tanto, deben ser igualados a los grupos terroristas y violadores de derechos humanos, crea temores sobre si la disposición podrá cumplir con el propósito de garantizar los derechos de ciudadanos especialmente vulnerables ante ataques jurídicos de grupos criminales, o sus agentes jurídicos, que pueden ser más fácilmente vencidos en el campo de batalla que en tribunales en los que se ha demostrado la existencia de fuertes prejuicios contra la Fuerza Pública.   


En el debate a esta ley, el Senado, por iniciativa del doctor Juan Carlos Vélez, analizó las actuaciones de la Corte Constitucional, que modificó el Artículo tercero del Código Penal Militar, marco jurídico para el juzgamiento y castigo de ciudadanos que responden ante el Derecho nacional, el Derecho Internacional Humanitario y los códigos militares de disciplina y honor, normas de alta exigencia que velan porque quienes han recibido el encargo de defender a la sociedad, lo hagan sujetos a sus mandos y bajo estricta observancia de los derechos humanos. Es importante reiterar que cuando la sociedad hace esa delegación, no convierte a los militares en “actores del conflicto”, como falazmente se quiere hacer aparecer, sino en sus defensores frente a quienes no respetan ni las más mínimas reglas de la guerra, pues se valen de “todas las formas de lucha”. Si los jueces a los que comparecerán siguen la tradición de la Corte Constitucional, no podrán los militares esperar la objetividad que debería ofrecerles la sociedad, respetando sus derechos ciudadanos y reconociendo que la especialidad de su misión requiere también especialidad en su marco normativo.


El afán por dejar a los militares sin protección jurídica, o dárselas tan débil que termine siendo ineficaz, tiene eco en una opinión pública hábilmente desinformada por voceros interesados que aprovechan errores o delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública para crear la idea de que las instituciones cohonestan con los crímenes de algunos de sus miembros, cuando la historia ha demostrado repetidamente el interés del Estado colombiano por ajustarse a sus propias normas y a las más exigentes del Derecho Internacional, y de hacerlo aun en medio de la amenaza irregular de fuerzas ilegales que, como ha sucedido en Inzá, Cauca, siguen usando el terrorismo como forma de combate. Si la justicia guarda coherencia en sus decisiones, el atenuante de la situación irregular que viven los pobladores de zonas en conflicto que la Corte Suprema reconoció para conceder la libertad a José Crisanto Gómez, el hombre obligado a tener a Emmanuel, hijo de la secuestrada Clara Rojas, debe convertirse en norma frente a colombianos afectados por la gravedad de la confrontación armada, en primer lugar los militares.


La ley es un paso adelante hacia el reconocimiento de los derechos de los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, si el país aspira a brindar protección integral a los militares, ella debe ser apenas un paso preliminar hacia la consagración del Fuero Penal Militar como disposición permanente que garantiza a los servidores públicos consagrados a la defensa del Estado -por ende de los ciudadanos- un debido proceso en caso de ser investigados. La figura está consagrada en las constituciones de la mayoría de las democracias como garantía y exigencia.