Editorial

Clamor desde las regiones
27 de Noviembre de 2013


Al documentar y denunciar los actos de terrorismo contra ciudadanos representativos (…), los gobernantes y comunidades están cumpliendo con sus deberes ciudadanos.

Para la mañana de hoy está prevista la manifestación cívica convocada por el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, con el fin de protestar contra el homicidio del concejal Donaldo Sánchez Lizarazo, miembro de la Alianza Verde, hecho atribuido al Eln, y denunciar las amenazas que enfrentan los ochenta cabildantes de ese departamento, que retiraron su decisión de renunciar a sus dignidades después de que la Unidad Nacional de Protección les ofreciera medidas de seguridad personales.


El pasado fin de semana se conoció el reclamo de justicia elevado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia a raíz de sucesivos crímenes contra líderes reconocidos del departamento del Cauca. El organismo denunció los crímenes contra la campesina Adelina Gómez Gaviria, ocurrido el 30 de septiembre en Almaguer, suroriente de ese departamento; el médico tradicional nasa Miguel Angel Conda, ocurrido el 15 de noviembre en el resguardo de Jambaló, municipio de Caldono; y el del líder de campesinos desplazados Sergio Ulcue Perdomo, ocurrido el 17 de noviembre en área rural de ese municipio del nororiente caucano. 


Al documentar y denunciar los actos de terrorismo contra ciudadanos representativos en tanto son dignatarios políticos, en el caso de los concejales, o voceros legítimos de comunidades organizadas en la defensa de sus territorios e intereses comunes, como los líderes del departamento del Cauca, los gobernantes y comunidades están cumpliendo con sus deberes ciudadanos, según lo establecido en el Artículo 95 de la Constitución Política, especialmente el consagrado en los numerales segundo, que demanda “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”; y cuarto, que exige “defender  y  difundir  los  derechos  humanos  como  fundamento  de  la convivencia pacífica”. De contera, con actividades como las denuncias y marchas como la que se ha planeado para hoy, los ciudadanos fortalecen las instituciones democráticas, blanco de bandas terroristas de extrema izquierda y extrema derecha.


A través de un anónimo publicado en Anncol, voceros de las Farc confirmaron los planes de asesinato del expresidente Uribe y amenazaron con mantener sus actividades terroristas, proscritas por la carta de Derechos Humanos de la ONU y los protocolos de Ginebra, que consagran las normas del Derecho Internacional Humanitario y en forma explícita prohíben crímenes contra civiles o personas en situación de indefensión. Creando falsas justificaciones a sus amenazas, la guerrilla usa el acuerdo de avanzar en las conversaciones de La Habana en medio del conflicto como sofisma distractor del debate pendiente sobre las responsabilidades de esa guerrilla en crímenes de lesa humanidad, como los que amenaza seguir cometiendo, en chantaje inadmisible al Estado.


Las denuncias de los araucanos y las valientes y civilistas comunidades indígenas del Cauca, y hechos menos denunciados en otras regiones del país, como Putumayo o La Guajira, revelan las dificultades de regiones rurales que reciben poco espacio en los grandes medios a pesar de que siguen enfrentando las amenazas de grupos terroristas que actúan con mayor libertad porque encuentran refugio dorado gracias a la complicidad de los gobiernos de países vecinos, o porque se protegen en refugios como los que lograron armar en las montañas del Cauca, región de sus orígenes.


Las comunidades que han sufrido los embates del terrorismo reclaman protección de autoridades instituidas, dice el Artículo 2 de la Constitución, “para  proteger  a  todas  las  personas  residentes  en  Colombia,  en  su  vida,  honra,  bienes,  creencias,  y  demás derechos y libertades”. El doctor Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, ha asumido ese deber con la convicción de que las Fuerzas Militares deben combatir las bandas criminales hasta conseguir que dejen de ser una amenaza para el Estado y la sociedad colombiana. Quienes le fallan a la ciudadanía que los eligió son los colombianos investidos que incumplen sus obligaciones constitucionales cuando reclaman la renuncia del doctor Pinzón, alegando que él, y no las guerrillas y las bacrim, “quiere más muertos en Colombia y no desea, ni trabaja, por la paz del país”, como lo hizo un despistado -¿o interesado?- representante a la Cámara.