Columnistas

Ofensiva participaci髇 en pol韙ica
Autor: Alfonso Monsalve Sol髍zano
10 de Noviembre de 2013


Es muy diciente que la redacci髇 del comunicado sobre el punto de la participaci髇 pol韙ica, (como del anterior sobre el problema agrario) se base en la admisi髇 de la premisa de la guerrilla,

Es muy diciente que la redacción del comunicado sobre el punto de la participación política, (como del anterior sobre el problema agrario) se base en la admisión de la premisa de la guerrilla, según la cual el Estado colombiano es una dictadura o, a lo sumo, una democracia limitada, cuyo poder judicial -a pesar de la influencia que pudiese tener en él- no tiene la legitimidad para juzgarlo. En una frase, ese texto está redactado bajo la aceptación de que la causa de las Farc es justa pues nuestro Estado no es democrático. 


Esa premisa es falsa. Colombia es un estado legítimo (por lo menos hasta el gobierno anterior, porque este persigue a la oposición política y acepta la deslegitimación de la estructura democrática): división de poderes -incluido un poder judicial que en los gobiernos de Uribe hizo oposición al ejecutivo-; pluralismo, representado en la existencia de partidos y organizaciones sociales reconocidas como agentes que accionan bajo el marco de la ley; garantías de acceso al poder a  la oposición como ha ocurrido en Bogotá, en otras ciudades y en el Congreso; posibilidad de tutelar los derechos fundamentales, etc. Esta es una democracia incluyente, que da participación a las minorías étnicas y les reconoce sus propios derechos,  e impulsa los mecanismos de participación ciudadana mediante mecanismos como el referendo, presupuestos participativos, etc.;  Frente a un Estado así, no se justicia la rebelión.


Es una broma, entonces,  hablar de falta de garantías para la oposición (salvo en este gobierno, que persigue a los opositores y  los encarcela por razones políticas) ¿Cuál estatuto de oposición? Aquí la oposición ha gobernado y gobierna y tiene representación en el poder legislativo. Y hablando de garantías, ¿cuáles son las que le darían las Farc a los políticos leales al sistema y que se oponen a la forma como aquellas hacen política, mediante el terrorismo, la intimidación, la ejecución de sus no partidarios?


Lo que no puede haber es garantías para la oposición armada que, además,  práctica el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal, etc.  Estos criminales deben ser objeto de persecución por parte de la ley. No puede aceptarse el proselitismo armado, que es lo que ya están haciendo cuando impiden a la fuerza la recolección de firmas por los candidatos de la UCD y  que se acentuará en la medida que avance el proceso electoral, tal como ocurrió en el pasado, matando candidatos y orientando votaciones a punta de fusil. 


Llama la atención en este punto la manera como está redactado el comunicado sobre el manejo de las armas de la guerrilla: se insiste en que esta dejará las armas, que no es lo mismo que entregarlas. Lo primero implica que se quedarán con ellas (las guardarán en Venezuela o El Ecuador y en el territorio nacional). Peor aún, “La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia....”. ¿Cuánto demorará la implementación? Tanto como a las Farc les convenga. Pero el negociador Sergio Jaramillo, cerebro del acuerdo, ha dicho que el período de transición durará unos diez años… O sea, que a partir de la firma del acuerdo, tendremos unos diez años de amenaza armada de las Farc


Hay el anuncio de una serie de mecanismos que no se definen ni estructuran, como el de las circunscripciones especiales en zonas de violencia, que no se dice cómo elegirán a los representantes ni cuantos habrá en total. Esto implicaría que una minoría se imponga como mayoría en el Congreso, en detrimento de la mayoría de los colombianos y de los partidos que han sido fieles al sistema. Y ya lo dijo Uribe, como no se dice cuáles son tales zonas, se corre el riesgo de que coincidan con las zonas de reserva campesina, que exigen las Farc. ¿Y qué decir del cuarto  poder? La telaraña de organizaciones de las Farc ahogará nuestra democracia de un individuo, un voto, por mil organizaciones clonadas, mil votos.


Admitir pues, la justeza de la causa de las Farc  es gravísimo, pues es el mecanismo que abre la puerta a la simbiosis de subversión, terrorismo y crímenes transnacionales (narcotráfico, etc.) como una parte igual al Estado y no como la organización delincuencial que es. Y más grave aún si se trata de traidores a la patria que respaldan y aplauden las acciones de Ortega en Nicaragua con el apoyo de Maduro en Venezuela y el Alba.


Delicadísima, también, la afirmación de que los colombianos refrendarán acuerdos cuyos contenidos no conocen, y que según el gobierno y a las Farc tienen temas decisivos por concretar. ¿Aprobada en el Congreso la ley del referendo sin saber de qué se trata, pondrán a los colombianos a votar sin información suficiente y necesaria? Esto es una trampa fatal.


Inaceptable que criminales de guerra y de lesa humanidad, no sólo queden impunes, sino que puedan participar en elecciones, si no han sido condenados. Esto significa que los que no hayan sido investigados judicialmente, o lo estén, pero no hayan sido condenados, podrán participar en esta actividad. La lentitud de la justicia podría ser infinita.


La mentalidad burocrática de las Farc, asimilada por este gobierno crea un laberinto de comisiones que tienen como objetivo, mediante la utilización de organizaciones de fachada, aparentar mayoría inexistentes e imponer, a partir de ese truco de ilusionista, a las minorías.


Así las cosas, el Acuerdo es pésimo para los colombianos y rentable para las Farc; y  sólo busca dar oxígeno a la reelección de Santos para quien ésta, como dije una vez, bien vale un país.