Editorial

Zapatero a tus zapatos
23 de Octubre de 2013


El escenario de discusión abierta que defendemos, sobre un tema tan importante como el modelo de búsqueda de la paz impuesto por el presidente Santos, debe ser garantía constitucional para los ciudadanos mas no para los funcionarios públicos...

Hoy se da inicio a la decimosexta ronda de conversaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana, con “instrucciones precisas” del presidente Santos a su equipo negociador, liderado por el Dr. Humberto de la Calle, en el sentido de “avanzar, avanzar y avanzar en resultados”. Este objetivo es perentorio si se tiene en cuenta que estamos a un mes de la fecha límite (25 de noviembre) en que el actual presidente debe informarle al país su intención o no de lanzarse a la reelección.  Momento en el que también se debería definir si se suspende o no el diálogo con las Farc durante el período electoral, pues ya en medio de campañas políticas dicho proceso tiende a contaminarse y a dominar por completo el debate de los candidatos al Congreso y a la Presidencia.


Como defensores de la libre expresión y el pluralismo hemos reclamado mayor información sobre lo que se adelanta en Cuba, por considerar necesario que los ciudadanos se involucren más con lo que en el futuro ellos mismos tendrán que refrendar como pueblo soberano.  Más claridad sobre los términos en que se adelantan las conversaciones en torno a los cinco puntos del Acuerdo General también ayudaría a que no prosperen los rumores sobre una eventual negociación del modelo de Estado, que es lo que pretenden las Farc y que ocasiona que el presidente Santos tenga que salir a reiterar, como lo hizo recientemente en su intervención en el aniversario de la Fundación Corona, que “ni la estructura del Estado, ni nuestro modelo político o económico, ni el futuro de las Fuerzas Armadas, ni nada por el estilo, son materia de discusión en la mesa de La Habana”.


Pero el escenario de discusión abierta que defendemos, sobre un tema tan importante como el modelo de búsqueda de la paz impuesto por el presidente Santos, debe ser garantía constitucional para los ciudadanos mas no para los funcionarios públicos, en especial las cabezas de la institucionalidad colombiana, quienes deben limitarse a cumplir las funciones dadas por la Constitución y la ley, máxime si, como lo reitera el presidente, esa institucionalidad no es objeto de discusión en La Habana.  Es por eso que no estamos de acuerdo con el sentido de las declaraciones entregadas, en su condición de fiscal General de la Nación, por el doctor Eduardo Montealegre al periodista Yamid Amat en una amplia entrevista que se centró en la defensa de las negociaciones de paz en La Habana, su no interrupción y el escenario del postconflicto.


En sus declaraciones, el Dr. Montealegre suena más como un funcionario del Ejecutivo y no de la Rama Judicial a la que pertenece; un miembro más del equipo negociador del Gobierno, listo a interpretar con laxitud el alcance de los presupuestos previstos en el marco jurídico para la paz, presto a renunciar a su mandato constitucional de “adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito” y de no “suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley” como lo consagra el Artículo 250 de nuestra Carta Política.  El doctor Montealegre parece un acérrimo defensor de las fallidas políticas de “perdón y olvido” al proponer “rediseños institucionales” en el postconflicto que lleven a un “cierre definitivo de los procesos que tienen origen en el conflicto” con recursos que “requieren que haya castigos para algunos responsables, pero eso no es sinónimo de privación de la libertad”.  Investigaciones relámpago y selectivas, con condenas que no privan de la libertad y que permiten la participación política de los condenados, son algunas de las concesiones anticipadas que propone el fiscal General.  Salidas que le prestan un pobre servicio a la capacidad de negociación del Gobierno en La Habana y que, de hecho, sí terminan llevando a la mesa de negociaciones temas que afectan en su esencia a la estructura del Estado.