Editorial

El Estado indefenso
22 de Octubre de 2013


Estos dos son graves antecedentes en un país en el que cada día aparece una nueva modalidad de víctimas que esperan indemnización del Estado por los desmanes efectuados por grupos al margen de la ley,

La semana pasada fueron divulgados los detalles de las estrategias del Gobierno Nacional para enfrentar dos de sus más importantes procesos ante tribunales internacionales: la demanda de Ecuador ante la Corte de La Haya, en reclamo por las fumigaciones de cultivos de coca en el departamento de Putumayo, y la acción impetrada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por familiares de personas que habrían sido torturadas y/o desaparecidas en la toma del Palacio de Justica.


El acuerdo de la Cancillería colombiana con el Gobierno de Rafael Correa, suscrito el pasado 25 de agosto, describe los once puntos conciliados entre ambos gobiernos, que le garantizarían a Colombia el retiro de la demanda interpuesta por Ecuador tras fumigaciones en el departamento de Putumayo. A cambio, nuestro Gobierno se comprometió a conceder una indemnización de quince millones de dólares, que compensarían los no comprobados daños a la agricultura en la zona de frontera. 


En esta decisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores subordinó las políticas de lucha contra el terrorismo y las drogas a las orientaciones del ocupante del Palacio de Cardonelet, en Quito, en tanto el Gobierno ecuatoriano deberá ser informado sobre aspersiones de cultivos ilícitos en la región de frontera y vigilará que Colombia no las realice en un radio de diez kilómetros vecinos a ese país. Además de complacer a su vecino, el Gobierno Nacional queda conminado a no actuar frente a inmensos sembrados de coca, la mayoría propiedad de las Farc. ¿Se convertirá este acuerdo en antecedente que reclamarán otros países que también aspirarían a disfrutar de esta  “zona franca para delinquir” cerca de sus fronteras?


Se alega a favor de lo actuado por nuestra Cancillería que así se evita que Colombia sea sometida a una nueva condena del Tribunal de La Haya, noción parcialmente cierta pues pareciera difícil obtener un castigo mayor al que el país se auto-infligió. Como observaciones a la conciliación quedan las de expertos que lamentan la renuncia a defender ante tan importante tribunal las políticas de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, reconocidas por los principales organismos internacionales y en el peor de los casos a asumir sanciones menos onerosas en materia de soberanía y patrimonio público que las que voluntariamente se aceptaron a cambio del retiro de esta querella.


El 11 de noviembre deben comenzar los alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la demanda interpuesta por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo a nombre de personas aparentemente torturadas, unas, y desaparecidas, otras, tras el ataque del M-19 al Palacio de Justicia. En decisión que impulsó la Agencia para la Defensa del Estado y tiene apoyo de la Cancillería y el Ministerio de Justicia -las informaciones evidencian un silencio a regañadientes del Ministerio de Defensa- el Gobierno Nacional aceptará, después de 29 años defendiendo tesis contrarias, que tiene responsabilidades por acción en casos de tortura y desaparición forzada y por omisión en otros de la misma índole. Esto, dice la doctora Adriana Guillén, directora de la Agencia para la Defensa del Estado, porque “había que reconocer las responsabilidades estatales ante la inminencia de la condena internacional”. Contrasta la resignación de la agente pública con el envalentonamiento de la acusación, que rechazó retirar la acusación alegando, en palabras del abogado Jorge Molano, que “el Estado sigue entendiendo esto como un problema económico, cuando se trata de un problema de verdad y de justicia”.


El exministro Fernando Carrillo ofreció al país crear la Agencia de Defensa del Estado como mecanismo para contrarrestar la debilidad de las instituciones en demandas ante jueces nacionales, que hoy suman 266.711, y tribunales internacionales. Lo que no anunció es que se trataba de un organismo promotor de acuerdos extra-judiciales concebidos con criterios del derecho privado, no con los de la defensa de bienes y valores colectivos que obligan al derecho público, en cuyo marco también es posible impulsar acuerdos en los que el Estado podría sacrificar algunas ventajas a cambio de ciertas concesiones de la contraparte y del fin de conflictos sin límite en el tiempo y en sus costos.  Graves antecedentes son los que con estas decisiones se generan para un país en el que cada día aparece una nueva modalidad de víctimas que esperan indemnización del Estado por los desmanes efectuados por grupos al margen de la ley, y donde los países vecinos nos tratan más como parias que como aliados contra el crimen que trasciende fronteras.