Editorial

Feminicidio: castigo y prevención
30 de Septiembre de 2013


Encontramos oportuno que el Congreso dé pronto trámite a esta iniciativa, que se constituye en un marco jurídico para el tratamiento de los delitos contra la mujer.

Luego de ser archivado en la legislatura pasada por no haber sido debatido en la Comisión Primera del Senado, el proyecto de Ley “Rosa Elvira Celi”, por medio del cual se busca tipificar el feminicidio como delito autónomo, fue nuevamente radicado la semana anterior por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, con la expectativa de que esta vez la iniciativa haga todo su curso en el Legislativo y se convierta en Ley de la República que garantice la debida diligencia, idoneidad y oportunidad en la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres por su condición de mujeres.


El proyecto de Ley, cuyo número de radicado en el Senado es el 107, lleva el nombre de una de las víctimas más representativas de la violencia de género y como un homenaje a todas las mujeres que han sido asesinadas, pero no por ello se centra exclusivamente en la reforma del Código Penal para constituir un nuevo delito, con criterios agravantes que endurezcan las penas, sino que contempla un componente educativo y de prevención que permita actuar sobre los elementos culturales que se han convertido en caldo de cultivo para el ejercicio de la violencia contra las mujeres. No se trata pues, de una reacción mediática a las estadísticas que muestran un incremento preocupante en el número de casos de feminicidio, sino el producto de un estudio juicioso, que además considera las recomendaciones de organismos multilaterales como la ONU para el tratamiento y prevención de esta realidad.


En esencia, el proyecto de Ley contempla la reforma del Artículo 104 del Código Penal de modo que el asesinato de una mujer, según sus circunstancias y antecedentes, deje de ser considerado como un homicidio agravado y se eleve a la categoría de delito autónomo, con condiciones de agravamiento, cuando, por ejemplo, la víctima es una mujer en estado de embarazo, una menor de edad, un adulto mayor, o está en grado de indefensión y vulnerabilidad. Se excluye además la idea de que el feminicidio pueda enmarcarse dentro de la categoría de lesiones personales, que en últimas lleva a que este tipo de hechos sean invisibilizados, algo que no se puede permitir en un país como Colombia, que ocupa hoy día el primer lugar en Suramérica y el segundo en Latinoamérica en número de mujeres asesinadas.


No será fácil el tránsito de esta iniciativa por el Congreso, puesto que no son pocas las voces que señalan que la congestión en la Rama Judicial y el hacinamiento en las cárceles deberían impedir la tipificación de nuevos  delitos, olvidando que el asesinato de la mujer ya está consignado dentro del Código Penal y que el efecto de su tipificación como delito autónomo sería el de facilitar a los operadores de justicia una actuación mucho más expedita y unas penas que, más allá de la cárcel, contemplen, por ejemplo, la pérdida de la patria potestad para los victimarios que sean padres de familia, o la inhabilidad del victimario para ejercer cargos públicos por un tiempo prolongado.


Pero el mayor valor que encontramos en la iniciativa es el de su componente educativo y de prevención, pues está probado en Colombia que el endurecimiento de penas por sí solo no contribuye a la reducción de los delitos. El mandato al Ministerio de Educación para la creación de una cátedra de igualdad y equidad de género en todas las modalidades de formación, así como la obligatoriedad de los operadores de justicia de acreditar formación en equidad de género para poder conocer estos casos, de modo que el aparato judicial no se convierta en un revictimizador, son componentes que atacan la raíz del problema, que sin duda pasa por el arraigo cultural de nuestra sociedad. De ahí, por ejemplo, que valoremos otras iniciativas que ya están en marcha, como el manual de criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la Administración Pública, que la Alcaldía de Medellín editó el año anterior, junto a otra serie de publicaciones que apuntan, entre otros temas, a difundir los derechos de la mujer entre la población estudiantil, los docentes y los servidores públicos.


Encontramos oportuno que el Congreso dé pronto trámite a esta iniciativa, que se constituye en un marco jurídico para el tratamiento de los delitos contra la mujer y cuya integralidad, como ya dijimos, permite no solo atacar los hechos cumplidos de violencia sino aportar a la consolidación de una cultura de la equidad de género en una sociedad donde nadie está libre de haber tenido, de manera consciente o inconsciente, una actitud de aquellas que nos revelan como perpetuadores de la cultura machista.