Columnistas

Bogotá, el futuro del servicio de aseo
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
13 de Diciembre de 2013


Con independencia del futuro del Alcalde de Bogotá, y del resultado que se derive de la defensa que adelanta, la realidad jurídica es que en el servicio del aseo, ya no será el mismo de antes

Con independencia del futuro del Alcalde de Bogotá, y del resultado que se derive de la defensa que adelanta, la realidad jurídica es que en el servicio del aseo, ya no será el mismo de antes, pues producto de tres decisiones de la Corte Constitucional como son las contenidas en las sentencias T-724-03, T-291-09 y T-387-12, los recicladores deberán tener un trato digno y los prestadores de la recolección, transporte y disposición final del material no recuperable no podrán competir con ellos.


En la actualidad en  Colombia se impone el criterio de la Corte Constitucional,   que  en asuntos como los asociados al derecho de los más pobres a acceder al mínimo vital en servicios públicos y a la necesidad de que se adopten medidas que comporten discriminaciones afirmativas en favor de los recicladores,  ha tomado decisiones que se constituyen en mandatos imperativos no solo para las empresas, sino además para todos los organismos de control.  


Aunque el núcleo de la discusión nacional ha tomado otros rumbos, la real discusión alude a la vigencia o no de la teoría del servicio público en Colombia, y así este tipo de servicios pueden tratarse como una mercancía más, y si la Ley 142 de 1994,  lo que hizo fue convertir los servicios públicos en mercancías o sí por el contrario, se trata de un régimen especial en el que lo determinante es el mejoramiento de la calidad de vida de los  Colombianos, la protección de los usuarios y la adopción de medidas en procura del servicio universal.


Sea cual sea la opción jurídica y política que se adopte en materia de servicios públicos, lo que debe tenerse como indiscutible es que la doctrina de la Corte Constitucional ha mutado a fondo el régimen aplicable a los servicios públicos, ya que  asuntos como la defensa del medio ambiente, protección de los recicladores de oficio  y el mínimo vital,   no pueden entenderse sí sólo se lee Ley 142,  pues su fundamento deriva de la Constitución y no de la Ley.


Para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico los retos que se siguen son varios: (i) la protección de los recicladores no se limitará a Bogotá, sino que debe ser aplicada en todo el país, (ii) las formulas tarifarias  en aseo deben adoptar una metodología que permita remunerar el trabajo de los recicladores; y,  (iii) la competencia en aseo debe ser reglamentada para no afectar la eficiente prestación del servicio. Lo más importante: definir “Cómo leer la Ley 142, en el contexto de la doctrina de la Corte Constitucional”


Algunos  de los temas que deben ser examinado en detalle hacen referencia a  la imposibilidad real de que el servicio de aseo  pueda prestarse en libre competencia en el mercado,  pues las condiciones en que se presta, el hecho de estar asociado a la salubridad, al derecho de acceder al espacio público, al medio ambiente y los derechos de los recicladores generan unas condiciones especiales que hacen que  no sea asimilable a otros servicios.


Es que aunque no todos estemos dispuestos a aceptarlo, el artículo 4º de la Constitución de 1991 ha variado sustancialmente nuestro sistema de fuentes del derecho, en la actualidad  debe tomarse en cuenta que la Constitución prevalece sobre las normas legales y que temas como la aplicación de los principios generales del derecho,  la soberanía popular, la equidad y el desarrollo con justicia social prevalecen sobre la literalidad de los textos normativos que expide  nuestro Congreso.


Ahora los ojos de todos deben dirigirse a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y sobre la Superintendencia de servicios públicos,  que deben sentar las bases del camino que deben seguir Bogotá y el resto del país, pues son ellas las que deben decidir si tienen razón los que afirman que un servicio como el aseo, está en libre competencia y que en consecuencia cada proveedor puede  libre mente disputarse los usuarios en el mercado, o si por el contario es  necesario “regular” la competencia por el mercado, para  que estos servicios puedan prestarse en condiciones razonables de eficiencia y se proteja su universalización y tarifas justas al usuario final.


Pero en materia de servicios públicos, todo dependerá de la manera como entendemos que el derecho es un instrumento social, pues mientras algunos formados en el derecho administrativo, optamos por  la prevalencia de lo público, la protección de los usuarios y el servicio universal, otros pueden optar por defender la libre competencia y entender que servicios públicos, no son nada diferente a bienes de mercado. Esa y sustancialmente esa,  es la diferencia.