Columnistas

Sociedad civil fuerte
Autor: Manuel Manrique Castro
23 de Octubre de 2013

El de las llamadas organizaciones de la sociedad civil es un conglomerado tan diverso y de tantos matices que, en el fondo, la  denominación genérica resulta frágil.  Las hay de los más variados tipos.  Unas se singularizan por la población a que se deben, otras por el tema motivo de su quehacer, por el ámbito geográfico donde operan, o por la etnia o género que las explica. Las dedicadas a los derechos humanos, la paz, la defensa de las víctimas del conflicto armado están entre las que concitan mayor atención pública y son también las más expuestas a la inseguridad.


Hacen también parte de este conjunto las fundaciones empresariales que en años recientes se han multiplicado de modo considerable.   Y, desafortunadamente, aquellas que responden a intereses de grupo o ilegales como se evidenció hace pocos días con motivo de la captura de Sor Teresa Gómez, la última del clan Castaño, que despojaba de sus tierras a campesinos de Córdoba tras la fachada de una fundación dedicada a la paz. 


Sin embargo, separando la paja del grano, las que quedan en pie son aquellas que con espíritu altruista y solidario, respetando los derechos humanos, sin fines de lucro y poniendo por delante el bienestar colectivo, dan fuerza y  pleno sentido al diseño del Estado Social de Derecho definido por la Constitución de 1991. 


Se discute desde hace algunos días, por iniciativa de la Federación Antioqueña de ONG y la Secretaría de Participación Municipal, entre otras entidades,  la necesidad de una política pública destinada al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.  Aunque pocos se opondrían a ese propósito, para que tal política sea eficaz y duradera, será indispensable definir, de partida, a qué ONG alcanzaría tal medida,  considerando que en la Cámara de Comercio de la Ciudad hay inscritas 14 mil instituciones no gubernamentales, del más variado género,  muchas de las cuales -muy probablemente- querrán hacer parte de este debate y sus resultados.  


Es indispensable que esa construcción sea concertada.  No para que sean más eficaces en la privilegiada tercerización que el Estado tiene asignada a las organizaciones no gubernamentales, sino un acuerdo en igualdad de condiciones para conseguir el consenso que presupone una política cuyo eje de discusión no está sólo en las facilidades que el Estado les concede a las organizaciones de la sociedad civil, sino en la convicción de que ellas son elemento central de nuestra democracia, factor principal del desarrollo sostenible con equidad, garantía para los derechos humanos de los ciudadanos de todas las edades y engranaje del control social previsto en la Constitución.  


Desde luego el deber comienza en casa y las ONG necesitan reforzarse en muchos sentidos para dialogar en mejores condiciones.  Aunque su fortalecimiento individual es un requisito,  lo es también que el ente que las representa colectivamente tenga la robustez necesaria a la hora de la interlocución con las entidades estatales. Contar con una plataforma común que supere necesidades concretas de los afiliados, será la base para disponer de una instancia de representación como la Faong, con músculo y voz suficientes para construir una política pública que les reconozca la legitimidad y valor que tienen. Finalmente, ¿no será esta también la hora de pensar en una concertación entre el Concejo Municipal y la Asamblea Departamental para que la medida incluya a todas las organizaciones civiles que contribuyen al bienestar común y la democracia del Departamento? Otra tarea para la ocupada Alianza Medellín Antioquia.