Editorial

Cuando quedan heridas abiertas
15 de Noviembre de 2013


Ese modelo de perdón sin verdad ya no es aceptable, y apresurar el proceso persiguiendo un espejismo de paz, sólo logrará diluir las culpas de unos y dejar las heridas abiertas de muchos, para pretender después sanarlas castigando chivos expiatorios.

Acaban de concluir en Brasilia las dos audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, en el caso Víctimas del Palacio de Justicia vs Estado colombiano. En ellas, como había anunciado, el Gobierno Nacional ofreció disculpas por la desaparición y muerte de Irma Franco, guerrillera, y Carlos Rodríguez Vera, administrador de la Cafetería, también durante las mismas conoció los argumentos de quienes culpan al Ejército por la desaparición de otras nueve de las más de cien personas muertas en esa trágica batalla; así como se conocieron explicaciones de testigos privilegiados, como el doctor Jaime Castro, exministro de Gobierno, que pueden reabrir discusiones sobre los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. 


Sin desconocer el indulto brindado tras las negociaciones de paz del M-19, como hace algún tiempo se intentó, el análisis de la toma y recuperación del Palacio de Justicia exige retomar los elementos identificados en 28 años de debate sobre los hechos, las omisiones y las responsabilidades en esa gran tragedia, lo que pasa por no olvidar, reconociendo la vigencia de la amnistía que la favoreció, que la responsabilidad por la ocupación armada del edificio y la posterior toma de rehenes es de la guerrilla que la organizó y ejecutó, como precisó el exministro Castro indicando que “cuando asaltan el Palacio de Justicia tenían el propósito claro de usurpar el poder”. 


La actuación del Estado en la Toma del Palacio de Justicia se dio en atención a su mandato de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos y la seguridad el Estado; ello significa que es necesario diferenciar entre errores, culpas y responsabilidades y aclarar las diferencias entre las equivocaciones que pudieron cometer los responsables de la recuperación del edificio y los delitos en que pudieron haber incurrido, así como aclarar los niveles de culpa. Ese análisis debe reconocer las circunstancias que al momento de esos hechos el país no tenía un ejército con los niveles de profesionalización que se han logrado, ni una rama de investigación judicial con la especialización que tiene la Fiscalía; y no se puede olvidar que esa fue una caótica batalla librada con miedo y dolor, en un edificio cerrado y lleno de rehenes, en la que los atacantes no respetaron ni a la Cruz Roja y se cometieron imprudencias y errores que tuvieron altos costos en vidas, a pesar de la intención de salvarlas con que entró el Ejército.


¿Se cometieron crímenes dentro del Palacio? Aun faltando la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional ha decidido aceptar ante la Cidh la responsabilidad del Estado en dos casos de desaparición forzada y ha desestimado las pruebas presentadas por la acusación en otros nueve, entre ellos el muy doloroso del exmagistrado Carlos Urán. No obstante la sentida petición de perdón, la Defensoría del Estado no logró ese gesto por parte de los acusadores que persisten en seguir hurgando en la herida con decisiones como la de pedir una investigación disciplinaria para el exministro Castro, determinación que hace temer por el afán vindicativo, que no aclarativo, de los quejosos ante el sistema interamericano.


Tras su comparecencia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, dábamos por satisfecha la necesidad de conocer las explicaciones del expresidente Belisario Betancur en este caso. Sin embargo, las declaraciones de su exministro de Gobierno (hoy Interior) indicando que “el operativo mismo, si hubo excesos o no, eso es responsabilidad de los militares. El presidente (Betancur) no asumió la dirección de los operativos de guerra”, son desafortunadas dada su condición de jurista reconocido que debe entender el significado de la cadena de mando en las Fuerzas Militares, además de desleales con los hombres que libraron tan dura batalla para mantener la democracia. Un comandante no renuncia a sus responsabilidades.


En su visita a Colombia, el pasado agosto, Joaquín Villalobos, asesor de procesos de paz, y exguerrillero salvadoreño ha valorado el papel de la Comisión de la Verdad como pilar de la reconciliación en ese país. Que la herida por los hechos del Palacio de Justicia siga pesando sobre la vida institucional del país, y hoy se quiera trasladar la culpa a la parte que le tocó defender al Estado ante los ataques de quienes hoy no pueden ser llamados a responder, debe ser una lección para no repetir en nuevas negociaciones, como la que se encuentra en curso. Ese modelo de perdón sin verdad ya no es aceptable, y apresurar el proceso persiguiendo un espejismo de paz, sólo logrará diluir las culpas de unos y dejar las heridas abiertas de muchos, para pretender después sanarlas castigando a chivos expiatorios.