Columnistas

¿Qué hacer con las redes celulares?
Autor: Eugenio Prieto
6 de Octubre de 2013


Como consecuencia de los debates que en el Senado hemos adelantado en la defensa del patrimonio público y de los derechos de los usuarios en relación con la prestación del servicio de telefonía móvil celular...

Como consecuencia de los debates que en el Senado hemos adelantado en la defensa del patrimonio público y de los derechos de los usuarios en relación con la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la Contraloría General de la República instauró ante la H. Corte Constitucional acción de inexequibilidad sobre la Ley 422/98. El resultado, la expedición de la sentencia C-555/13, la cual generará una de las más profundas transformaciones en el sector de las TIC, con la exigencia de revertir al Estado de los elementos y bienes asociados a la prestación de estos servicios.


Semejante noticia debe ocupar la atención del Gobierno Nacional, quien desde  que se conoció la sentencia C-555/13, debe estar adecuando los medios para proceder a recibir activos cuyo valor es incalculable, más aún si se tiene en cuenta que la concesión que es la base de la reversión, no solo incluye el uso de postes y antenas, sino además, otros elementos de red y equipos, como centros de conmutación y soportes lógicos que han permitido y permitirán que se pueda continuar prestando el servicio sin solución de continuidad.


Con la sentencia C-555/13, la Corte reconoce que los activos asociados a la prestación de los servicios de telefonía móvil celular, han sido completamente amortizados por los usuarios, auténticos propietarios de la red. Nuestra tesis es, la red no pasará a ser propiedad del Ministerio de Hacienda o del de las TIC, sino de los usuarios, de toda la gente que durante estos 20 años pagó con las tarifas, la amortización de esa infraestructura.


Debemos preguntarnos ¿qué hacer con una red que es de propiedad de todos los colombianos? La respuesta que se dé, debe estar en la vía de que la red debe mantener su condición de “red pública”. Lo que significa que la red debe ser puesta al servicio de toda la sociedad y para ello se hace necesario que el Estado determine quién va a gestionarla, mantenerla y actualizarla para que todos los actuales y nuevos operadores de servicios se sirvan de ella.


Además el Estado debe definir la política que permita recibir y reasignar el espectro radioeléctrico asignado para la prestación del servicio, dando pleno cumplimiento a lo previsto en el artículo 75 de la Constitución y a las orientaciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que están en la vía de garantizar el acceso democrático al uso del espectro e impedir prácticas monopólicas. No puede perderse de vista que tanto la Ley 142/94, como las Leyes 422/98 y 1341/09, han sostenido uniformemente que al terminarse las concesiones de servicios de telecomunicaciones, el espectro asignado debe ser revertido al Estado.


Lo que proponemos por tanto, es que el Ministerio de las TIC, escuche el clamor generalizado de intervenir en el sector de los servicios de telecomunicaciones móviles y aproveche esta histórica oportunidad para que varíe sustancialmente el actual modelo y adopte uno nuevo en el que exista solo una red pública nacional en la que se integren los servicios fijos y móviles y todos los prestadores solo paguen un cargo por uso y acceso a la red que es del Estado -es decir, de todos- y que opere como una gigantesca autopista publica, de acceso generalizado, redundando en economías del sector, que deben trasladarse en bajas tarifas y mejor calidad del servicio para todos los usuarios, para toda la gente.


Lo que debemos reconstruir entre todos en Colombia, es el control público de las redes del Estado, dejando que todos los operadores las usen en condiciones de igualdad, pero manteniendo el control sobre los servicios. Lo que la Corte ha hecho con la sentencia C-555/13, generará una revolución del sector, que ojalá pueda ser entendida en su real dimensión. Que no resultemos por la vía administrativa o legislativa, borrando mal borrado, los innegables aportes que con su fallo, hace la H. Corte Constitucional, en defensa del patrimonio público y de los derechos de los usuarios. 


*Senador de la República