Columnistas

La Procuraduría merece respeto
Autor: Gabriel Zapata Correa
13 de Diciembre de 2013


Pocas veces en los últimos años, el país se había visto envuelto en una polémica institucional de gran magnitud, por cuenta de un fallo de un organismo de control, como la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Alejandro Ordóñez Maldonado

Pocas veces en los últimos años, el país se había visto envuelto en una polémica institucional de gran magnitud, por cuenta de un fallo de un organismo de control, como la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Alejandro Ordóñez Maldonado, un hombre recto, de principios, que ha demostrado carácter y eficiencia en el ejercicio de sus funciones.


La polémica, que no baja de calor, obedece sin duda a la que puede ser la noticia política del año, sin duda. El procurador General de la Nación sancionó al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en primera instancia, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 15 años.


Tres fueron los hechos que motivaron la investigación y la sanción del alcalde: Haberle entregado la recolección de basuras a la Empresa de Acueducto de Bogotá, pese a haber sido advertido en diversas ocasiones, que dicha entidad carecía de condiciones y experiencia para desempeñar esta tarea; haberse opuesto a la participación de otras empresas que sí acreditaban experiencia, y finalmente haber autorizado que este servicio fuera prestado por volquetas, poniendo en riesgo la salud de la comunidad. Estas fueron las actuaciones que la Procuraduría calificó como faltas gravísimas a título de dolo y que motivaron la enérgica sanción.


La reacción del alcalde Petro era de esperarse, pues como él afirma, si tiene 53 años, cuando cumpla la suspensión tendrá 68, lo cual, según él “es una cadena perpetua”. Pero debo decir que su intervención en la Plaza de Bolívar se constituyó en un verdadero desafío a las instituciones, especialmente al Ministerio Público, cuya función de vigilancia disciplinaria está consagrada en la Constitución. Y el alcalde Petro debió analizar a qué clase de medidas se estaba exponiendo cuando decidió cambiar el modelo  de recolección de basuras, no obstante además, haber sido advertido por la Contraloría y por varios expertos en el tema.


Lastimosamente la ambigua reacción del ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, cuando se conoció la noticia en un acto público en el que acompañaba a Gustavo Petro, le sirvió en bandeja al alcalde la oportunidad para reaccionar contra las instituciones, e inclusive desafiar la reacción del presidente Santos, quien nada tiene que ver ni en el fallo ni en su posible aplicación. Igualmente, considero inoportuna la intervención del delegado de la ONU para los Derechos Humanos Tood Howland, quien le pidió explicaciones públicas al Procurador por la sanción al alcalde, como si se tratara de un funcionario que actúa bajo sus órdenes y vigilancia. Me pareció oportuna la intervención del ministro del Interior, Aurelio Iragorri, pidiendo que se acate el fallo de la Procuraduría y exigiéndole al vocero de la ONU que no se inmiscuya en los asuntos internos de nuestro país.


La polémica se enciende ahora sobre la legalidad del fallo del Procurador. Aunque les duela a muchos, la Constitución le permite a Ordóñez actuar con claridad en el marco jurídico, lo cual nos lleva a concluir que su determinación debe ser acatada con respeto, aunque se debata. De todas maneras me parece sano que se dé el debate sobre los alcances de la Procuraduría General de la Nación y en particular sobre la facultad para destituir a los funcionarios que han sido elegidos por el voto popular.


Sobre el caso específico del modelo de recolección de basuras escogido por Petro, ya existen otras conclusiones sobre el daño patrimonial, el cual podría llegar a los $99 mil millones con cargo a las finanzas distritales, según la Superintendencia de Industria y Comercio.


Ahora queda el tapete la preocupación de todos por el futuro de Bogotá, que aún no se ha repuesto del atraco despiadado de que fue objeto de parte de la administración anterior y cuyo monto aún no se ha calculado. Y se avecina una época de interinidad que debe afrontarse con seriedad, para que la ciudad no se paralice en forma definitiva. No es el momento de cambiar políticas y programas, pero quien asuma mientras se convoca a elecciones y quien salga electo, deben ambos mantener la línea de trabajo para no golpear más el desarrollo del Distrito.


Tres banderas de Petro se deben mantener: su apuesta por los más necesitados, la consolidación del Sistema Integrado de Transporte y la garantía de una política de derechos para los más pobres. Aunque ante todo nos debe quedar la lección de que las instituciones deben respetarse, sobre todo cuando actúan en el marco de la Constitución y la Ley, como lo ha hecho en este caso la Procuraduría General de la Nación.