Columnistas

La reforma de la educación superior según la Mane
Autor: Dario Valencia Restrepo
15 de Noviembre de 2013


Cuando en Colombia se propone una reforma de instituciones o normas, no falta quien diga que se trata de una reforma pequeña, de efecto marginal, y que antes es fundamental realizar una reforma estructural.

Cuando en Colombia se propone una reforma de instituciones o normas, no falta quien diga que se trata de una reforma pequeña, de efecto marginal, y que antes es fundamental realizar una reforma estructural. Suele ocurrir que a la postre no se hace ninguna de las dos. Ojalá no sea eso lo que está ocurriendo con la necesaria reforma a la educación superior que se viene debatiendo desde hace casi tres años.


En noviembre de 2011 el Gobierno Nacional retiró del Congreso un proyecto de ley que había presentado con el propósito de reformar la educación superior, retiro que se debió a la fuerte oposición de un movimiento estudiantil que se ganó la simpatía de la opinión por la forma pacífica e innovadora como adelantó sus protestas. Viene a la mente la fotografía del estudiante que abraza a un agente de policía en plena manifestación. La ministra de Educación señaló que se había presentado dicho proyecto después de amplia discusión y de haberle introducido un 60% de cambios en el proceso.


Fue notable que el proyecto en cuestión eliminase el aspecto más negativo, la autorización que tendrían entidades con ánimo de lucro para ofrecer programas académicos, y que a la vez proporcionase un respiro financiero a las universidades de origen estatal, al proponer unos aportes nacionales que cada año crecerían un porcentaje dependiente del aumento del PIB, el cual se sumaría al vigente incremento igual al IPC. No era lo mejor pero aceptable ante la incertidumbre de reformas estructurales cuya elaboración tomaría mucho tiempo y podría conducir a discusiones interminables y posiblemente irreconciliables entre Gobierno y estudiantes.


Casi dos años después, en septiembre pasado, la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, Mane, presentó un documento con los “Elementos preliminares de articulado para la propuesta de ley alternativa de educación superior”, seguido de 138 artículos que son sometidos a “la discusión colectiva y la crítica constructiva de todos los sectores sociales y estamentos de las diferentes instituciones de educación superior…” Ver texto completo en manecolombia.blogspot.com/2013/10/a-lasociedad-colombiana-elementos.html


Dicho articulado tiene aspectos excelentes, por ejemplo cuando habla de la definición y fines de la educación superior, la autonomía académica y las libertades de cátedra, aprendizaje e investigación. Pero en consideración a su gran extensión y carácter algo discursivo, es mejor aprovechar la invitación a la crítica para referirnos a dos aspectos muy inconvenientes.


Lo primero que debe decirse es que la universidad no es una democracia pues la creación y difusión del conocimiento no es un asunto de mayorías. Además, las autoridades deben escogerse por méritos académicos, no por votaciones ponderadas como la propuesta para escoger rector: profesores 35%, estudiantes 35%, trabajadores 20% y egresados 10%. Es bien posible que lo anterior lleve a introducir en el campus uno o varios de los vicios de la politiquería tradicional en Colombia: clientelismo, promesas al por mayor, elección de incapaces y corrupción.


Tampoco es aceptable que el Estado garantice educación superior gratuita para todo el mundo, uno de los ejes del articulado. No se debe subsidiar a aquellos de estratos altos que pueden pagar el costo real de sus estudios, pues para ellos el gasto en educación superior constituye una inversión muy rentable. Sus casi seguras posiciones profesionales les permitirán recuperar con facilidad y con creces dicha inversión.


A quienes todavía hablan de una supuesta extraterritorialidad del campus universitario, es bueno citarles literalmente el Artículo 22 de un documento que en buena medida procede de la base estudiantil: “Autonomía del campus. El Estado garantizará que los conflictos en el interior de las IES sean resueltos mediante los mecanismos definidos por la comunidad educativa. En todo caso el ingreso de la fuerza pública a las IES será concertado de manera democrática por la comunidad educativa que componga los órganos de gobierno definidos para ello en su reglamentación interna.”