Editorial

El paro de las madres comunitarias
8 de Octubre de 2013


Esta protesta, hasta ahora estéril, deberá favorecer que gobernadores y alcaldes crezcan en su rol protagónico como corresponsables de la protección y atención a la infancia en condiciones que atiendan las necesidades

Buscando una pensión que para muchas de ellas será difícil alcanzar, porque llegarán a la edad de jubilación sin cotizar las semanas requeridas a pesar de haber trabajado el tiempo exigido, y tratando de mejorar sus ingresos, que son de un salario mínimo mensual o su equivalente según sus horas de trabajo, el sindicato de las madres comunitarias del Icbf ha promovido una movilización nacional que inició con el paro regional desde la última semana de septiembre y se podría recrudecer con las jornadas de protestas públicas que iniciaron en Bogotá. 


Con su jornada, las madres comunitarias se han hecho visibles ante quienes tal vez habían olvidado su existencia y realidad como comuna vertebral del modelo de Bienestar Familiar en la protección de los niños menores de 5 años, para muchos de los cuales esta asistencia es su única oportunidad de nutrición y la primera experiencia formativa. Para los sectores más pobres, estos hogares han sido la única alternativa de cuidado para niños que de otra manera permanecerían desprotegidos en la jornada laboral de su(s) padre(s) responsable(s).


Este programa fue creado en 1987 como solución para niños que corrían riesgos vitales al permanecer solos en sus casas y para vecinas desempleadas, que fueron oficialmente designadas para brindar esa atención a cambio de que sus familias tuvieran el programa de nutrición. En los años noventa se crearon las becas, que les ofrecen ingresos con los cuales compensar su trabajo, y el Gobierno Nacional ha anunciado que las madres accederán, desde 2014, a un contrato laboral integral, en el que obtendrán salarios y reconocimiento a su seguridad social. 


Mientras los hogares comunitarios avanzan en las garantías a sus gestoras, van apareciendo nuevos modelos de protección integral a la primera infancia, como son los programas Buen Comienzo, iniciado en Medellín por Marta Liliana Herrera, esposa del alcalde Alonso Salazar, y De Cero a Siempre, estrategia del Gobierno Nacional para ampliar la atención a los niños menores de cinco años. Mediante estas iniciativas, se ofrece atención integral, que compromete la educación y el desarrollo emocional de los niños a manos de profesionales en cada ramo. Esta es la clase de acompañamiento que debería brindar el Estado en todo el territorio, pero es evidente que ello no es posible en la actualidad. 


La demanda por la formalización laboral y la solución a los problemas de pensiones de las madres comunitarias, debe ser atendida a pesar de las dificultades que el país tiene con las pensiones de los trabajadores independientes e informales.  Estas ciudadanas merecen gran reconocimiento por su contribución al bienestar de la infancia y al acceso al mercado laboral por parte de muchos padres, y muy especialmente, madres cabeza de familia. Lamentablemente, al llegar a esta situación el Icbf y las madres comunitarias han dejado de atender su responsabilidad y razón de ser: garantizar que los niños menores de cinco años en riesgo de abandono y de desnutrición tengan derecho a acceder a la atención directa por un adulto capacitado para responder por sus principales demandas y a los estándares de nutrición necesarios para garantizar su sano crecimiento y desarrollo. 


A la sombra del presente y futuro de los hogares comunitarios sigue vigente la discusión, abierta a raíz del exitoso funcionamiento de los programas Buen Comienzo y de Cero a Siempre, sobre el modelo de atención que el país deberá dar a los niños menores de cinco años. Insistir en un programa único de carácter nacional para un país diverso en sus identidades y diferente en su desarrollo puede hacer perder la oportunidad de impulsar su profesionalización en las ciudades y regiones capaces de formar jardineras especializadas y de afianzar a las madres comunitarias en las zonas del país donde todavía pueden seguir cumpliendo una importante labor. Esta protesta, hasta ahora estéril, deberá favorecer que gobernadores y alcaldes crezcan en su rol protagónico como corresponsables de la protección y atención a la infancia en condiciones que atiendan las necesidades y posibilidades de los territorios y que respeten a quienes nunca pueden desaparecer en cualquier discusión en torno al Icbf: los colombianos menores de 18 años, sus madres y los ciudadanos mayores de 65 años.