Editorial

Petici髇 al fiscal Eduardo Montealegre
24 de Noviembre de 2013


Elevamos una solicitud formal al doctor Eduardo Montealegre a fin de que explique a las v韈timas en procesos ya fallados por los delitos 揳fectaci髇 en persona protegida, desaparici髇 forzada, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado

Diez guerrilleros del “Bloque Oriental” de las Farc encabezados por alias “Martín Sombra” fueron llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación, que les imputó cargos por “crímenes de guerra, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y delitos de lesa humanidad, como afectación en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y toma de rehenes”, a raíz de hechos como los secuestros de dirigentes de Caquetá, Guaviare y Meta, así como el de la excandidata Ingrid Betancourt y su asesora, la doctora Clara Rojas. También los imputaron por ataques armados a Mitú y otros municipios de los departamentos de Meta y Guaviare. Según el comunicado de la Fiscalía General de la Nación, esta imputación hace parte del plan de “priorización de máximos responsables paramilitares y de subversión” con que la entidad “pretende reparar a todas las víctimas del conflicto armado”. ¿Qué pretende el fiscal General de la Nación al presentar esta decisión contra dos jefes de frente, como hecho pionero en la justicia colombiana? 


El 28 de marzo de 2008, el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la condena a 40 años de prisión proferida por el Juzgado Segundo Especializado del Circuito de Antioquia contra los guerrilleros Aicardo de Jesús Agudelo Rodríguez, (a. “el paisa”), jefe del frente 47 de las Farc, y Óscar Úsuga Restrepo (a. “Isaías Trujillo”), Luciano Marín Arango (a. “Iván Márquez”), Pedro Antonio Marín (a. “Tirofijo” o “Manuel Marulanda”), Luis Édgar Devia Silva (a. “Raúl Reyes”), Noel Matta Matta (a. “Efraín Guzmán”), Rodrigo Londoño Echeverri (a. “Timochenko”); Henry Castellanos Garzón (a. “Romaña”); Jorge Enrique Briceño Suárez (a. “Mono Jojoy”), y Guillermo León Sáenz Vargas (a. “Alfonso Cano”), en su calidad de “determinadores del concurso de delitos de dos homicidios en persona protegida, toma de rehenes, actos de barbarie y rebelión” perpetrados contra los secuestrados Guillermo Gaviria Correa, Gilberto Echeverri Mejía y ocho militares que con ellos se encontraban secuestrados. Estos hechos, precisó el tribunal, están tipificados en “el título segundo del libro segundo del Código Penal, delitos contra personas y bienes protegidos en el Derecho Internacional Humanitario”, según reza la sentencia.


Los miembros del secretariado de las Farc tienen, entre otras, las condenas a 40 años proferida por el Juzgado Noveno Especializado de Bogotá, por la muerte de una mujer y su hija de 5 años a consecuencia de la explosión de una bicicleta bomba puesta por las Farc en el barrio Fátima, de Bogotá, ocurrido en enero de 2002; la de 31 años de prisión, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, por atentado terrorista en Puerto Rico, Meta, que provocó la muerte de un vendedor, dos menores de edad, un teniente del Ejército y dos soldados que se encontraban en situación de indefensión. La cúpula de la guerrilla ha sido condenada por la masacre de Bojayá, los crímenes en el ataque a la base militar de Patascoy, el magnicidio de monseñor Isaías Duarte, entre otras. Un reciente documento de la Procuraduría General de la Nación señala que “hasta ahora, 218 miembros de las Farc, entre los que están ocho miembros del secretariado, y 28 miembros del Eln, han sido condenados por conductas que constituyen crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, incluidos homicidios, desplazamientos forzados, toma de rehenes, torturas y reclutamientos de niños”.


Elevamos una solicitud formal al doctor Eduardo Montealegre a fin de que explique a las víctimas en procesos ya fallados por los delitos “afectación en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y toma de rehenes”, las razones por las que insiste en que, como declaró el pasado 5 de noviembre “no han existido condenas por parte de ningún juez de la República por lesa humanidad” para miembros de la guerrilla de las Farc. En esta petición fundamentada en la Constitución Nacional solicitamos al doctor Montealegre explicar por qué en declaraciones del pasado 5 de noviembre señaló que los desmovilizados de las Farc pueden acceder a las corporaciones públicas, ello a pesar de que el Artículo 179 de la Carta Política precisa que no podrán ser congresistas “quienes hayan sido condenados en cualquier época, por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.