Editorial

La sesiones de la Cidh
10 de Noviembre de 2013


Permitir causas simult醤eas en las instancias nacionales e internacionales es desconocer los estados de derecho y propiciar actuaciones m醩 pol韙icas que jur韉icas de parte de los organismos internacionales.

El viernes, al concluir su 149 período ordinario de sesiones, lo siete magistrados que integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron sus reflexiones y conclusiones tras presidir 114 audiencias cumplidas desde el 24 de octubre a fin de conocer y analizar las posturas de organizaciones ciudadanas y gobiernos de 18 países en torno a hechos conflictivos en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Las audiencias son realizadas a petición de los quejosos y por decisión de los comisionados, que este año descartaron 260 solicitudes.


El documento, disponible en el sitio http://www.oas.org/es/cidh/, amerita profundizar en el debate sobre situaciones como la de Ecuador, cuya ausencia en las audiencias fue notoria; en novedades como la que incorpora la gran minería y la agroindustria como actividades a analizar en perspectiva de derechos humanos, y en ausencias como la evidente falta de referencia a las denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad venezolana, que asiste indefensa, ahora mucho más, al cercenamiento de sus libertades y al abuso del poder que coarta su participación democrática y sus libertades de asociación, expresión y formación de empresa.


El 31 de octubre, a las 9 de la mañana, tuvo lugar la audiencia “Protesta social en Colombia”, solicitada por 16 organizaciones, encabezadas por el Colectivo José Alvear Restrepo, Fensuagro, organizaciones del Catatumbo y el Comité de Solidaridad con los presos políticos, a fin de “denunciar” (en sus palabras al Comité) violaciones a los derechos humanos durante las protestas campesinas y presentar “recomendaciones y solicitudes al Estado colombiano por su intermedio”. La declaración de los solicitantes habla de una convocatoria con carácter jurídico contra el Estado colombiano, la cual, la experiencia así lo dice, podría ser cabeza de proceso para nuevas denuncias formales contra el Estado colombiano. Los estados de Brasil y Guatemala fueron sometidos a audiencias similares, tras las cuales la Cidh declaró que “reitera que la protesta social pacífica forma parte del derecho de reunión y es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos…” y que “el control de actos de violencia que puedan ocurrir en el marco de manifestaciones de protesta social debe corresponder a la policía, y no a fuerzas militares”. 


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está creada en el Artículo décimo de la Carta de la OEA. Según su mandato, ella “recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han ratificado han violado derechos humanos”. Dado que sus actuaciones tienen efecto jurídico en el sistema interamericano y pudieran llegar a tenerlo en los estados investigados, varios estados alertaron porque “para convocar a una audiencia sobre un tema, se deben antes agotar recursos internos”, postura correspondiente al orden jurídico, según el cual las instancias de la justicia internacional son supletorias de las de la justicia nacional (significa que actúan cuando ella no lo hace), del mismo modo que el juez de amparo (de tutela en Colombia) lo es de la justicia ordinaria, a fin de corregir sus ausencias.


Los magistrados desestimaron el reclamo de los estados, muchos de los cuales tienen procesos internos por los hechos denunciados, declarando que estas audiencias “constituyen una herramienta fundamental para visibilizar temas actuales sobre situaciones de derechos humanos en los países miembros”, lo que se contradice con la aspiración de los denunciantes de obtener, por lo menos, “recomendaciones y solicitudes”, que resultan del reconocimiento de culpabilidad del Estado llevado a esa instancia. Esta postura no es totalmente coherente con las notificaciones de la declaración final, del talante de otras que han servido para fundamentar denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decide las sanciones a los estados hallados culpables. 


El acatamiento y respeto por las instancias de Derechos Humanos nace en la aspiración a su imparcialidad y adhesión al rigor jurídico, en el que la complementariedad garantiza que se investiguen y castiguen las violaciones a los derechos humanos, si estas no resultan ser investigadas por el Estado en que se presentaron. Permitir causas simultáneas en las instancias nacionales e internacionales, es desconocer los estados de derecho y propiciar actuaciones más políticas que jurídicas de parte de los organismos internacionales.