Columnistas

Retos para la CRA
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
25 de Octubre de 2013


La regulaci髇 del servicio del aseo se ha convertido en un verdadero laboratorio sobre el sistema de fuentes del derecho en el modelo Colombiano, pues la Comisi髇 de Regulaci髇 de Agua Potable y Saneamiento B醩ico

La regulación del servicio del aseo se ha convertido en un verdadero laboratorio sobre el sistema de fuentes del derecho en el modelo Colombiano, pues la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico debe afrontar al menos tres de las más importantes mutaciones del régimen legal de los servicios públicos domiciliarios (i) el mínimo vital en saneamiento básico; (ii) la protección del medio ambiente y la ejecución de la constitución ecológica y (iii) la remuneración que debe hacerse a los recicladores, como parte de las medidas afirmativas que deben adoptarse con estas personas tan desprotegidas y vulnerables.


La dificultad radica en que los tres aspectos que sin duda están directamente asociados a la prestación del servicio de aseo y a su actividad complementaria “el aprovechamiento”,  no tienen desarrollos legales, ni reglamentarios y que le corresponderá al  regulador derivarlos  directamente de la doctrina de Corte Constitucional, como consecuencia de los efectos normativos de la Constitución.


De manera similar a lo que ya sucedió con las autoridades  municipales en Popayán [Sentencia T-387-12], a lo acontecido con las de Cali [Sentencia T-291-09] y con las autoridades Distritales de  Bogotá [Sentencia T-724-03 y autos 268-10, 275-11 y 084-12], ahora la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico, debe dar cumplimiento a la orientación de las decisiones de la Corte Constitucional que se basan en mandatos de la Carta, no contenidos en el régimen “legal” de los servicios públicos domiciliarios. 


Sin duda será uno de los casos en que el operador jurídico debe  reconocer que en Colombia con la Constitución de 1991 y más recientemente con la expedición de la Ley 1437 de 2011 y con su interpretación por la Corte Constitucional en la sentencia C-634-11, el derecho ya no se agota en las leyes expedidas por el Congreso, pues tanto la Constitución, como  el precedente judicial y constitucional, se han convertido en fuente principal del derecho.


Están equivocados quienes quieren reducir el Derecho a la Ley y entienden que la producción del derecho se agota en el Congreso, el adecuado entendimiento de la supremacía de la Constitución sobre la Ley y sus efectos como norma de normas nos coloca frente a una nueva realidad, en la que la ecuación derecho = a Ley,  ya no es válida y en consecuencia algunos de los axiomas en el ámbito del derecho se han  roto,   como sucede con todo paradigma en el desarrollo de la cultura.


Uno de los problemas más importantes que debe afrontarse en el  nuevo entorno,  es el relativo a convencer de las nuevas realidades jurídicas  a los integrantes de escuelas menos avanzadas en derecho y a quienes requieren de la literalidad de la ley, para resolver los casos concretos, pues no quieren saber nada de reglas, valores  y principios derivados directamente de la Carta.


Si frete a pronunciamientos tan claros como los contenidos en las sentencias C-539, C-634 y C-816 de 2011 de la Corte Constitucional, estas tendencia no reconocen las nuevas realidades Jurídicas, a estas escuelas habrá que confrontarlas ante el juez constitucional y muy posiblemente sea a través de mecanismos como la Tutela o la actuación en cumplimiento de sentencias de Unificación ante la jurisdicción administrativa, como podremos sacar estas tesis renovadoras del derecho adelante.


Esta vez le corresponderá a la Comisión de Regulación de Agua  Potable, tomar el liderazgo en derecho, ser el vanguardista en teorías de avanzada en materia jurídica, pero más y mucho más que eso, deberá hacer realidad con las decisiones que adopte, que los servicios de aseo y aprovechamiento, son mucho más que mercancías que libremente se transan en el mercado, pues en caso como el presente, antes que el negocio está la protección a los usuarios más pobres, la defensa del medio ambiente y la dignidad de los recicladores que merecen especial protección del Estado


*Docente y asesor