Columnistas

Bogotá sin doliente
Autor: Juan Manuel Galán
18 de Diciembre de 2013


La semana pasada, el procurador destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde Gustavo Petro. Tirios y troyanos coinciden en que la sanción es desproporcionada.

La semana pasada, el procurador destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde Gustavo Petro. Tirios y troyanos coinciden en que la sanción es desproporcionada. Sin embargo, difieren en torno a las implicaciones de la misma. Para algunos se trata de una sanción frente a una falta disciplinaria. Para otros es una decisión política, que se inmiscuye dentro de la discrecionalidad que deben tener los gobernantes electos para poder gobernar. Estos últimos consideran que la ya conocida decisión de Petro en relación con el manejo de las basuras puede ser un grave error, pero no constituye propiamente una falta disciplinaria sino un error de administración. Consideran también que en un Estado de derecho a los gobernantes sólo se los puede sancionar por este tipo de faltas, y no simplemente por cometer errores de gobierno, por graves que estos sean.


La ciudadanía parece estar confundida. De un lado, si contrastamos esta decisión con la suspensión que impuso la Procuraduría al exalcalde Moreno queda el sinsabor de que por implementar un esquema de aseo en Bogotá, alguien recibe una sanción mayor que por participar en un carrusel de contratación con dineros públicos. De otro lado, el ciudadano de a pie parece preguntarse qué pasa con el poder del voto popular que elige a alcaldes, gobernadores, miembros de concejos, asambleas y a los mismos congresistas frente al poder y la influencia del Procurador General.


Es fundamental dar claridad no sólo a la ciudadanía sino también al sistema jurídico para balancear competencias en el poder público. Es necesario reestructurar los entes de control, para que las investigaciones disciplinarias cuenten con un ente que investigue y otro que juzgue, y con etapas procesales que garanticen imparcialidad e instancias jerárquicas independientes que garanticen transparencia y justicia.


Es de tal magnitud la decisión del Procurador, que debemos tener cuidado con que la misma no entorpezca los esfuerzos realizados por el ejecutivo en la búsqueda de la paz en la Habana. Existe una línea muy tenue entre el ejercicio de funciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación y la limitación de los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular. El poder otorgado por la ley a los entes de control no debe entrar en pugna con el poder otorgado por el pueblo a sus mandatarios. De lo contrario, ¿cómo gobernar?