Columnistas

Pabellones psiqui醫ricos: verg黣nza nacional
Autor: Juan Manuel Gal醤
30 de Octubre de 2013


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Aunque los últimos acontecimientos en relación con el fuero militar eclipsaron los debates sobre la reforma a las cárceles en Colombia, se espera que este proyecto de código penitenciario sea debatido durante la próxima semana en la Plenaria del Senado de la República. La estrecha relación entre la política criminal y el sistema penitenciario es la clave para lograr una buena reforma.  No podemos continuar reformando el código penal en el vacío que deja la carencia de una política criminal.


Me refiero específicamente a las denuncias que presenté sobre la situación de los centros psiquiátricos en las cárceles del país y la grave crisis que atraviesan sus pacientes. Según nuestras fuentes, la población total de internos en Colombia es de 115.000 y 132.000 personas, entre condenados y sindicados. De este número,  encontramos que al 31 de agosto de 2013, la cantidad de enfermos mentales reclusos era de 2.495. A pesar de esta cifra, sorprende reconocer que de los 138 establecimientos carcelarios en el territorio nacional, sólo 2 de ellos, cuentan con  unidades de22 salud mental. Esto quiere decir que sólo el 1.4% de los establecimientos del país cuenta con Unidades de Salud Mental: Cali y Bogotá. ¿Será que acaso, todos a quienes les han diagnosticado trastornos mentales están recluidos en esas ciudades? Por supuesto que no. Los internos simplemente no cuentan con posibilidades de tratamiento en las cárceles del resto del país. En la Unidad de Salud Mental de la cárcel la Modelo existen 41 internos, y en la de Cali, existen 79; lo que quiere decir que 2.375 internos están dispersos en establecimientos carcelarios inadecuados.


A la fecha, la situación de la población carcelaria con trastorno mental es vergonzosa y se encuentran hoy en situación de vulnerabilidad manifiesta: los internos de los pabellones o anexos siquiátricos no cuentan con personal especializado, carecen de sanitarios, duchas, orinales y lavaderos en buen estado, y en general, se encuentran en instalaciones inadecuadas. En esto no hay punto medio, la dignidad del ser humano está por encima del interés del Estado de privarlos de su libertad, por lo que exigimos que cualquier política criminal y penitenciaria, tenga que partir de la necesidad de humanizar el tratamiento que el Estado les da a estas personas,  antes de cumplir su función de sancionarlos.