Editorial

De Bogotá a Briceño
13 de Diciembre de 2013


Estos hechos preceden la tan promocionada tregua de las Farc, que esta vez llega con el chantaje de que se mantendrá si no se producen acciones militares.

El aceptar la teoría del M-19 y la Unión Patriótica de que la destitución del alcalde de Bogotá debe ser reconocida como una violación a los derechos políticos de los electores del doctor Petro Urrego, representantes de organismos multilaterales, como el señor Tom Howland, delegado en Colombia de la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos que anunció que se entrevistará con el procurador Ordóñez para tratar este tema, o el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, señor Kevin Whitaker, quien descalificó la actuación del disciplinante, se acogieron al principio de universalidad de los derechos humanos como argumento para saltarse la barrera que impide a los diplomáticos intervenir en la política interna de los países a los que han sido delegados.


A 118 kilómetros de Medellín y en el que se considera corredor de las Farc entre el Nudo de Paramillo y las zonas de cultivos ilícitos y minería ilegal en el Norte y el Bajo Cauca de Antioquia, se encuentra el municipio de Briceño, habitado (datos de 2012) por 9.115 personas que derivan su sustento de su trabajo en la agricultura y ganadería de leche; también en la minería ilegal y en los cultivos ilícitos, dos de los negocios en que están involucradas las Farc.


En los últimos días, el municipio fundado en 1886 recibió amplio despliegue en los medios de comunicación antioqueños y un poco en algunos nacionales, por la cartilla “Lucho y Paulina”, producida por la Gobernación de Antioquia, Unicef y el Programa Presidencial contra las minas, que les enseña a los niños a leer ¡y a caminar! de manera que eviten las mortíferas minas antipersonal sembradas por las Farc, que en solo este año han producido lesiones a veinte personas en ese municipio.  Como expresaba nuestro columnista Henry Horacio Chávez este doloroso hecho nos ha llevado a que exijamos que “los niños puedan tomar el camino a la escuela por el atajo que mejor les parezca, saltar, jugar sin miedo, pero sobre todo, sin el riesgo de pisar en el lugar equivocado”. Inquieta, también, que el imperativo de cuidar la vida haga necesario enseñar a temer el entorno destrozado por los interlocutores del Gobierno en La Habana. 


Briceño reapareció esta semana, fugazmente en los medios nacionales que no parecían tener ojos y oídos más que para el asunto Petro-Ordóñez, por el atentado con bomba contra un retén de Policía, que le costó la vida al docente y promotor cultural Jonatan Zapata Castañeda, y causó graves heridas a uno de los patrulleros. Así temamos que sean clamor en el desierto, recogemos las palabras en que han coincidido el doctor Santiago Londoño Uribe, secretario de Gobierno de Antioquia, y los voceros de Empresas Públicas de Medellín, para denunciar este atentado contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y exigir a las Farc que “deje de atentar con artefactos explosivos  y minas antipersonal e informe los sitios de ubicación de estas armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario”.


El sábado, cuando se preparaban para el mercado, el evento más importante de la semana y la fuente de los intercambios económicos locales, los habitantes de Inzá fueron atropellados por explosiones con artefactos artesanales que mataron a nueve personas, siete de ellas servidores públicos. Este municipio, situado a 91 kilómetros al oriente de Popayán, es habitado por 26.895 personas, en su mayoría campesinos que después del dolor sufrido tuvieron que soportar el despliegue mediático a su justiciero, un jefe guerrillero que justificó el atentado porque la Policía no debería tener comandos en zonas urbanas, mientras sus exigencias de respeto apenas si aparecieron como telón de fondo a una noticia que empieza a ser olvidada por los colombianos. 


Estos hechos, y otros como el atentado en Angostura a una empresa forestal insigne por su responsabilidad social y que desde ayer tuvo que suspender labores y dejar cesantes a más de 250 trabajadores, preceden la tan promocionada tregua de las Farc, que esta vez llega con el chantaje de que se mantendrá si no se producen acciones militares, como si las Fuerzas Armadas y la Policía pudieran renunciar a sus obligaciones constitucionales de protección a la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Han transcurrido siete días del atentado contra la comunidad que iba al mercado de Inzá, pasan de 24 las horas del atentado explosivo en Briceño. En ambos, como en tantos otros, servidores públicos que cuidan la vida de todos y varios ciudadanos perdieron la vida y sufrieron lesiones, muchas de ellas irreparables. Estos colombianos aun esperan las voces de los embajadores y voceros de la “comunidad internacional” que reclamen por la protección y el respeto a sus derechos, indiscutiblemente violados por las Farc.