Editorial

Confusi髇 y miner韆
23 de Noviembre de 2013


Financia la guerra de grupos ilegales de extrema izquierda y extrema derecha, que cambiaron la producci髇 de coca, cada vez menos rentable y m醩 combatida por las autoridades, por la explotaci髇 ilegal de oro.

Las asonadas en el municipio de Buriticá contra las autoridades que realizan el desalojo de los mineros ilegales que explotan oro en la zona declarada de calamidad tras el derrumbe del pasado 18 de octubre, dejaban, al cierre de esta edición, dos mineros muertos, siete policías heridos y tres personas más lesionadas; rastros del uso de fusiles, armas cortas y explosivos por parte de los mineros amotinados contra el Ejército y la Policía, y nuevas evidencias sobre los lazos que conectan a la minería ilegal y las organizaciones criminales responsables del conflicto armado colombiano, especialmente la guerrilla y las bacrim.


La minería artesanal es una actividad ancestral que ocupa a familias tradicionales en regiones con historia minera, bien sea aurífera, bien carbonera. En el oro, el mayor daño, que no es poco ni inocuo, es resultado del uso del mercurio en cantidades que afectan los caudales en un proceso lesivo y acumulativo en la cadena trófica y que hoy se busca combatir con proyectos impulsados por algunas de las compañías de la gran  minería o por entidades públicas como Corantioquia, que apoyan programas asociativos de los mineros tradicionales a fin de mejorar sus prácticas productivas, entre ellas la sustitución del mercurio  por tecnologías limpias. Esa minería, histórica y pobre, ha sido usada como mampara de la minería ilegal, practicada a mediana escala con impactos desastrosos para el medio ambiente.


Entre los años 2009 y 2013, los entables mineros medianos en las laderas del municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, pasaron de tres a cerca de 150. En ellos se ocupan por lo menos tres mil personas, muchas de ellas migrantes que son responsables de la explosión demográfica en un municipio que en el año 2009 tenía 6.829 pobladores, según las proyecciones del Dane, y hoy se acerca a los diez mil. En estos entables, mercurio en mano, se procesa el oro que los mineros extraen de socavones que resultan de excavaciones hechas sin técnica y exploradas por personas que carecen de protección física y de garantías de seguridad social, y que, muchas de ellas tal vez sin saberlo, están produciendo la riqueza que financia la guerra de grupos ilegales de extrema izquierda y extrema derecha, que cambiaron la producción de coca, cada vez menos rentable y más combatida por las autoridades, por la explotación ilegal de oro, recurso fácilmente comercializable, rentable y poco vigilado. 


Las autoridades que han iniciado el desalojo de los entables ilegales en Buriticá están dando un primer, y difícil paso, hacia la protección de las vidas humanas en riesgo, de las aguas y el aire afectados por la manipulación masiva e indebida de mercurio y a fin de darle orden, transparencia y legalidad a la minería. Esa decisión, tal vez un poco tardía, debe estar acompañada por las autoridades ambientales, de las que se esperan prevenciones y sanciones, pero también el inicio de actividades de restauración de los terrenos dañados, y por las judiciales, que han permanecido de espaldas a un fenómeno cuyos responsables empiezan a demostrar que pueden amenazar hasta a la Fuerza Pública, un atrevimiento que solo tiene quien se siente con poder para enfrentarla con éxito.


Las confusiones que han facilitado que la minería ilegal pueda ocultarse tras las necesidades de la minería tradicional, también han favorecido que sectores interesados y circunstantes despistados prohíjen la pérdida de perspectiva sobre la minería legal, que ha alcanzado desarrollos técnicos y capacidades operativas suficientes para realizar su actividad en forma confiable, segura, protectora del medio ambiente y responsable con sus trabajadores. Esa actividad no solo es legítima, también es deseable para un país que tiene gran potencial de explotación de recursos mineros en regiones aptas para esa actividad y necesitadas de inversiones que favorezcan su desarrollo integral y el de sus trabajadores. 


La claridad de las autoridades frente a la minería comienza por tomar la decisión de evitarla cuando es instrumento de delincuentes y medio para arrasar con la vida y el ambiente, avanza con las medidas de educación y apoyo a los mineros que pueden mejorar sus prácticas para mantenerse en actividades ancestrales y se consolida al ofrecer garantías al trabajo legal y organizado, que deberán vigilar en cumplimiento de las normas legales y el sentido de protección de la población y los recursos naturales.