Columnistas

800, 17 y 23
Autor: José Alvear Sanin
18 de Diciembre de 2013


La destitución debidamente motivada de 800 alcaldes, 17 gobernadores y 23 congresistas, amén de algún superintendente financiero ciego y sordo, confirma que la administración y la política en Colombia navegan en un mar de corrupción,

La destitución debidamente motivada de 800 alcaldes, 17 gobernadores y 23 congresistas, amén de algún superintendente financiero ciego y sordo, confirma que la administración y la política en Colombia navegan en un mar de corrupción, el mismo que Transparencia Internacional cuantifica rutinariamente, lamentable escalafón en el que aña tras año seguimos bajando.


El viejo aforismo de que la naturaleza aborrece el vacío podría aplicarse al derecho constitucional. Con la elección popular de alcaldes y gobernadores, lo único que se logró fue el incremento de la corrupción y el clientelismo. Algunos alcaldes correctos, y varios excelentes, son apenas la excepción que confirma la regla.


Antes de 1991, el presidente cesaba los gobernadores equivocados o incorrectos, y los mandatarios departamentales hacían lo propio con los alcaldes, de manera que los abusos se corregían a tiempo.


Bajo la Carta vigente, acudir al único remedio es bien difícil y costoso. La revocatoria de los electos es prácticamente imposible porque tropieza con el aplastante poder del funcionario. Si alguna revocatoria ha tenido éxito, probablemente dos no se registran. 


Antes del Dr. Ordóñez, de tarde en tarde los procuradores tomaban cartas en los asuntos y sancionaban funcionarios corruptos o arbitrarios. En cambio, el actual Procurador General, llenando el vacío constitucional pero dentro de sus funciones disciplinarias, ha actuado con el máximo rigor contra personajes de todos los partidos (empezando por figuras bien destacadas del gobierno anterior), ideologías y pelambres, como lo demuestran las escalofriantes cifras con las que encabezo este artículo. En todos los casos se ha seguido rigurosamente el debido proceso.


No es, pues, de extrañar que la tarea del doctor Ordóñez contra la corrupción despierte el odio de la clase política y de ciertos lobbies afectados por su celoso cumplimiento del deber. Nadie ha sido más vilipendiado que él en la historia de Colombia. Tiene, desde luego, defectos, pero nada hay más odioso que atacarlo porque sea hombre de principios.


A juzgar por el número de comentaristas que lo odian, Ordóñez es el único problema nacional, aunque nunca ha cometido delitos, tomado palacios de justicia, retenido rehenes, sembrado minas quiebrapatas, reclutado menores, eliminado inocentes, malversado fondos públicos, apoderado defraudadores del sistema de salud o propuesto leyes en contravención de los tratados internacionales que hemos suscrito en relación a los crímenes de lesa humanidad…


La figura del Procurador me recuerda la del chivo expiatorio, esbozada por La Fontaine: “Ce galeux, ce boiteux de qui tout le mal venait…”


Como no he leído las setecientas y pico páginas del estudio del procurador delegado, que propuso la sanción al alcalde de Bogotá, no puedo proferir las rotundas afirmaciones que contra esa providencia hacen centenares de comentaristas, pero sí podría aconsejar al doctor Petro que espere el fallo definitivo, porque si le es adverso, dispone de los recursos legales de que han hecho uso los 840 y más sancionados por la Procuraduría. 


Organizar una plaza Tahrir en Bogotá, con manifestaciones bien financiadas, pronunciar acaloradas arengas revolucionarias desde los balcones de la Alcaldía y atornillarse en el puesto, rechazando el orden jurídico que el M-19 contribuyó decisivamente a establecer, es la más deplorable revelación de que su conversión a la democracia no fue profunda, seria ni duradera. 


Cuando pase el frenesí de manifestaciones y la alharaca mediática, el Dr. Petro dejará de ser el mártir del instante para volver a ser el alcalde más incoherente y desacreditado de Colombia, o el peor que ha tenido Bogotá, según Antonio Caballero.