Columnistas

Necesidad de una política de protección de los recicladores
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
15 de Noviembre de 2013


No obstante que ya la H. Corte ha tenido que pronunciarse en una sentencia de constitucionalidad [C-793-09], en tres de tutela y en diferentes autos sobre los derechos de los recicladores y sobre la forma como debe adelantarse la reglamentación

No obstante que ya la H. Corte ha tenido que pronunciarse en una sentencia de constitucionalidad [C-793-09], en tres de tutela y en diferentes autos sobre los derechos de los recicladores y sobre la forma como debe adelantarse la reglamentación y la regulación de la actividad de aprovechamiento, en especial el reciclaje y la dignificación de los recicladores, el tema no ha tomado la dimensión que es de esperarse, pues en el sector de aseo, al parecer es más importante saber en qué condiciones las empresas ingresan la “mercado”, que la manera como se prestan los “servicios” y las medidas que se adoptan en beneficio de un sector tan vulnerable de la sociedad, como son las personas que se dedican en forma directa y personal al oficio del reciclaje.


No puede olvidarse que en casos tan importantes como los relativos a la prestación del servicio de aseo   en Cali [T-291-09], Bogotá [T-724-03], y Popayán [T-387-12]la Corte Constitucional ha debido pronunciarse sobre la forma como se organiza el servicio de aseo y ha venido construyendo una verdadera línea jurisprudencial,  en la que en la práctica se separa la prestación del servicio de recolección, transporte y deposito final de residuos no aprovechables, de la recolección, transporte y aprovechamiento del material reutilizable; lo que sugiere que se trata de dos tipos diferentes de servicios, de los cuales el aprovechamiento requiere de un trato y protección jurídica especial, que en otros términos son acciones afirmativa o discriminaciones positivas a favor de los recicladores de oficio.


Aunque en la actualidad se tramita un proyecto de Decreto que modifica el Decreto 1713 de 2003 y se avanza  en una nueva regulación tarifaria del servicio de aseo,  según lo propuesto en la Resolución CRA 643 de 2013, propuesta por la CRA, no parece aún suficiente lo que se hace en este tema, pues además de los avances normativos de tipo administrativo, deben activarse otro tipo de decisiones de políticas tanto legislativas a cargo del Congreso, como de decisión originadas en acciones y medidas afirmativas adoptadas por las autoridades territoriales.


Frente a las condiciones de precariedad en que se presta el reciclaje y frente a la exclusión de un sector tan significativo de la población colombiana, debemos avanzar rápidamente en lo relativo a la clasificación en la fuente del material desechable,  en la aplicación del comparendo ambiental a quienes no lo hagan, en la tarea de organizar y adecuar centros de acopio y parques de reciclaje, en la de regularizar la cadenas de construcción de valor para la venta y utilización del material reciclado, y en la de organizar, dignificar y remunerar adecuadamente a los recicladores.


En desarrollo de la descentralización, la autonomía local, la democracia participativa y la realización de los principios y valores constitucionales, las autoridades locales deben tomar las banderas de hacer de la igualdad y de la equidad una forma de vida y son los llamados a acoger de primeros la doctrina de la Corte Constitucional y adoptar, diferentes tipos de medidas y de acciones tendientes a la protección del medio ambiente, la defensa del espacio público y los derechos colectivos, y especialmente que dignifiquen las personas que se dedican al reciclaje.


Todos deberíamos participar muy activamente, para que en la nueva reglamentación y en la regulación del servicio se aseo, se actué en la vía correcta, y en que se reconozca que sobre este tipo de temas la Ley 142 no es suficiente para entender adecuadamente el sector de los servicios, pues para la Ley, el aprovechamiento es tan solo una actividad complementaria del aseo y nada más.


Si no se nos olvidara a cada momento que el núcleo de la teoría del servicio público es la solidaridad y que el principal objetivo del derecho administrativo contemporáneo es la protección de los derechos colectivos y los de los más débiles, seguramente, antes de pensar que la ley 142, eliminó las barreras de acceso a los mercados, pensaríamos en la dignidad y humana y en el derecho que tienen los recicladores de que se adopten unas acciones afirmativa a su favor. 


Temas como la adopción de discriminaciones positivas a favor de los recicladores  y la reglamentación del derecho al mínimo vital en servicios públicos y TIC, nos motivan a seguir en la construcción de una teoría del servicio público.