Columnistas

Pruebas Pisa: ¿cuál es la causa del fracaso?
Autor: Alejandro Garcia Gomez
14 de Diciembre de 2013


Comprensión de lectura en lengua materna, en matemática y en ciencias naturales es siempre el tema de la prueba. La Promoción Automática acostumbró a los escolares al no esfuerzo.

Comprensión de lectura en lengua materna, en matemática y en ciencias naturales es siempre el tema de la prueba. La Promoción Automática acostumbró a los escolares al no esfuerzo. Hoy, las universidades se quejan de la incomprensión de lectura y del facilismo estudiantil cristalizado en el “corte y pegue”, o plagio, de Internet: “trabajos”, investigaciones y hasta tesis de grado. Resultado del 230/01 como  una de las causas. 


Pero no es la última, la causa génesis, y una columna de prensa es corta para el tema que hoy rasga las vestiduras de los responsables, como cada tres años que se aplica. Hay quienes vuelven a culpar a los maestros o, aun, a la mala alimentación de las madres gestantes. Planteemos una verdad innegable: la educación pública en Colombia jamás ha sido vista como inversión sino como gasto, aun como desperdicio de recursos. Después del Frente Nacional fue una concesión obligada de las clases dirigentes y los gobiernos a las masas populares que habían hacinado sus ciudades. Mal que bien, así funcionaba desde el pacto. Una educación pública cuestionada, pero menos que hoy.


Frente a la impagable deuda externa latinoamericana, en 1989 el Consenso de Washington fijó su posición neoliberal frente a los servicios públicos obligatorios de los estados para con sus ciudadanos –salud, educación, etc.-. Se buscaba abaratar costos. En Colombia se implementaron  diferentes medidas. Como simple ejercicio, recordemos la Apertura Educativa de César Gaviria. En el 2000, el FMI y el Banco Mundial le impusieron al gobierno de Andrés Pastrana tramitar ante el Congreso el acto Legislativo 012, eufemísticamente llamado “De reforma a las transferencias”, que permitiría a ese, y a los gobiernos posteriores, mermar la financiación de la educación pública primaria y secundaria y dejarla con los mínimos, porque era inconveniente, internacionalmente hablando, eliminarla de tajo. De este Acto Legislativo de 2000, en 2001 nace la Ley 715, que además crea algunas figuras-decreto para abaratar costos, como la llamada “Racionalización educativa”, la cual por medio de un factor numérico fijaba el máximo de docentes por institución, como el resultado de multiplicar aritméticamente el número de grupos de un plantel educativo por el factor numérico 1.65 (cambiado después por 1.5). Nunca se explicó de dónde y cómo se obtuvo este factor ni cuáles fueron las razones de análisis estadístico ni el cambio. El factor fijó en 45 estudiantes eal número mínimo por aula, hasta 65 o más. Además atiborró de horas de clase, grupos por atender, proyectos escolares y reuniones a los docentes, eliminando su labor pedagógica de encuentro personal con ellos, dentro y fuera de clase, por física falta tiempo.


Esta ley también buscó la desprofesionalización docente: en adelante podría aspirar a la docencia cualquier profesional diferente a graduado en educación. Es así como han ido llegando al magisterio personas que lo buscan mientras escapan del desempleo, escampadero del que se apartan inmediatamente lo consiguen llamativo. Algunos se quedan. De éstos, hay quienes se desempeñan a satisfacción. Es corta esta columna para continuar con el “análisis de resultados” de esta ley. 


Algunos gobiernos locales o regionales hacen esfuerzos aislados para mejorar la educación, la mayoría de los cuales se proponen aumentar la cobertura, el mejoramiento cuantitativo para mostrar cifras como producto. Mejorar la calidad es un proceso costoso, con resultados visibles sólo a largo plazo y los intentos gubernamentales son escasos, políticamente inconvenientes porque no dan votos. Quizá los lamentos y las buenas las intenciones, cada tres años que se aplica la prueba, son  buen reemplazo. 


El ministro de hacienda de Pastrana en el 2000, el que promovió el acto legislativo 012, que permitió el recorte presupuestal con el nombre de “reforma a las transferencias”, se llamaba Juan Manuel Santos. El 230 también es hijo de este acto legislativo.