Política

Why is the Law of Guarantees in effect?
¿Por qué rige la Ley de Garantías?
Autor: José Ignacio Mejía / Nacho
13 de Noviembre de 2013


La falta de especificación de un parágrafo de esa norma legal prohibió desde el pasado sábado los convenios interadministrativos en los gobiernos territoriales.


Muchas personas se preguntaron el pasado sábado 9 de noviembre por qué desde ese día los medios informativos nacionales divulgaban que entró a regir la Ley de Garantías Electorales, si para los comicios presidenciales del 25 de mayo faltan más de seis meses, y las restricciones en materia de contratación pública solo habla de cuatro meses antes de esas elecciones.


Este interrogante obviamente ha suscitado muchas dudas entre personas que necesitan contratar con los diferentes niveles del Estado colombiano, como son la Nación, los departamentos, los municipios y sus respectivos entes descentralizados.


La causa para que ello ocurra y para dar claridad en torno a las dudas y al desconocimiento que tienen muchos colombianos, se encuentra en uno de los artículos de la citada Ley de Garantías, que fue aprobada en el 2005 con motivo del cambio constitucional que revivió en Colombia la reelección presidencial, que a la postre se dio en el 2006 con el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez.


Para ofrecer transparencia y posibilidades de competencia a los rivales del Presidente entró a regir esa norma legal, que señala las pautas sobre restricciones en la contratación pública durante la campaña electoral previa a elegir presidente y vicepresidente.


No especificó


Pero por qué comenzó a tener vigencia desde el 9 de noviembre pasado y no desde el 25 de enero próximo cuando faltarían cuatro meses para los comicios presidenciales, tal como lo dispuso esa norma del 2005.


Porque en esa misma ley se introdujo un parágrafo en el artículo 38 que ordena prohibición durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, sin especificar el tipo de elecciones.


Y como la próxima jornada electoral será el 9 de marzo para el Congreso de la República y el Parlamento Andino, en consecuencia, a partir del pasado sábado comenzó a regir una veda en la contratación pública para otro tipo de campañas electorales, distinta a la presidencial.


En concreto ese parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías impide la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos para los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital.


Qué es un convenio interadministrativo, pues es aquel que se realiza entre dos entes públicos, como, por ejemplo, una entidad del Gobierno Nacional y un municipio.


En lo nacional


Para el caso concreto de la casi segura aspiración reeleccionista del vigente jefe del Estado, Juan Manuel Santos, hay claras limitaciones en la Ley de Garantías.


Su artículo 33 establece la veda de contratar  directamente durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el Presidente de la República sea elegido.


Este artículo consagra excepciones para los contratos relativos a la defensa y seguridad del Estado, crédito público y los requeridos para atender emergencias y para la reconstrucción de infraestructura afectada por acciones terroristas, desastres naturales o eventos de fuerza mayor.


Esta limitante cobija a todos los entes del Estado, sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía.


Y como esta elección es el 25 de mayo de 2014, el período de campaña presidencial inicia el


25 de enero, a partir del cual queda prohibida la contratación directa.


Pero de forma exclusiva limita la contratación del presidente y del vicepresidente a partir de la fecha en la cual declaren públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidatos, lo cual deben hacer a más tardar seis meses antes de la votación de primera vuelta, o sea, este 25 de noviembre próximo.



Tener muy en cuenta

La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, del Estado colombiano hizo claridad sobre la aplicación de la Ley de Garantías.


Precisó que la prohibición de que trata el artículo 33 de esa ley está referida exclusivamente a la contratación directa.


Por lo anterior, los procesos de contratación en los cuales la entidad seleccione al contratista a través de cualquier otra modalidad de selección están permitidos.


Y puntualizó que se debe tener en cuenta que los contratos o convenios interadministrativos son una forma de contratación directa.