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ONU dió observaciones al procurador
17 de Diciembre de 2013


De la reunión entre el procurador General y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos quedó pendiente si el presidente está habilitado para decidir sobre el futuro de un funcionario elegido popularmente.


Foto: EFE 

Petro reivindicó su derecho a permanecer en el cargo y acusó al procurador General, Alejandro Ordóñez, de atentar contra los deseos de paz de Colombia, en un discurso ante miles de ciudadanos.

Efe 


El representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Colombia de la ONU, Juan Carlos Monje, asesoró ayer al procurador General de este país, Alejandro Ordóñez, sobre los derechos políticos del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y de sus electores.


Al término de una “extensa” reunión de dos horas, Monje dijo a periodistas que la ONU había “compartido unas observaciones” con la Procuraduría, en la primera ocasión en la que el organismo interviene en una decisión interna de instituciones colombianas.


“La Oficina tiene el mandato de asesorar a las instituciones del Estado y particularmente a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y al organismo judicial”, explicó Monje, quien sustituye al titular de esa Oficina, Todd Howland, quien se encuentra fuera de Colombia.


Monje también le entregó a Ordóñez un fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en el 2011 al Estado venezolano por la inhabilitación en 2008 del alcalde de Chacao, el municipio más rico del área metropolitana de Caracas, el opositor Leopoldo López, por parte de la Contraloría General.


La CorteIDH consideró que en esa ocasión hubo una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos porque López no tuvo oportunidad de defenderse de una decisión que fue de tipo administrativo y no penal.


Howland había pedido el martes una cita con Ordóñez, un día después de que el procurador anunciara la destitución e inhabilitación durante quince años de Petro por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras hace un año.


“Es importante que la Procuraduría entienda que hay jurisprudencia del Comité de Derechos Políticos y Civiles, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, había advertido el representante de la ONU al señalar que “cualquier intervención de un funcionario que no esté elegido tiene que ser equilibrada”.


El cese de Petro, quien fue guerrillero del M-19, ha provocado una crisis institucional en Colombia alrededor del poder acumulado por la Procuraduría General.


La Fiscalía ha iniciado una indagación preliminar sobre esta decisión y pide al presidente colombiano Juan Manuel Santos que determine si el procurador está habilitado para decidir sobre el futuro de un funcionario elegido electoralmente, mientras que el mandatario ha adoptado una postura equidistante. 



No puede destituir

El ministro colombiano de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo en una entrevista con el noticiero Noticias Uno, que el Gobierno tiene claro que el presidente Juan Manuel Santos no tiene facultades para destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, porque no investiga sino que ejecuta.


Gómez Méndez, un jurista de amplia trayectoria, señaló que “para el Gobierno es claro que el presidente de la República no tiene ninguna facultad para destituir” a ningún alcalde elegido.


Petro, quien fue apartado del cargo por una decisión administrativa del procurador Alejandro Ordóñez, por la supuesta mala gestión de una crisis en el sistema de recolección de basuras de la capital colombiana ocurrida en diciembre de 2012, sostiene una tesis en la que manifiesta que el único que lo puede cesar en el cargo es el presidente de Colombia.